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Sábado, Junio 17, 2017 - 18:39

El punto más álgido en la discusión del pliego que se negocia entre el magisterio y el Gobierno es el pertinente al llamado Sistema General de Participaciones. El SGP son los recursos que la nación debe o debía transferir por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales para financiación de los servicios de salud y educación, entre otros, cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 2001.

Anterior a la Ley 715 de 2001 en la Constitución Política de Colombia de 1991 se había establecido lo que se conoció hasta entonces como situado fiscal. Definido en el capítulo 4 artículo 356 como el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, municipios y distritos para la atención de los servicios de educación y salud.

Antes de la reforma constitucional de 2001 que sirvió para acabar con el situado fiscal, en la Carta política se leía de manera clara que los recursos del situado fiscal se destinarían a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños.

Este mandato constitucional convertía en sagrados los recursos destinados para la educación y la salud, obligando a la hacienda pública a respetarlos y darles atención prioritaria a los niños y jóvenes. No por otra razón se estipula en la misma ley que el situado fiscal aumentaría anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que les permita a los entes territoriales atender adecuadamente los servicios de educación y salud.

Para asegurar dichos recursos se destinaban de manera específica los dineros recaudados por el IVA más los transferidos por la nación para el cubrimiento total de los gastos en todos los niveles de la educación y la salud.

Pero en el gobierno del Sr. Andrés Pastrana, desempeñándose como ministro de Hacienda el actual Presidente, se llevó hasta el Congreso la nefasta reforma constitucional que puso fin al situado fiscal y dio vida al sistema general de participaciones, que como su mismo nombre lo indica, no compromete de manera clara y menos específica ningún recurso ni las cantidades destinadas para el cubrimiento de los gastos de funcionamiento que permitan cumplir con calidad en la prestación de los servicios de educación, en cualesquiera de sus niveles, como tampoco en salud, pues contrario al situado fiscal según el SGP los recursos no aumentan anualmente y sí disminuyen.

 Así lo advirtieron hace 16 años los maestros y entonces también protestaron con un cese de actividades que fue mucho más largo y tenso que el actual, se buscaba con él mostrarle al gobierno de la época la inconformidad de los trabajadores de la educación y la salud con la pretendida reforma y señalarle las consecuencias futuras.

Se convocó a los congresistas a que hicieran causa común con la sociedad y no votaran dicha reforma, pero pudo más las dádivas ofrecidas por el Gobierno a cambio de su voto y la Ley 715 fue aprobada, dándole entierro de tercera al situado fiscal y con su desaparición condenando  la salud y educación pública a la continua desfinanciación.

16 años después, cuando la reforma  planteada como transitoria cumple su ciclo, a la educación y la salud el Estado le adeuda 72 mil millones de pesos. Recursos que declara el gobierno no contar. Situación más que grave que ponen en riesgo hoy, de no ser atendidos por la nación,  dos de los derechos fundamentales del ciudadano colombiano.

En su momento los profesores levantaron su voz y fueron con fiereza atacados desde los medios masivos de comunicación por los opinadores oficiales, tal cual hoy sucede. Pero nadie dijo nada en contra de los congresistas que aprobaron la Ley 715 y que ahora pasan de agache ante las crisis enfrentadas en las instituciones educativas y los hospitales. ¿Sin SGP a los municipios que les espera?ricardosarasty32@hotmail.com

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