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Lunes, Julio 16, 2018 - 18:27

Líderes sociales de Nariño aseguraron que el plan de erradicación de cultivos de uso ilícito es un rotundo fracaso, pues de 22 mil familias que se dedican a esta labor en Tumaco y que fueron censadas, solo 3 mil  han recibido los beneficios del Gobierno Nacional.

Así lo afirmó dirigente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, Célimo Cortes Rengifo, quien agregó de los cuatro acuerdos de voluntades que la comunidad había firmado, hasta ahora ninguno se ha puesto en marcha.

“Las comunidades de estos territorios tuvieron la voluntad para acogerse a estos procesos de sustitución de coca, pero lastimosamente el Gobierno Nacional no cumplió con lo establecido, dejando a la deriva a miles de familias que por las pocas oportunidades que existen en la región se han dedicado a estos trabajos”, expresó.

Cortés afirma que dentro del proceso hubo un desequilibrio en el plan piloto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), porque el presupuesto no fue suficiente para la cantidad de personas que quisieron acogerse a la iniciativa.

La situación para los líderes es crítica, pues, además de fallar en la implementación de los programas, se ha dejado a la deriva a las familias de los territorios del Pacífico. El líder del consejo comunitario Rio Rosario, Jairo del Castillo, responsabiliza a las entidades nacionales por el recrudecimiento del conflicto y asegura que la falta de oportunidades en estas zonas, ha hecho que problemáticas como el cultivo de hoja de coca aumenten significativamente.

 “Los habitantes de estas zonas afectadas no sembraron la coca por sembrarla, lo hicieron debido a la ausencia del Estado, por la incapacidad de los gobernantes que han pasado en los últimos años por la Casa de Nariño. Han sido despiadados con estos territorios, la gente sembró para no dejarse morir de hambre”, indicó el líder.

 

Presión de EE:UU

“Hay una absoluta ausencia del Estado, no hay salud ni educación, no hay vías en estos territorios, la gente ha sido sometida y además el país recibe una presión del gobierno estadounidense por intentar a acabar con esta problemática y no se brindan las garantías suficientes para lograrlo”, expresó del Castillo.

Para el dirigente del Rio Rosario, la voluntad del Gobierno Nacional es mínima para avanzar con la sustitución. “En los consejos comunitarios se ha firmado el acta de inicio para el pago según los acuerdos, pero a nadie le han entregado un peso, ni proyectos productivos. Lo han hecho en el Alto Mira y una franja de la carretera Tumaco-Pasto, pero hay otros que seguimos en espera para ver hasta dónde se puede avanzar”, indicó el líder.

Además del Castillo expresó su intranquilidad al respecto del futuro de los acuerdos, tras la elección de Iván Duque como primer mandatario del país.

“El gobierno de Duque va a defender al capitalismo, y eso se está mirando en los ministros que está nombrando, no representan al sector marginado de la sociedad colombiana, solo miren a Alberto Carrasquilla, y las declaraciones que ha dado en el pasado. No veo interés de ninguna forma de que salgamos del atolladero que vivimos en el país”, aseveró.

El líder dijo que las desigualdades han dividido el país en dos, y que esto se debe a la mala gestión de los últimos mandatarios elegidos. “Nariño es un departamento que siempre ha ido en contra de los mismos gobernantes, por eso los últimos presidentes han perdido aquí, y eso ha rezagado a la región de las oportunidades del Estado, se la han cobrado”, concluyó.

 

Incertidumbre en Tumaco

Tras la elección de Iván Duque como presidente de la República, los líderes de Tumaco aseguran que la implementación de los acuerdos “se irá a pique”. El subdirector de la corporación Pacífico Libre, Jairo Rubén Quiñonez, dijo que no ve posibilidades para el puerto nariñense.

“No creo que con este gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto, haya muchas posibilidades. Le van a dar bastantes alas a multinacionales que explotarán nuestros recursos, va a ser algo terrible. No les interesa que las comunidades vulnerables produzcan”, manifestó el subdirector.

Además, Quiñonez asegura que aquellos líderes que buscan transformar las realidades de sus comunidades, se han tenido que enfrentar contra el Estado e incluso con la misma sociedad de la que hacen parte.

“Hemos tenido que trabajar con las uñas, y el modelo político de este país es un punto que va en contra de nuestra labor. Las personas debemos empezar a unirnos si queremos cambiar las cosas, y así exigir al gobierno acciones más contundentes”, expresó.

El líder de El Rosario, Jairo del Castillo, concuerda en que el Gobierno entrante será un obstáculo para la ejecución de lo planteado en La Habana, pues siempre se ha manifestado como un opositor de estos acuerdos.

Conforme a las críticas recibidas por la Administración departamental sobre los avances en las políticas de erradicación de cultivos, el director de la Agencia para la sustitución de cultivos, Eduardo Díaz, manifestó que se ha avanzado correctamente con este proceso.

Reveló que en sectores como el corregimiento de Llorente, en Tumaco, hay cerca de 3 mil familias vinculadas al proceso de restitución., para un total de 17 mil familias participantes en todo el municipio.

 

Proyectos sin resultados

Son diferentes los programas del Estado que buscan hacer incidencia en estos territorios, sin embargo, el líder comunitario, Jairo Quiñonez, considera que hasta ahora no hay una iniciativa que haya dado resultados en Tumaco.

“En el Pacífico no hay programa de gobierno que haya sido exitoso, primero porque vienen a ejecutarlos como se les da la gana sin consultarle a la gente, lo que se ha acordado no se ha hecho conforme a lo que se firmó”, indicó el líder.

También se  mencionó que lo que en un principio se decretó con la erradicación manual de cultivos ilícitos, ahora ha causado una gran molestia por el nuevo uso de medidas como la fumigación con glifosato.

“Hay un problema serio con ese tema, no veo posibilidad que ese programa tenga éxito, porque hay mucha gente que se siente descontenta por el método en que se está haciendo esto, lo cambian constantemente y por eso las comunidades se sienten inconformes”, expresó.

El líder comunitario asegura que debido a esto aumentan las desigualdades en la región. “No se están incluyendo en estos programas a las personas que realmente tienen coca, se están filtrando muchos que no cultivaban  y compiten por los pocos recursos que hay con quienes realmente si eran sembradores” expresó.

Según Quiñonez, las autoridades no han creado programas participativos para las comunidades, y esto ha contribuido a que estos proyectos fracasen la mayoría del tiempo.

“No han hecho un programa que sea consultado con la gente. Los planes de desarrollo con enfoque territorial los están diseñando como se les da la gana y solo socializan los proyectos, pero se los imponen a la comunidad”, aseveró.

Asimismo aseguró que en la mayoría de los casos no se realizan los mecanismos de consulta previa, para concertar con la comunidad en que proyectos quieren trabajar.

“Acá a la gente no se le consulta, la mayoría del tiempo dicen ‘yo diseñé esto y aquí está’, estamos en una misma situación, ellos aseguran que ha cambiado, pero el diseño y la pedagogía es la misma” concluyó.

 

Recursos insuficientes

El integrante del Comité permanente para la defensa de los derechos humanos Javier Dorado, expresó que otra de las fallas del programa de erradicación de cultivos ilícitos, son los escasos recursos que se destinado para la región.

“Hay muy poca cuantía en relación con la cantidad comunidades de que tendrían que ser beneficiadas con este sistema, además hay recursos limitados que no dan abasto teniendo en cuenta las expectativas que tienen los campesinos” expresó el líder.

La Administración departamental de Nariño reveló que para el territorio se requiere un presupuesto 1,5 billones de pesos, pero solo se han invertido 54 mil millones para la implementación del programa de erradicación.

Por otro lado rechazaron las fumigaciones con glifosato, manifestando que esta medida, acaba con la vida en todas sus formas.  Dorado, aseguró que este tipo de medidas genera un ambiente tenso en la región y hace se aumenten los índices de violencia.

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