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Sábado, Julio 7, 2018 - 17:13

Luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc, en Nariño se registran 34 víctimas de minas antipersonal en lo que va de este año. En el 2017 el consolidado fue de 11 afectados.

Nariño es uno de los departamentos en Colombia que más ha sido afectado por la siembra de minas antipersonal, esto debido a la alta presencia de grupos guerrilleros en la región.

Con la firma del acuerdo de paz se esperaba que esta situación pudiese revertirse, sin embargo, tras los incidentes registrados en 2018, las estadísticas muestran un panorama diferente.

Según declaraciones de la profesional de apoyo de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, Carolina López, el registro que se tiene es de 16 afectados este año y 10 en el anterior, que contrasta con las cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr.

“El anterior año cuando inició toda la implementación de los acuerdos, los incidentes disminuyeron y se mantuvieron, ahora por los grupos disidentes lastimosamente se han incrementado los accidentes por minas antipersonal o artefactos explosivos”, indicó la funcionaria.

Uno de los casos que más llamó la atención de la opinión pública ocurrió en marzo de este año en el municipio de Tumaco, cuando un joven de 18 años de edad activó por accidente un artefacto explosivo. Al parecer encontró un balón en las playas del Puerto que llevó a su casa, donde estalló. El afectado fue trasladado al hospital Departamental de Pasto, en donde fue intervenido quirúrgicamente y le fue amputado su pie izquierdo.

 

Capacitan a comunidades

El Comité de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Aicma, realiza capacitaciones a la comunidad en educación en el riesgo de minas, con la finalidad de que las comunidades tengan herramientas que les permitan saber cómo actuar frente a estos casos.

Este comité, integrado por diferentes organizaciones en pro del apoyo a víctimas del conflicto, trabaja mancomunadamente con las alcaldías de la región, brindando apoyo y acompañamiento frente a cada caso reportado.

“Dentro del comité encontramos varias entidades que tienen todo el tema de asistencia y atención de sobrevivientes de minas. En primera instancia es el municipio quien debe atender la asistencia funeraria. En caso de que el municipio no cuente con los recursos para hacer esa atención, la Gobernación de Nariño o las entidades como Pastoral Social de Pasto, Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, y la Corporación Paz y Democracia apoyamos con recursos para la asistencia funeraria”, expresó la funcionaria.

Las cifras de contaminación territorial no son alentadoras para el departamento. Según la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Descontamina Colombia, de los 11 mil 585 casos de víctimas que se han presentado en el país, 882 se registraron en Nariño, esto corresponde a datos tomados desde 1990 hasta mayo de 2018. Además estas cifras ubican a Colombia como el cuarto departamento más minado en el país, solo superado por Antioquia, Meta y Caquetá.

 

Barreras en atención

La integrante de Pastoral Social de Pasto, Rosa Palacios, manifestó que desde el 2007 brindan acompañamiento en prevención y asistencia integral a víctimas de minas antipersonas en el departamento de Nariño. En ese proceso han detectado una serie de barreras, especialmente en el sector salud.

”Digamos que en la ruta integral a salud está la parte prehospitalaria, hospitalaria y la rehabilitación. Cuando un sobreviviente llega a la fase de hospitalización, en muchas ocasiones, al llegar al hospital, si su lesión es auditiva o visual y no tiene una más evidente como una amputación, no se le brinda un tratamiento integral, sino frente a lo que se ve. Esa ya es una barrera”, señaló.

Respecto al proceso de rehabilitación, señala otras barreras, entre ellas el acceso a las prótesis. Explicó que si la persona está en condición de discapacidad va a necesitar en algún momento el cambio de este vital elemento y es muy complejo que se la den. Otro factor en contra es el costo de la misma.

“Luego, si se les dañan las prótesis, el arreglo es complejo y la mayoría son personas del campo y para venir a Pasto no hay quien les de para el transporte, la alimentación o el hospedaje. Es deber de las IPS o EPS, pero es complejo que lo hagan”, manifestó.

Así las cosas, mientras el Estado responde a la vulnerabilidad de los derechos de estas personas, Pastoral brinda el acompañamiento en que esta atención integral sea posible.

Igualmente les dan apoyo en el proceso del restablecimiento del derecho y les dicta talleres formativos en la prevención del riesgo a las comunidades vulnerables.

 

Tres municipios libres

El comandante del Batallón de Desminado Humanitario 6, teniente coronel Alexander López, precisó que este proceso se ejecuta en los municipios de Ipiales, Belén, Colón, La Cruz, Sandoná y San Lorenzo.

“Aparte de Ipiales, hemos venido trabajando durante seis meses en Belén, Colón y La Cruz. Estos tres ya los tenemos libres de sospecha de minas antipersonales y a través de Presidencia. En las primeras semanas de julio se hará entrega de estos tres municipios como libres de sospecha, dentro de un paquete grande de 35 localidades que se entregarán a nivel nacional”, manifestó el comandante.

Anunció que ya se empezaron estos trabajos de desminado humanitario en en los municipios de Sandoná y San Lorenzo. Se prevé que este último se entregue entre noviembre y diciembre como libre de sospecha de contaminación por minas antipersonales.

Para el caso de Sandoná, se empezará a intervenir, pero indicó que para este se necesita un poco más de plazo.

Por otra parte, resaltó que en Ipiales el trabajo se dividió en 45 sectores, de los cuales 19 no tienen contaminación, 5 siguen contaminados y en 21 están trabajando.

“En estos están las 14 veredas de los corregimientos de La Victoria, en donde se han destruido varios artefactos explosivos, porque la comunidad ha informado sobre sospechas”.

Para esta municipalidad han desplegado 200 desminadores que trabajan a diario. Se espera que para noviembre o diciembre ya tengan el 95% libre de sospecha de minas.

 

La Victoria en tercera fase

El asesor de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Ipiales, teniente coronel de la reserva activa Carlos Pérez Cardona, explicó que para el corregimiento de La Victoria es asignado el Batallón de Desminado Humanitario 6, y para Jardines de Sucumbíos entró la empresa privada The Halo Trust.

“En La Victoria se va avanzando en la tercera fase. La primera consistió en los estudios no técnicos en la que se hicieron las reuniones con las comunidades, para explicarles cómo era este proceso, y la segunda fue la fase técnica que es la ubicación de estos sectores y la limpieza de las áreas”, explicó Pérez.

Ahora, en la tercera fase, se adelanta la destrucción de los artefactos explosivos encontrados.

Pérez también resaltó que en esta localidad, de las 45 veredas demarcadas como contaminadas, ya se tienen 19 sitios certificados como libres de contaminación.

“En cuanto al trabajo en Sucumbíos, allá hasta ahora se está desarrollando la primera fase que es la no técnica y en la que se socializa a la comunidad y se hacen los trabajos puerta a puerta. Esperamos que hacia octubre o noviembre empiecen los estudios técnicos o segunda fase”, manifestó.

Destacó que de 35 hallazgos que se han registrado por parte de ciudadanos del sector o funcionarios de la Fuerza Pública, se han verificado estos casos y se puede decir que están totalmente limpios. Les garantizan a la comunidad que las zonas están libres.

 

Esperan desminado en Samaniego

Históricamente el municipio de Samaniego es una de las localidades más afectadas en Nariño, ocupa el segundo lugar como el municipio con más víctimas en el departamento con un total de 119.

Según declaraciones del coordinador general del Instituto Sur Alexander Von Humboldt, Isais, Harold Wilson Montúfar Andrade, las opciones de desminado para el municipio han dependido del gobierno de turno.

En 2006 se presentó un plan de desminado humanitario al gobierno de Álvaro Uribe en su fallido intento de negociar con el Ejército de Liberación Nacional, Eln. La propuesta se retomó con los diálogos iniciados por este mismo grupo, con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Lo que nosotros proponemos es un desminado humanitario con participación de la comunidad, actores del conflicto y del gobierno. De tal manera que se garantice la no repetición de instalaciones de artefactos explosivos”, indicó el coordinador.

En 2008, a través de desminado militar, se intervino la vereda Las Cochas, pero únicamente se desactivaron ocho minas por parte del Ejército. Se presume que hay cerca de 35 veredas que están afectadas.

El coordinador de Isais ha solicitado una propuesta de desminado humanitario a las Farc y al Eln, para que ellos sean quienes verifiquen las zonas donde hayan plantado minas, para hacer el retiro y posterior destrucción de los artefactos, y para prohibir el tránsito de la comunidad a aquellos sitios que por su amplitud no se puedan descontaminar.

Actualmente el Instituto Sur Alexander Von Humboldt ofrece proyectos productivos para el sostenimiento de las comunidades víctimas del conflicto. En el tema de desminado humanitario han hecho presencia en Samaniego, Tumaco, Santa Cruz, parte del Cauca y el Alto Putumayo.

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