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Jueves, Enero 18, 2018 - 17:21

Los permanentes hechos de violencia provocaron en el 2017 el desplazamiento de más de 3.000 nariñenses y acabaron con la vida de 5 líderes sociales.

La profesional de apoyo de la subsecretaria de paz y derechos humanos de la gobernación de Nariño Andrea Carolina Jiménez manifestó que el año anterior fue muy crítico en materia de convivencia, tras indicar que hasta noviembre de ese periodo existían 87 denuncias de amenazas contra dirigentes sociales.   

“Los tres últimos meses de ese año fueron muy desalentadores para el departamento por la serie de hechos de sangre que se registraron. La alteración del orden publico generó a lo largo de ese tiempo el desplazamiento de 3.300 nariñenses, es decir alrededor de 1.000 familias”, dijo.

Precisó que la costa pacífica nariñense fue la zona donde las familias rurales se vieron en la necesidad de abandonar sus casas y parcelas por presión de los grupos armados ilegales. “Los desplazamientos persistieron en el área rural de Tumaco y el triángulo del Telembí del cual hacen parte Magüí Payán, Sanquianga y Santa Bárbara de Iscuandé”, expresó.

La funcionaria además indicó que la raíz de los desplazamientos forzados es la disputa de terrenos entre grupos armados ilegales que se dedican a la siembra de cultivos de uso ilícito y la producción de alcaloides.

“Como es de pleno conocimiento, las Farc al firmar el proceso de paz dejó los territorios que ocupaba en la costa y otros lugares de Nariño. Entonces para continuar delinquiendo, esos espacios son muy peleados por las diferentes organizaciones armadas ilegales existentes en la región”, sostuvo.

 

Temible período

De otra parte la especialista indicó que este 2018 será muy crítico para el departamento de Nariño. “Las elecciones presidenciales para Cámara y Senado de la Republica juegan un papel muy importante y por eso considero que se desbordará la violencia”, expresó.

Además indicó que pese a la presencia de más de 3.000 efectivos de la Fuerza Pública en la costa pacífica nariñense, hace unos días guerrilleros del Eln atentaron en el municipio de Mallama contra el oleoducto Trasandino.   

Además sostuvo que la aparición de panfletos intimidantes que circulan en Tumaco, no solo ponen en peligro a quienes los grupos ilegales los declararon como objetivos militares sino a la comunidad en general. “Porque para cometer su objetivo pueden utilizar armas no convencionales que pueden afectar a los demás”, argumentó.

Expresó que los pasquines que de manera permanente circulan por la zona rural de Tumaco, anuncian las mal llamadas limpiezas sociales y toques de queda ilegales. “Si bien es cierto nos han informado no se ha confirmado que un grupo armado ilegal declaró como objetivos militares a la comunidad, a dirigentes comunitarios y a disidentes de las Farc”, manifestó.

Para garantizar el respeto de los Derechos Humanos, precisó que la subsecretaria de paz y derechos humanos adelanta permanentes acompañamientos a las comunidades más vulnerables de la región.

 

“Preocupante situación”

El titular del observatorio departamental de paz y convivencia ciudadana Andrés Huertas precisó que en los consejos de seguridad siempre esclarecen quienes son verdaderamente líderes sociales. “Si bien es cierto respetamos la vida, se han presentado homicidios en los que a varios ciudadanos comunes y corrientes sus familiares o conocidos los han rotulado como dirigentes sociales”, dijo.

“Eso es importante aclarar porque tanto Ejército como Policía y Armada nos han pedido que identifiquemos siendo ese un arduo, serio y responsable trabajo”, manifestó.

Reafirmó que  independientemente de su credo y condición social, desde la administración seccional se impulsa el respeto a la vida. “Con una serie de estrategias buscamos identificar a aquellos líderes sociales que por estar amenazados no quieren revelar su identidad”, sostuvo.

“Ellos prefieren no salir a la luz pública por miedo a que los grupos armados ilegales atenten contra ellos y sus familiares.  

El funcionario indicó que durante el 2017 en la costa pacífica y en el piedemonte costero de Nariño se incrementó el número de homicidios. Expresó que mientras en el 2016 se presentaron 212 casos, en el año anterior 312, es decir que hubo una diferencia de 100.

Factores de riesgo

El comisionado de paz del municipio de Pasto Zabier Hernández precisó que si bien es cierto la consolidación del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc ha permitido en el departamento de Nariño y el resto de Colombia reducir los índices de violencia, asegura que la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de esa desaparecida organización armada al margen de la ley se ha puesto en peligro la vida de muchos nariñenses.

“Con ello comenzó a surtir una serie de amenazas y de factores de riegos para los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de la región. Es importante tener en cuenta que esos negativos factores se deben a la reaparición de grupos paramilitares, al desmedido crecimiento de los carteles de la droga y al rearme de las disidencias de las Farc”, expresó.

Además indicó que el 2017 fue un año fatídico para el departamento de Nariño debido a los homicidios selectivos y a los masivos desplazamientos de familias. “Esos hechos que afectaron la tranquilidad ciudadana y que atentaron contra los Derechos Humanos, se vivieron intensamente en las tres subregiones de la costa pacífica nariñense”, afirmó al subrayar que las acciones de los grupos delincuenciales fueron recurrentes en Sanquianga, el pacifico sur que incluye a Tumaco y la zona del Telembí que entre otros municipios del piedemonte costero de Nariño incluye a Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán.

Amenazan a dirigentes

Hernández también afirmó que la situación de orden público que se presenta en esas y otras zonas del departamento de Nariño es preocupante debido a que los grupos armados ilegales declararon objetivos militares a líderes y lideresas de la nueva fuerza política de las Farc.

“De igual manera están en la mira de los violentos, defensores de los Derechos Humanos, de la Unión Patriótica y de la Unión Comunista. Junto a ellos han sido amenazados comandantes de las Farc que operaban en Nariño”, dijo.

Añadió que la presencia de los más de 3.000 efectivos de la fuerza de tarea conjunta Hercules reducirá ese tipo de hechos. “Si bien es cierto es buena en esa zona la presencia de la Fuerza Pública, el Estado debe consolidar el acuerdo de paz con inversión social y estructural”, afirmó.

Analizan amenazas

El secretario departamental de Gobierno Mario Lima indicó que para las autoridades del departamento de Nariño son muy preocupantes las amenazas de muerte que se vienen presentando contra dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos.

“En un comité departamental se analizarán cuales serán la medidas de protección por parte de la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección para mejorar las actuales condiciones de vida de los nariñenses”, sostuvo.

En el 2017 se han recepcionado alrededor de 20 solicitudes de protección para igual número de dirigentes sociales. El funcionario también argumentó que en el año anterior se registró el homicidio de 5 líderes comunitarios, cuyos hechos fueron reportados en Tumaco y en los municipios de la cordillera occidental como Policarpa y Cumbitara.

Respecto a los hechos de violencia que en este año electoral se pueden presentar tras las intimidantes acciones de grupos armados ilegales, el funcionario hizo un llamado a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen y garanticen todos los elementos de seguridad con el fin de que los nariñenses gocen de un sano ejercicio democrático.

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