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Jueves, Abril 27, 2017 - 11:25

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez reveló este jueves en la mañana que el robo que se dio en la construcción de la Refinería de Cartegena, Reficar alcanzó $610.000 millones.

El fiscal general sostuvo que desde el siete de junio se dará inicio a ocho imputaciones contra responsables que permitieron el desfalco, que involucra a expresidentes y altos directivos de Reficar, un vicepresidente de Ecopetrol y representantes de la firma CB&I.

Por esa razón, llamó a imputación de cargos a: Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre los años 2009-2012; Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar entre los años 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente Jurídico de Reficar entre 2009-2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008; Nicolás Isaksson Palacios, líder del Grupo Legal de Reficar entre 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal de la firma CB&I en 2010; Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I en 2009; y Carlos Laberto Llereda Silva, el revisor fiscal de Reficar entre 2009 y 2015.

Además, la Fiscalía citó a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol entre 2002 y 2006; Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol entre los años 2007 y 2015; Jaime Leonardo Flórez Múñoz, quien fue gerente de vicepresidencia de Refinación entre 2007 y 2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar entre 2006 y 2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de Preparación y Puesta en marcha de Reficar entre los años 2015 y 2016; Richard Cohen, exrepresentante legal de Glencore entre 2008 y 2009; Sergio de la Vega, alto ejecutivo de Glencore que fue suplente del presidente de Reficar en el año 2007; y Christian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant INC.

Los delitos por los que les imputarán cargos son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.

Los hechos

Desde el año 1996 se planteó la necesidad de modernizar la Refinería de Cartagena, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 (Ley 812 de 2003) definió este proyecto como de “importancia estratégica” para el país. El tema se planteó en dos documentos CONPES (3312 de 2004 y 3336 de 2005), donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio estratégico que financiara el proyecto.

El CONPES dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y, a su turno, se mitigara el riesgo del Estado en la ejecución de la obra. Complementariamente, el CONPES estableció que la ingeniería y la construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual “llave en mano”, a fin de eliminar el riesgo de posibles sobrecostos en la construcción.

Como desarrollo de esa política y tras una invitación pública internacional, en el año 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG como el inversionista mayoritario del proyecto. Así, Glencore International AG (51%) y Ecopetrol (49%) constituyeron la sociedad “Refinería de Cartagena S.A. REFICAR”, encargada de ejecutar el proyecto de modernización.

Posteriormente, en el año 2007, bajo la administración de Glencore, REFICAR eligió a Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) – para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la Refinería a través de un contrato de EPC (Enginering, Procurement and Construction).

En el año 2009, sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad REFICAR, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento (100%) de la participación accionaria de la Refinería, asumiendo la totalidad del capital de REFICAR, ejecutora del proyecto.

Tras la salida de Glencore, en 2009, REFICAR contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc.  (FJPVC) para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto.

En el 2010, para continuar con la ejecución del proyecto, REFICAR suscribió dos nuevos contratos EPC con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el CONPES, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado.

Durante la ejecución del proyecto, luego de atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, REFICAR y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados “Memorandum of Agreement” (MOA) y “Project Invoicing Procedure” (PIP), que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor del contratista CB&I.

En virtud de estos acuerdos, REFICAR incurrió en el pago de facturas que habían sido previamente rechazadas por el supervisor del contrato – Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC) – o que no fueron validadas por este. Según ha podido evidenciar la Fiscalía General de la Nación, los pagos son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto. Estos se presentaron, entre otras, en las siguientes modalidades:

Pago de facturación por bienes o servicios no prestados al proyecto;

Pago por subcontrataciones no autorizados por REFICAR;

Pago por gastos suntuosos y extravagantes, no relacionados con el proyecto;

Pago duplicado de costos;

Pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto.

Peculado tasado en más de seiscientos diez mil millones de pesos ($610.000´000.000)

Por estos hechos, el ente acusador decidió vincular, mediante formulación de imputación, a los primeros presuntos responsables por delitos contra la administración pública, la fe pública y el orden económico y social en la ejecución del megaproyecto.

Los llamados a imputación son dos presidentes, un vicepresidente jurídico y un líder del grupo legal de REFICAR; un vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; dos altos ejecutivos de la compañía CB&I, y el revisor fiscal de REFICAR:

Nombre

Cargo

1. Orlando José Cabrales Martínez PresidenteREFICAR 2009-2012
2. Reyes Reinoso Yañez PresidenteREFICAR 2012-2016
3. Felipe Laverde Concha Vicepresidente Jurídico REFICAR 2009-2017
4. Pedro Alfonso Rosales Navarro Vicepresidente ejecutivo del DownstreamECOPETROL 2008
5. Nicolás Isaksson Palacios Líder Grupo LegalREFICAR 2013-2017
6. Philip Kent Asherman Representante Legal CB&I 2010
7. Massoud Deidehban Director Proyectos y Representante LegalCB&I 2009
8. Carlos Alberto Lloreda Silva Revisor FiscalREFICAR 2013-2015

 

Las conductas tipificadas incluyen: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.

Los investigados por la Fiscalía General de la Nación deberán responder por las irregularidades en el proyecto y costos superiores a más de seiscientos diez mil  millones de pesos ($610.000’000.000).

 

Continúa la investigación

Igualmente, para concluir las siguientes fases de la investigación, relacionadas entre otras con la selección del socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, se dispuso llamar a interrogatorio a dos presidentes y un alto ejecutivo de Ecopetrol; un presidente y un alto ejecutivo de REFICAR, dos altos ejecutivos de Glencore y un alto directivo de la firma supervisora Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC):

 

 

Nombre

Cargo

1. Isaac Yanovich Farbaiarz Presidente ECOPETROL 2002-2006
2. Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy Presidente ECOPETROL 2007-2015
3. Jaime Leonardo Flórez  Muñoz Gerente de Vicepresidencia de Refinación ECOPETROL 2007-2008
4. Jorge Enrique Carvajales Orozco Presidente de REFICAR 2006-2008
5. Andrés Virgilio Riera Burelli Vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha REFICAR 2015-2016
6. Richard Cohen Representante Legal de Glencore 2008-2009
7. Sergio De la Vega Jiménez Ejecutivo Glencore y Suplente del Presidente de REFICAR 2007
8. Christian Augusto Mantilla Daza Director del Proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC) 2015

 

Como complemento de la investigación, la Fiscalía General de la Nación llamará a declaración jurada a los miembros de juntas directivas de ECOPETROL y REFICAR, durante el periodo de ejecución del proyecto.

 

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