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Hoy se lleva a cabo la Consulta Anticorrupción. Pero con tristeza se observa un debate frío, a pesar de su importancia. Una sociedad pasiva, silenciosa, a pesar del valor del reto que tiene ante sí.

¿Desaprobar la corrupción? La pregunta parece innecesaria, pese a ello, hoy, día seleccionado para llevar a cabo la consulta que interroga a través de 7 items sobre tal particular, esta parece estar en un congelador. Contrario a lo común de las campañas electorales la difusión, agitación, los afiches, cuñas de todo tipo, etcétera, que debiera estar llenando al país de norte a sur, de occidente a oriente, de arriba a abajo, destacan por su ausencia o poca trascendencia.

Pero todas sus preguntas tocan la vergonzosa y triste realidad nacional. Así, entre las 7 preguntas que integran la Consulta Anticorrupción, existe un punto de alto consenso social: la reducción de los salarios que devengan los congresistas. 

Sin excepción, cuando este tema emerge en una conversación desprevenida de amistades reunidas alrededor de un café o similar, el rechazo es generalizado. Unos y otros dicen no comprender cómo es que el salario de estos personajes es tan alto, esto sin sumarle beneficios como vehículo a cargo también del conjunto nacional y la subvención de quienes le acompañan en su trabajo, más conocida como Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–, integrada hasta por 10 personas, cuyo costo no puede superar los 50 salarios mínimos mensuales. Es decir, cada uno de ellos puede percibir un salario mensual cercano a los 4 millones de pesos. Por lo general, las UTL las integran 5 personas, es decir, el sueldo de cada funcionario alcanza a ser hasta 8 y más millones.

Al ser así, la pregunta por el salario tope del congresista enlistada en la consulta, debería estar complementada por otra que le hiciera justicia: ¿Está usted de acuerdo con que el salario mínimo que se paga hoy en Colombia sea reajustado en el ciento por ciento? Alza al doble del salario mínimo le haría honor a una política social y económica en procura de vida digna.

Lo mismo se puede afirmar  sobre la pregunta 2 que plantea cárcel para los corruptos y quienes cometan delitos contra la Administración Pú                                                 blica, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado termine los contratos con ellas y las que hagan parte de esos delitos, y no puedan contratar con el Estado, sin indemnizaciones.

Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y este también cuenta. Es cierto que en la confrontación de la corrupción hay que echar mano de todas las herramientas posibles, pero no sin ser realistas, sobre todo con respecto a la realidad del poder global, a la incidencia que en este tienen las multinacionales y el marco jurídico creado por estas en el mundo que hoy habitamos.  

Claro que debe penalizarse a todo tipo de contratistas por su fechorías que terminan por dilapidar los ahorros que son de todos, pero para que así sea lo primero que debe garantizarse es la soberanía jurídica de nuestros países, soberanía que no está ajena de la soberanía política, militar, alimentaria, geoespacial, comunicativa, cultural, etc.

Aprobar el obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? Claro que sí.

El motor o raíz de tal realidad de injusticia, pobreza y corrupción, la tenemos ante nosotros. El motor o raíz de tal fenómeno parece ser uno solo: el neoliberalismo, propulsor del enriquecimiento a cualquier costo, entre ellos la privatización de lo público, feriado en diferentes subastas en beneficio de los particulares – ¿quieren mayor signo de la corrupción que este proceder?

Sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Guillermo Alfredo Narváez  Ramírez

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