Editorial

Se cumplieron sin mayores inconvenientes las elecciones de juntas de acción comunal en el departamento de Nariño, proceso que también tuvo lugar en todo el país, como lo determina la Constitución de 1991, momento que es oportuno para que reflexionemos en el verdadero papel de estas organizaciones que representan a la comunidad de barrios, veredas o corregimientos ante las administraciones municipales o la Gobernación.

En el deber ser estos comités son la esencia de la Democracia y la alternativa para que esos sectores urbanos y rurales que hacen parte de la estructura de los municipios y departamentos puedan desarrollar proyectos y programas, porque se constituyen en el puente directo para acceder a los recursos y beneficios que permite el Estado.

En Pasto se puede ver el panorama en los más de 400 barrios y 120 veredas que eligieron el pasado domingo sus juntas, en donde en su mayor parte se constituyen en organismos inoperantes que solo los utilizan con intereses políticos, pues como sabemos a estos líderes se los pelean los candidatos en tiempos de campañas electorales, porque a través de los mismos logran acceder al fortín de los votos.

Por eso a estos cargos buscan llegar esos estrategas de la politiquería que en nada les interesan las necesidades y problemas de sus sectores, sino favorecerse personalmente y sus patrones que aspiran a los magistraturas en las alcaldías, concejos, asambleas e incluso gobernaciones o el Congreso de la República. Es decir que con estos dirigentes, no de todos, comienza la corruptela que tiene postradas a las estructuras del Estado.

No podemos desconocer que existen esos verdaderos líderes que trabajan ad honorem y sin buscar dádivas en favor de sus comunidades para lograr que se construyan espacios de recreación, educativos, de salud, se cumplan con programas sociales, subsidios y mejoren las condiciones de los barrios y veredas, sobre todo a esas en donde a estas alturas del desarrollo urbanístico y tecnológico no hay acueducto, alcantarillado o incluso servicio de luz eléctrica, y mucho peor, los niños se mueren desnutridos porque se permite que operadores inescrupulosos se roben la plata de la alimentación, como hemos visto permanentes casos en Nariño, La Guajira, los Santanderes o Cesar, entre otras regiones.

En la jornada del pasado domingo que tuvo, según la Registraduría, una buena participación de votantes, se eligieron 2.700 juntas en los 64 municipios del departamento de Nariño, cada una compuesta por 12 o 14 integrantes. Al menos en estos comicios no se registran situaciones de alteración del orden público como ha sido ‘normal’ en las elecciones regionales o nacionales, pues se creería que no es un proceso tan complejo y que procedimientos como el tener los libros de afiliados (se deben anotar con antelación para votar) facilitan un orden.

El hecho de que las juntas sean permeadas muchas veces por la corrupción no quiere decir que no se debe contar con esta herramienta administrativa, al contrario se constituyen en la mejor posibilidad para que el pueblo exija cumplimiento a sus gobernantes y se pueda mantener una veeduría permanente de los recursos. Estas funcionan bien o mal en la medida que la comunidad actúe, porque los integrantes de estos comités son representantes y obedecen al favor popular. No podemos elegirlos y luego dejarlos abandonados a su suerte o para que hagan lo que se les venga en gana.

Por eso es una tristeza que, por ejemplo en Pasto, tantos barrios (se afirma que al menos más de 100) se quedan sin elegir las juntas. Primero por desorganización de la comunidad ante la indiferencia reinante o los conflictos, pero también porque en esta capital existe un amplio número de sectores que operan como piratas, es decir que no existen frente a la organización administrativa, por eso los organismos gubernamentales no les avalan proyectos o programas de ningún tipo y el perjuicio es para esas familias vulnerables o desplazadas de los estratos uno y dos que se quedan sin recibir los subsidios o tantos beneficios más.