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Jueves, Agosto 16, 2018 - 15:59

Los últimos señalamientos del contralor general, Edgardo Maya, sobre el hecho de que el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en todo el país sigue plagado de corrupción, llevó a que el presidente Iván Duque anunciara que este plan no va más y se cambiará por otro que sí brinde garantías tanto de transparencia, efectividad y la entrega de alimentos en buenas condiciones.

Creemos que es la mejor decisión que se ha tomado y que incluso se lo debió hacer mucho antes, porque no es concebible que empresas mafiosas se roben los recursos que el Estado dirige a los niños y adolescentes más vulnerables y, mucho más delicado, con la complicidad u omisión de los mandatarios locales y regionales

En este sentido la Contraloría investiga a 5 gobernadores del país por irregularidades en el PAE y están en curso 154 procesos de responsabilidad fiscal por 84 mil millones de pesos. Para sorpresa, entre los mandatarios seccionales implicados están los de Nariño, Camilo Romero y de Putumayo, Sorrel Aroca, que junto con los de Cesar, Chocó y Magdalena llevan procesos que suman más de 5.000 millones de pesos.

El mismo contralor, luego de una rendición de cuentas y de mostrar todos los recursos que se roba la corrupción, reiteró su llamado a la nueva ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que reestructure el modelo del PAE, que desafortunadamente este ministerio en la pasada Administración lo dejó en manos de operadores controvertidos e implicados en anomalías, y que solo cambiaron de nombre para seguir la contratación con el Estado.

El anterior procurador Fernando Carrillo a finales de 2017 puso en conocimiento de todo el país que el PAE es manejado por gigantescas y peligrosos empresas delictivas que desangran desde hace años el fisco nacional.

Precisaba que llenaba los bolsillos a particulares como Luisa Fernanda Flórez Rincón, quien manejaba 24 contratos que suman más de 152.000 millones de pesos y dos contratos más que superan los $42.000 millones; Germán Almanza Hernández, con 271 contratos por más de $149.000 millones; Ivis del Carmen Rosado Robles, 11 contratos que superaban los $144.000 millones; Noel Rodríguez Cubides, 5 contratos por más $116.000 millones y Victoria Eugenia González, con 43 contratos por más de 92.232 millones de pesos.

Pero el problema no es solo que este programa lo hayan dejado en manos de inescrupulosos, sino que el Gobierno Nacional se hace el de la vista gorda y pese a vanagloriarse con el aporte que hace a los estudiantes, los departamentos y municipios se ven a gatas para cubrir el déficit que queda en el año escolar.

En el caso de Nariño el PAE, que cubre 188 días del calendario escolar, representa un gasto de más de 41 mil 261 millones de pesos con beneficio para 153 mil estudiantes de instituciones educativas no certificadas en 61 municipios.

El déficit es de 2 mil 886 millones de pesos a corte de primero de julio, que pone en apuros a la Administración departamental y en el caso de los municipios el presupuesto debe salir de sus propias regalías.

Entonces al darle sepultura el PAE se tiene que garantizar primero la financiación y que la alimentación escolar no represente ahorcar a las entidades territoriales. El otro asunto es a quién entregar esa responsabilidad de contratar con operadores, porque allí está el meollo de la corrupción.

No olvidemos que antes del Ministerio de Educación ese proceso lo manejaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que botó la toalla, porque le quedó grande y su imagen era golpeada constantemente con los escándalos por irregularidades.

Esta es una papa caliente de este nuevo gobierno y va a medir su capacidad para poder ejecutar el proyecto y a la vez para vigilarlo e impedir que se corrompa.

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