Opinión

Fue el 17 de junio de 1972, cuando estalló el escándalo Watergate, que tomó el nombre del edificio donde funcionaba la Sede del Partido Demócrata, el del presidente norteamericano Richard Nixon, cuando cinco hombres que trataban de instalar equipos electrónicos de espionaje, con grabaciones desde su oficina en la Casa Blanca en Washington, según informó Alexander P. Butterfield, en tiempos de campaña electoral.

Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post, acusaron al presidente Nixon de tratar de congelar las investigaciones, gracias a los informes de ‘Garganta Profunda’, que los llevó a descubrir el caso aberrante de espionaje, desde las más altas instancias del Estado y quien a los 33 años reveló que él era Mar Felt, un exdirectivo del FBI.

Nixon se defendió por espacio de dos años, en los cuales, fueron renunciando sus principales colaboradores, ante el asecho de los investigadores.

Nixon fue reelegido en el cargo, pero siguió el escándalo, la Corte Suprema lo acusó de haber obstruido las investigaciones judiciales, el abuso del poder y el ultraje al Congreso, al haber utilizado a la CIA y al FBI con fines políticos, que lo llevaron a presentar renuncia a la presidencia, el 8 de agosto de 1974.

Al abandonar la Casa Blanca manifestó: “Nos vamos con grandes esperanzas… y también con gran humildad”. Este fue el derrumbamiento del gobierno de Richard Nixon.  

En Colombia el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido investigado por las ‘chuzadas’ que se originaron desde las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, costándoles la cabeza a varios de sus directores y subdirectores, que han sido procesados por la justicia colombiana pero los principales implicados en estos casos de espionaje a periodistas, políticos de la oposición, magistrados de las altas cortes, humoristas como Jaime Garzón, altos mandos militares y directivos de institutos descentralizados, se encuentran libres y aun ocupando altos cargos públicos.

En los últimos días se ha vuelto a presentar este fenómeno de espionaje, con las chuzadas de celulares que tenían su base de operaciones en la ciudad fronteriza de Ipiales, en el departamento de Nariño, dirigidas por tres altos exoficiales del Ejército y uno de la Policía Nacional, que desarrollaban sus labores en forma paralela con la Seccional de la Fiscalía General de la República, quienes  descubrieron las intercepciones hace más de un mes. Ahora los implicados han sido detenidos en la capital de la República, manifestando haber sido contratados por reconocidos políticos.

El objetivo era adquirir información de inteligencia sobre los movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos, sus familiares y otras personalidades nacionales e internacionales.

Interceptando sus comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y mensajería instantánea, cobrando 3 millones de pesos, por cada servicio. Además  buscaron ampliar su radio de acción hasta el Ecuador, para ‘chuzar’ a alias Guacho, para salvaguardar la vida de los periodistas del diario El Comercio en marzo, lo cual les fue imposible, al ser asesinados a sangre fría.

Que ojalá la justicia colombiana aplique sin contemplación a los implicados las sanciones con cárcel, por infringir la ley.

Jorge Enrique Tello Chávez.