Opinión

Después de décadas de esfuerzo silencioso y para muchos invisible, la educación en Pasto tomó un curso positivo en los últimos años y dio sus frutos cuando el mismo ministerio del ramo hizo un reconocimiento por tener los mejores colegios del país, los estudiantes con más altos puntajes en las pruebas de Estado y el mayor número de jóvenes pilos en lograr becas para las universidades públicas, imagen que con justa razón ha enaltecido a nuestra región históricamente estigmatizada, pero hay actos que quieren enturbiarla.

Lo que pasó el pasado fin de semana en las pruebas Saber 11 del calendario B no tiene carta de presentación y no solo indigna, sino que nos avergüenza ante el resto de Colombia. Pasto salió en primera plana de los medios nacionales porque fue la única ciudad en donde se presentó un caso de suplantación. Es decir, de una joven que se hizo pasar por otra para hacerle el examen, además de registrar el mayor número (8) de anulaciones.

Estudiantes menores de edad que fueron pillados con elementos electrónicos u otro tipo de trampas para hacer el examen con ventaja, lo que muestra la sagacidad para engañar, ubicándose en un ‘alto de nivel’ para constituirse en los grandes corruptos o ladrones de cuello blanco, como los que a diario vemos en los noticieros implicados en gigantescos desfalcos al Estado, como el relacionado con la firma brasilera Odebrecht que hoy tiene enlodado hasta el actual gobierno o la sinvergüencería de la refinería de Cartagena, Reficar, de donde se robaron 27 billones de pesos.

No señores, no podemos soportar y como lo señaló con disgusto el alcalde de Pasto Pedro Vicente Obando, se tiene que sancionar de manera drástica a estas personas y sentar un precedente, que en todos los círculos de nuestra sociedad se deben hacer esfuerzos para arrancar esa mala semilla del facilismo y la corrupción, herencia marcada por el narcotráfico que nos ‘gobierna’.

En el caso de la suplantación esta persona incurre en un delito que la puede privar de la libertad entre 1 a 6 años de cárcel. A la persona que lo hace y a quien la solicita se les sigue un proceso que puede llevar a una sanción de 6 meses a 5 años durante los cuales no podrá presentar exámenes de Estado, quedando vetada para acceder a las universidades públicas.

En torno a las anulaciones, de acuerdo con la gravedad, también se imponen las sanciones respectivas que deben ser ejemplarizantes. En el país no se puede soportar la corrupción, venga de donde venga, y aún más de quienes pensamos que son los constructores de las sociedades del mañana, porque si corrompen los niños y los jóvenes apaguemos la luz y vámonos. No habría nada que hacer.

Estos casos que se acabaron de registrar nos vuelven a demostrar que el fenómeno de la corrupción es cultural y cada vez amenaza con meterse a los sitios que eran inaccesibles, como los hogares, escuelas o colegios y las mismas universidades.

Es en estos conglomerados en donde se tiene que trabajar más fuerte para reafirmar los valores, los mismos que construyeron nuestras comunidades basadas en principios de respeto y honestidad. Un joven sin valores es susceptible de corromperse y si lo hace toda una sociedad está en riesgo.

Lo hemos comprobado, y lo más grave que tiene nuestro país no son las guerrillas, las bandas criminales, el narcotráfico y los flagelos que estos generan, como la violencia y la miseria, sino la corrupción. Hoy, cuando nos hemos propuesto trazar un nuevo país, nuestra obligación es combatirlo hasta erradicarlo de raíz.