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Domingo, Abril 15, 2018 - 17:25

La decisión del juez promiscuo municipal de La Florida José Alfredo Vallejo de ordenarle al gobernador de Nariño, Camilo Romero, la adopción inmediata del Plan Integral de Gestión de Riesgo del Volcán Galeras abrió la puerta a un debate de fondo sobre polémicas actuaciones judiciales y administrativas que hoy tienen en vilo a miles de habitantes de Pasto, Nariño, y La Florida por dejarlos al paso de una eventual reubicación.

Esta pesadilla sobrevino con el decreto 4106 del 15 de noviembre expedido por la Presidencia de ese entonces que declaró la situación de desastre nacional para estas tres poblaciones.

El colofón del acto administrativo al que recurrió la Nación arrancó mal al desdeñar, de entrada, la interlocución con los pueblos indígenas, comunidades campesinas y autoridades civiles de las poblaciones aledañas.

El brochazo con el que desde el escritorio en Bogotá se dictaminó la suerte de miles familias intentó ser amortiguada en la práctica con la sentencia T-269 de 2015 de la Corte Constitucional.

Aunque la determinación del alto tribunal revivía la declaratoria de desastre esta vez proponía un ejercicio con voz de todos los actores: desde un estudio científico detallado en el que primara no solo el carácter técnico sino además la interlocución con la ciudadanía, hasta la suspensión del polémico programa de compra de predios calificado como un fracaso y un entramado de corrupción por parte de movimientos sociales que argumentan que allí se han dilapidado de tiempo atrás y con fines políticos, importantes recursos públicos.

La Corte también declaró como perentorio un estudio por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la adopción de un plan integral. El mismo que terminó ampliándose a 11 municipios, a pesar de las advertencias y los llamados de las comunidades terminó enviándose por la unidad hace 2 años.

En un primer pronunciamiento a principios del año pasado y en fallo a una tutela el juez promiscuo municipal de La Florida José Alfredo Vallejo Goyes ordenó al gobernador adoptar el plan. Al revisar la providencia la Jueza Cuarta de Familia de Pasto reversó la decisión al darle la razón a los argumentos de la Gobernación en referencia a vacíos del plan integral y la no inclusión de la ciudadanía, tal como lo emanaba la Corte.

La discusión volvió a acrecentarse con una nueva determinación del juez promiscuo proferida el pasado 5 de abril en la que ordenó al gobernador, con los mismos argumentos desvirtuados el año pasado, la adopción del cuestionado plan en atención a un recurso interpuesto, entre otros más, por un tutelante que a pesar de no vivir en La Florida sino en el Eje Cafetero, alegó como vulnerado su derecho a la vida al considerarse en situación de riesgo ante una eventual erupción del volcán.

La decisión pone de nuevo un salto al vacío, que han reprochado líderes de Pasto, Nariño y La Florida por obligar al gobernador de turno adoptar un plan del que se han hecho serias reservas. A la ya controversial determinación se suma un hecho que, de reconfirmarse, le imprimiría serias suspicacias al proceso: el supuesto traslado del juez días después de proferir el fallo.

De ahí que a la vuelta de la esquina se han anunciado multitudinarias protestas cívicas que, de no conjurarse producto del diálogo, podrían terminar en graves consecuencias. Por eso, más allá de los disensos propios de una sentencia en un estado social de Derecho, la compleja situación derivada de la misma debe desembocar en una reflexión que permita superar esta herida que hoy pareciera no cerrarse para Nariño.

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