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Domingo, Mayo 13, 2018 - 11:38

Otra vez el centralismo de Bogotá haciendo de las suyas y miles de millones gastados inoficiosamente.

 

Ordenar el territorio es ordenar el territorio. Sin embargo, y a pesar de la obviedad de las palabras, la definición de estos conceptos o su interpretación normalmente se desfiguran, bien por confusión o ignorancia, bien por que intereses oscuros esconden decisiones que desajustan las propuestas de armonización y las sustituyen por otras que atentan contra el bienestar colectivo.

La órbita del ordenamiento territorial es casi infinita. Tiene que ver con casi todo. Encierra, por así decirlo, el reconocimiento de las enormes implicaciones que tiene la presencia de nuestra especie en el planeta. Contempla, la ineludible interacción que tenemos con los recursos naturales; el uso de la tierra y el manejo de la propiedad; los modelos de desarrollo urbano y rural, definiendo temas complejos como la densidad, los servicios públicos y la movilidad; tiene en cuenta  la demografía, la etnografía, la ocurrencia de fenómenos naturales, el paisajismo, los espacios de recreación activa y pasiva, el manejo de los desechos, etc. etc..

Hace ya más de  veinte años que en Colombia aparecieron los famosos Planes de Ordenamiento territorial POT, tal y como los conocemos hoy en día, aunque en la práctica han venido evolucionando. Surgieron con la ley 388 de 1997, con el fin de “establecer los mecanismos que permitan a los municipios, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio.

Simón Gaviria, el hijo del expresidente, poco antes de salir de la dirección de Planeación Nacional, tomó la decisión de contratar -con créditos BIRF- una firma española para que viniera a asesorar y capacitar a buena parte de los municipios del país en la elaboración de los nuevos POT (llamados por el programa como POTs modernos), mediante un modelo de cofinanciación en el que la DNP pone unos recursos y los municipios otros.

Lamentablemente, el proceso se ha venido convirtiendo en un estruendoso fracaso. Otra vez el centralismo de Bogotá haciendo de las suyas y miles de millones gastados inoficiosamente. Los tales españoles nunca han ido a los territorios, puesto que decidieron subcontratar con empresas colombianas, que tampoco es que hayan hecho mucha presencia.

Fruto de lo anterior, el principio constitucional y legal –y de sentido común- acerca de la participación de las administraciones locales y de los ciudadanos se fracturó, y los tales operadores del programa terminaron presentando unos informes adefesiosos preparados desde los escritorios en Bogotá, con recomendaciones y planteamientos basados en el desconocimiento supino de la realidad territorial.

En el caso de Nariño la situación es francamente catastrófica, al menos 9 municipios están dentro de la formula de la DNP y a estas alturas no saben que hacer con tantos incumplimientos e imprecisiones y con la noticia que los contratos se terminan el 31 de Julio.

Por mi cercanía con Ipiales, pongo unos ejemplos para que se hagan a una idea los lectores de lo que está pasando: en los informe se habla de la incidencia de la isla Cascajal (en Ipiales???), que se encuentra en Buenaventura; en cuanto a ecosistemas estratégicos y áreas protegidas  (páramos, humedales, reservas forestales, cuencas binacionales) dicen despreocupadamente que no hay información; la cartografía presentada no cubre la totalidad del territorio municipal; no se menciona en riesgos la influencia de volcanes como Cumbal, Cerro Negro y chiles, como si no existieran y se menciona al Galeras que está en Pasto; en el mismo informe se presenta un gráfico de variables que dice corresponder al municipio de Buenaventura (¿??);Ponen como referencia el plan de ordenamiento de Huelva- España (¿??), tienen párrafos completos que referencias a Salamina Caldas (¿??).

En fin, estos ejemplos son mínimos frente a los retrasos, imprecisiones, mapas inconclusos y evidentes errores que han presentado los operadores en su informe; y sin estos insumos, ya se sabe, la planificación termina siendo incierta e irresponsable.

Si querían mandar sabios extranjeros, no se explica porque los que hacen el trabajo terminan siendo los mismos de aquí - de otras regiones- obteniendo información de internet y despreciando olímpicamente el contenido fáctico de los pobladores del territorio.

El tiempo para los POT se acaba, pueda ser que a la DNP no se le ocurra dar por terminado este proceso con un brochazo mal hecho y bien pago. No sería justo con el país, con las provincias.

 

Por Miriam Martínez Díaz

@PazAportes

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