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Domingo, Mayo 13, 2018 - 11:47

El que puede sonar como un ingenuo interrogante, planteado por Darío Echandía tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, contestado y esclarecido en reiterados momentos de la gobernanza y de la lucha política en Colombia, queda claramente dilucidado una vez más con el “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia”, con el cual deja sus funciones en el país Tedd Howland, quien ejerció tal responsabilidad desde el 30 de enero de 2012 hasta el 15 de marzo de 2018.

¿Para qué el poder? Esta inquietud, más que interrogante, pareciera ser un lamento que hoy nos permite adentrarnos en los laberintos del establecimiento, esa conjunción de destreza, manipulación, fuerza, apariencias, luces y sombras que tanto atrae a los seres humanos y la cual, por sus propias características, demandas y recursos de toda índole que desata, lleva a quienes lo ejercen al narcisismo, a la megalomanía, disfunción caracterológica que tantos males le ha procurado a infinidad de sociedades; ansiedad, proyecto de vida, para el cual son orientados y formados quienes crecen a la sombra del poder mismo, para ejercerlo posteriormente una vez adultos, como es el caso de Juan Manuel Santos.

Con el poder, quienes lo controlan y se realizan en lo personal y familiar con su ejercicio, alcanzan a concretar y proyectar una visión de la vida en todas sus variables, materializando de esta manera la concepción que tienen del mundo, tanto en tiempo presente como en tiempo futuro.

De esta manera, lo que hoy tenemos como país, tras dos siglos de vida republicana, no es casualidad ni efecto divino sino el resultado de una visión específica que sobre el mundo tienen las oligarquías; por cuyos efectos y diversas consecuencias deben responder unas cuantas familias, las mismas que multiplicaron –y multiplican– bienes y riqueza en provecho propio, empobreciendo a la par a la mayoría de sus conciudadanos.

De acuerdo al relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quebrar esta espiral de violencia, que se retroalimenta, demanda intervenciones estatales de carácter integral, a la par de una solución efectiva a los Derechos Humanos de las comunidades rurales: en el derecho a la salud, por ejemplo, el acceso es inequitativo en muchas de ellas, con falta de agua potable y de sistemas de alcantarillado, la inexistencia de centros de salud y de profesionales que los atiendan, todo lo cual crea el entorno para que mueran los niños por efecto de enfermedades prevenibles y tratables.

La violación de los Derechos Humanos se extiende de distintas maneras a los pueblos indígenas, donde “la tasa de mortalidad infantil […] (20,9 muertos por cada 1.000 nacidos vivos) es cinco puntos más alta que entre la población no indígena (15,9). La tasa de mortalidad materna en mujeres afrocolombianas es de 152,9, mientras que en el resto de la población es de 66,5”.

Esta situación es detectable también en zonas campesinas. La ausencia de Estado es potenciada por el clientelismo con que son manejados los recursos económicos destinados a estas zonas del país, pesando en ello el control de votos y el criterio del funcionario que los administra, “[…] que interpone sus intereses personales y de carrera por encima de los derechos de la población”.
Esta ausencia o precariedad estatal en amplias zonas del país no es producto de la falta de recursos económicos sino más bien la prolongación de una visión estructural, producto de la cual la minoría que administra al establecimiento se lo apropia como botín privado. La corrupción, con cifras anuales iguales o superiores a los 50 billones de pesos, es un ejemplo de ello pero no el único. Continuar legislando a favor de los que más tienen, resguardando sus intereses, es lo sustancial.

La paz está esquiva, no hay duda de ello, y tal resultado es el producto de un modelo económico, político y social incapaz de autorreformarse, como de una visión del Estado que le subyace, a la cual acudió la insurgencia ahora incorporada a la sociedad civil.

¿El poder para qué? Tal vez motivados por una posibilidad diferente de éste, uno con vocación colectiva igualitaria, los insurgentes terminaron por someter todas las reglas del acuerdo que negociaron a las lógicas de una institucionalidad y de una clase que no están hechas, la primera de ellas, para darles cabida a la justicia y a la vida digna, y que no funcionan ni se proyectan en procura del bien común; la segunda de éstas, con una concepción de la naturaleza y de lo social que la determina a extraer, excluir y negar.     

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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