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Martes, Abril 17, 2018 - 12:31

El estar ubicados en una zona de frontera privilegiada junto a Ecuador y en el Pacífico, debería ser una bendición por todo lo que conlleva en el desarrollo económico, social y cultural, pero por desgracia es todo lo contrario y esa localización geopolítica se constituye en una maldición para las comunidades nariñenses que hacen parte del cordón limítrofe.

Esto es lo que particularmente sienten hoy habitantes del municipio de Tumaco, sometidos de manera inmisericorde a una guerra fratricida que atropella a los civiles, como lo hemos visto con los permanentes desplazamientos forzados, las muertes selectivas y la violación de otros derechos humanos.

Esta es la despiadada realidad que se ha evidenciado desde la mitad de la década de los 90 con la llegada de los grupos paramilitares, que en su confrontación con las Farc y el Eln mostraron la cara más despiadada con múltiples masacres.

Ahora los victimarios simplemente cambiaron de nombre, pero las víctimas siguen en la mira como carne de cañón. De allí el pronunciamiento de los dirigentes del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en el sentido de que el Gobierno Nacional les dé garantías de seguridad porque se vino una nueva arremetida, y esta vez binacional.

El temor no es infundado porque en esta zona del departamento de Nariño sigue la matanza de líderes sociales y el acoso permanente contra las comunidades afrodescendientes e indígenas Awá, que ahora ya no solo afectará a esta etnia del lado colombiano, también a estos aborígenes de Ecuador, por donde avanzan impresionantes operaciones militares en busca de alias Guacho, el cabecilla del frente Oliver Aldana Sinisterra de las disidencias de las Farc, señalado de matar al grupo periodístico del diario El Comercio la semana anterior, luego de su secuestro el pasado 26 de marzo.

Los dirigentes del consejo comunitario señalaron que la situación es de tanta tensión que la gente está encerrada en sus casas en una especie de confinamiento y en permanente riesgo, por eso la Diócesis de Tumaco, a través del vicario Arnulfo Mina, ha pedido a la Fuerza Pública y a la vez a los grupos armados ilegales que respeten la vida de los civiles.

En Nariño por parte de las autoridades departamentales, si bien se han hecho pronunciamientos frente al peligro de las operaciones militares, no se ha mostrado contundencia para buscar la protección de las comunidades vulnerables, simplemente se escuchan lloriqueos y ofrecimientos de perdón a los ecuatorianos por un conflicto que supuestamente no es de ellos, cuando se ha demostrado negligencia de los gobiernos de ese país por reconocer y luchar contra el flagelo del narcotráfico que desde hace mucho tiempo se les metió en su territorio y solo reaccionaron ahora, cuando el problema los tocó de frente.

No olvidemos que estas disidencias operan en la zona de frontera común y protegen el tráfico de drogas que manejan los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco.

No se han sentido las voces de los congresistas nariñenses recién electos, como si esta crisis no fuera con ellos. Claro que no extraña, porque históricamente nos tienen acostumbrados a su indiferencia o a sus posiciones tibias. 

Reclamamos del Gobierno Nacional acciones efectivas y puntuales para que el escalamiento de este conflicto no conlleve a una nueva emergencia humanitaria y por eso es urgente la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU y las ONG defensoras de los derechos humanos. En este caso Tumaco necesita la solidaridad mundial, porque vuelve a convertirse en un polvorín.

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