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Domingo, Agosto 27, 2017 - 16:33

Los temas que importan a una Colombia democrática en paz sustentan que la construcción y consolidación de la paz, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para fortalecer el pluralismo, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es decir que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción.

Se supone que para lograr este objetivo es la Reforma Política y Electoral que cursa en la Cámara de Representantes. Pero esta parece diseñada para contrariar lo expresamente establecido en los acuerdos.

Es así como el origen del Consejo Nacional Electoral continúa siendo político. Este es un sistema que ha fracasado pero que sirve a las posibilidades de injerencia de la política en la administración de justicia desde la Constitucional en adelante.

¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en la administración de justicia permeada de política? El dilema de Colombia es claro: O continuamos con la influencia política en la administración de justicia, o se instaura un riguroso, objetivo y público sistema meritocrático en el que nuestros magistrados y consejeros lo sean en función de su competencia, experiencia, de su idoneidad moral y académica medida a través de concursos honestamente llevados a cabo por universidades respetables.

Lo mismo deberá suceder con la administración pública y los organismos de control. Solo la meritocracia puede impedir que a la jefatura, por ejemplo, de la unidad anticorrupción más alta en la Fiscalía, lleguen personas corruptas. Solo la meritocracia puede salvarnos.

Ella sí que significa inclusión política pues es el instrumento para darle aplicación práctica en el acceso al servicio público del principio constitucional de la igualdad de oportunidades.

Se necesita un candidato (a) a la Presidencia de la República, uno por lo menos, que haga de esta, a todos los niveles del Estado, una de sus dos o tres banderas ideológicas, programáticas, más importantes, pues detrás del reclutamiento meritocrático está la puesta en práctica del principio constitucional burlado en gran medida hasta ahora, de igualdad de oportunidades para todos. Pero así mismo para el Congreso.

Es  degradación de la democracia que los candidatos, en gran número, son de los contratistas y no de los partidos y ni siquiera de sus propias organizaciones políticas, lo cual se agrava gracias al voto preferente, que impide el fortalecimiento de los partidos y que ha llevado el costo de las campañas a sumas irracionales.

Cada candidato se ve obligado a gastar lo que debería costarle la campaña entera al partido. Esos contratistas obviamente esperan su retribución en el futuro, como la han tenido en el pasado, porque lo que han hecho es una inversión como cualquiera otra. Y todo lo anterior para no hablar de la presencia en la actividad política de dineros ilegalmente obtenidos como los provenientes de grupos al margen de la ley.

Por otra parte, el actuar con criterio político en las decisiones que deben ser jurídicas es una forma de corrupción porque implica por parte de los magistrados y consejeros que tienen esta debilidad, estar al servicio de los intereses de sus electores, es decir, de quienes los postulan y de quienes los eligen en el Congreso, y no al servicio de la Constitución y de la ley.

El origen político conduce a la corrupción que implica, llegado el momento, en casos relativamente fáciles jurídicamente pero muy difíciles políticamente, desconocer el ordenamiento jurídico por complacer al poderoso. Financiación privada, voto preferente y origen político de los jueces, es la puerta de entrada a la corrupción.

La posibilidad de tener candidatos por firmas es actualmente una especie de vía de escape de la asfixiante olla a presión del sistema clientelista que nos oprime. El proyecto de reforma conduce a eliminarla.

Las firmas ofrecen opciones diferentes de liderazgo político, liderazgo que con frecuencia se ve ahogado por el umbral que deja sin representación en el Senado a estos movimientos cuando no llegan al 3 por ciento del censo electoral que hoy asciende a 35.612.041.

Ese 3 por ciento --1.068.361 votos-- es evidentemente excesivo e impide cumplir con lo pactado en los Acuerdos de Paz cuando dicen: “La construcción y consolidación de la paz… requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. Pero de esto no se ocupa el proyecto de reforma.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez

 

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