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Domingo, Abril 22, 2018 - 15:28

El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

El pasado 31 de enero el World Justice Project (WJP), publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal.

En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder. 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante.

Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

Si bien no hay estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión. 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas. 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.

Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles.

Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

Ante tal problemática, falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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