Opinión

El miércoles 8 de marzo se llevó a cabo la sesión  del Senado para el debate primordial de la JEP. Fue algo vergonzoso, como en primera página tituló El Espectador. No hubo quórum, varios senadores se declararon impedidos, y hasta vocabulario soez, como el del senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático contra dos representantes de Voces de Paz.

Esta actitud del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas, nos pone a pensar que por encima del interés nacional están los puestos burocráticos, razón por la cual el Congreso  dilata la discusión de uno de los proyectos más importantes para el afincamiento de la paz acordada en La Habana.

Mientras en el exterior miran con admiración a Colombia por lo que significa poner fin a 50 años de guerra en un país desangrado, con más de 6 millones de víctimas, entre los cuales se encuentran los niños, además de huérfanos, viudas, familias desintegradas, el campo abandonado y una prole de bebés con futuro incierto, y todos los horrores de una guerra, el Congreso de la República de Colombia dilata el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque al decir de un congresista, “Los de la U y los conservadores tienen parado el debate mientras se les resuelve el tema de puestos” (Alfredo Molano J. El Espectador, 9 de marzo).

Cabe preguntarnos si por encima de los intereses nacionales están los puestos burocráticos, o si el porvenir del país hay que pagarlo con la “mermelada”. ¿Qué dirán las generaciones que nos siguen? O ¿se dilata el debate porque las bancadas, incluyendo las gobiernistas, tienen intereses electorales prioritarios para ellos? ¿Es que la Justicia  Especial tiene precio burocrático? O ¿en las elecciones venideras  temen perder la clientela de los sectores reaccionarios y de ultra derecha? ¿En qué queda el gobierno Santos con semejante proceder de su bancada?

Afortunadamente, y de pronto por  presión de la opinión pública, el pasado lunes 13, quedó aprobada en el Senado la Justicia Especial para la Paz, la cual nos proponemos analizarla en esta columna en las próximas semanas con sus alcances constitucionales.

Opinión por Carlos Álvarez.