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Martes, Agosto 7, 2018 - 16:51

“No conocía en absoluto la existencia de esa red, me enteré por los medios de comunicación, y como cualquier ciudadano pido que se esclarezcan estos hechos”.

Estas fueron las palabras del gobernador de Nariño, Camilo Romero, luego de que su nombre se viera involucrado en el escándalo destapado por la Fiscalía sobre una red de ‘chuzadas’ que operaba en tres ciudades del país.

El mandatario aseguró que este tipo de comportamientos van en contra de su actuar como gobernante, y manifiesta que ha obrado de manera transparente con un modelo de gestión participativo.

“Estos son los costos de la democracia finalmente en este país, estamos haciendo una acción pública transformadora desde nuestro nuevo gobierno, cosas que solo se hacen en este sur. Tenemos el gobierno más participativo en la historia de Colombia”, manifestó el mandatario.

En una rueda de prensa Romero aseguró que lo único que conoce de estos hechos es un audio de las declaraciones de la Fiscalía en la imputación de cargos de los capturados adelantada en Cali.

“En este audio el fiscal menciona que -hay unos temas políticos, se menciona a un Camilo, que podría ser el gobernador del departamento de Nariño-, lo primero que hay aclarar es que es inconcebible pensar que el gobernador de Nariño pueda estar involucrado en tema de tal calado y tal magnitud”, indicó.

Romero pidió a la Fiscalía que se investigue y que “se aclare lo que se tenga que aclarar”.

“Se ha interpretado que yo soy cliente de esta red ilegal. Esto no tiene lógica alguna, no cabe dentro del talante nuestro, ni de lo que estamos haciendo”, indicó el mandatario.

El gobernador mencionó que él fue víctima de este delito mientras se desempeñaba como senador entre los años 2010 y 2012.

“Lo que es comprobable y verificable es lo que les estoy diciendo, chuzado e interceptado desde cuando fui senador de la República, amenazado ahora de muerte, entonces reitero, no cabe la posibilidad de que esté involucrado en esto”, precisó.

Frente a la posibilidad de que estos señalamientos sean un intento de enlodar su nombre, el mandatario asegura que en el contexto político que se vive actualmente puede ocurrir cualquier cosa.

“A esta altura ya no sé qué pensar, con chuzadas y amenazas, he intentado hacer un ejercicio de gobierno distinto. Me reuniré con mis abogados, pues he tenido una conducta absolutamente clara frente a las investigaciones que adelanta la Fiscalía”, aseveró.

 

De una sola pieza

“Nosotros hemos sido claros frente a las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Mi abogado es un hombre que todos pueden conocer, el Dr. Gerardo Barbosa. Yo he salido del país muchas veces, y todo lo hemos notificado a la Fiscalía y a la Corte Suprema”, dijo el gobernador.

El mandatario manifiesta que se ha reunido en diferentes ocasiones con su abogado para tratar temas sobre la investigación que la Fiscalía adelanta en su contra, por irregularidades en un contrato de licores.

“Hemos tenido una conducta transparente con las autoridades. Nosotros hemos trazado una línea de defensa con mi abogado, él me notifica cada paso que da frente al proceso que llevamos a cabo. Si requerimos algo, lo hacemos a través de los protocolos establecidos”, puntualizó.

 

¿Qué hay detrás?

Frente a la posibilidad de que este hecho se trate de un falso positivo judicial, en donde terceras personas estén intentando manchar su nombre, el gobernador manifiesta que hasta ahora no puede precisar qué hay detrás de toda esta situación.

“La garantía plena que puedo darle al pueblo colombiano es que el gobernador de Nariño no puede estar involucrado jamás en un hecho como este. No conozco en absoluto la existencia de esta red, me enteré por los medios de comunicación y por supuesto como cualquier ciudadano, pediré que se esclarezcan estos hechos”, agregó.

Se refirió además de la investigación que adelanta la Fiscalía contra él, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores en 2016.

“Quiero dejar claro que no hay ningún vínculo entre la investigación que tengo en la Fiscalía y esta red ilegal de interceptaciones. Lo que sí me preocupa es que nos mencionen como ‘clientes’, eso no corresponde a lo que he demostrado en mi vida política”, indicó.

 

Las pruebas de la Fiscalía

Luego de la imputación de cargos llevada a cabo en Cali en contra de los excoroneles en retiro Carlos Andrés Pérez y Jorge Humberto Salinas Muñoz, la exfuncionaria del MinTic María Alicia Pinzón y el mayor en retiro de la Policía, Luis Mesías Quiroga, se conocieron las pesquisas que llevaron a la Fiscalía a iniciar esta investigación.

Según los datos de la Fiscalía, el delegado de esa entidad ante la Corte Suprema que estaba a cargo del proceso en contra del gobernador de Nariño Camilo Romero, prendieron las alarmas de las autoridades.

El rastro que siguieron los investigadores los condujo hasta Carlos Andrés Pérez, el cual en ese entonces se desempeñaba como jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, cuyo mandatario es Ricardo Romero, padre del gobernador.

Según los reportes de la Fiscalía, una de los integrantes de la red de interceptaciones, la cual laboraba con el seudónimo de ‘Mari’, era capaz de interceptar cualquier teléfono y de violar toda contraseña.

Se trataba de María Alicia Pinzón, exfuncionaria del Ministerio de Tecnologías y Comunicación, y según datos de la Fiscalía, la mujer creó un programa que era capaz de hackear cualquier cosa.

La mujer decidió colaborar con la Fiscalía y ofreció entregar información sobre sus víctimas y clientes. 

La red cobraba entre 750.000 pesos y diez millones por paquetes de interceptación de teléfonos, correos electrónicos, mensajes de whatsapp, telegram o Messenger.

 Permitió la captura de cuatro involucrados, tres exmilitares y una civil, que este domingo no aceptaron los cargos imputados.

En los allanamientos llevados a cabo por la Policía se encontraron carpetas con los listados de clientes, los cuales incluiría desde políticos en busca de información sobre procesos judiciales, agentes del Estado tras datos para sus procesos, empresarios y directivos de empresas en labores de inteligencia contra sus empleados o la competencia, y particulares que querían saber sobre la fidelidad de sus parejas.

La Fiscalía señaló que en un audio del primero de noviembre del año pasado se estaban refiriendo a la existencia de investigaciones contra el alcalde de Ipiales y el gobernador de Nariño.

 

El caso Guatibonza

Otro de los nombres que se vio salpicado por este escándalo es el del exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá, Humberto Guatibonza, quien habría solicitado los servicios de la red de interceptaciones ilegales que la Fiscalía destapó el pasado fin de semana.

La Fiscalía citó a interrogatorio al general en retiro Humberto Guatibonza Carreño, para que explique cuál habría sido su participación en la organización de interceptaciones ilegales.

Según el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el exdirector habría solicitado los servicios de la red, pero que no hizo parte de ella.

“El fiscal de conocimiento llamó a interrogatorio, con abogado, al exgeneral de la Policía Guatibonza, para que dé cuenta de las conductas que se le han podido advertir y que han confirmado miembros de esta organización en el curso de las últimas horas”, indicó Martínez.

El funcionario agregó que se tiene la lista de los clientes de esta red y que serán llamados a interrogatorio, pero sus nombres no serán revelados porque hacen parte de la compleja investigación.

“Estamos hablando de civiles, empresarios, agentes del Estado, políticos, personas privadas de la libertad y gente que en sus relaciones afectivas empiezan a hacerles seguimientos a sus parejas”, sentenció.

Además dijo que “son actividades criminales que ofenden la privacidad de los ciudadanos y, por eso, hay que combatirlas con toda determinación”.

Hasta ahora no se conoce fecha en la que podría ser llamado a indagatoria el exdirector de la Policía, sin embargo este indicó que tiene la intención de explicarles a las autoridades su vínculo con esta red.

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