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Martes, Febrero 12, 2019 - 10:48

Frente a la problemática suscitada ante la presunta estafa de que fueron objeto varios periodistas del departamento de Nariño al no cancelarles la pauta publicitaria por parte de la Gobernación de Nariño, los diputados del departamento señalaron que la Administración seccional tomó una actitud permisiva.

Los consultados señalaron que la Gobernación de Nariño debe realizar un seguimiento a este tipo de contrataciones y que lógicamente es su deber cancelar los dineros a los afectados.

Ante esta situación los diputados señalaron que no se puede dejar a un lado esta situación y es por eso que en las sesiones ordinarias de marzo será un tema que tiene que ser analizado a profundidad. Por consiguiente se invitará a quienes están inmersos en este asunto para que presenten un informe detallado de este contrato.

Por lo pronto en el limbo quedaron, momentáneamente, los pagos por pauta publicitaria a diversos canales, impresos y emisoras de Nariño por cuenta de la negativa de la firma Group Integral Multiservise SAS de desembolsar los recursos que le giró la Gobernación del departamento como operador de medios para el segundo semestre de 2018.

En su momento el Centro de Comunicaciones de la Gobernación señaló que pese a realizar el pago del 68% del total del contrato, suficientes para que la firma saldara los 6 meses previstos en el acuerdo, solo desembolsó los recursos por conceptos de pauta de julio, agosto y parcialmente septiembre.

“Ante el incumplimiento del contrato por parte de la firma Group Integral Multiservise SAS identificada con NIT 900522196-1, el jefe de Prensa de la Gobernación de Nariño, Juan Ignacio Rosero, como supervisor del contrato 1278-18, se ha visto en la necesidad de buscar métodos alternativos de solución, que permitan el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista con respecto a los medios de comunicación y periodistas”, recalcó la Gobernación.

Señaló además que el representante legal de esa organización, Andrés Figueroa González, en dos oportunidades, una con el propio mandatario departamental, se comprometió a ponerse al día con sus compromisos económicos. Sin embargo, no ha hecho el desembolso de octubre, noviembre y diciembre.

“Argumentó que se pondría al día en el pago de los dineros correspondientes al plan de medios el 20 de diciembre. Promesa que también fue incumplida. La firma Group Integral Multiservise SAS y su representante legal Andrés Figueroa González son los únicos responsables por el incumplimiento a satisfacción del contrato 1278-18, correspondiente al plan de medios”, añadió la Gobernación.

 

Actitud permisiva

 

Al respecto el diputado Juan Daniel Peñuela aseveró que la Gobernación debe estar pendiente del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los contratos suscritos con cada uno de los contratistas.

“En el caso específico del operador que fue contratado para la ejecución del plan de medios de la Gobernación, veo que esta Administración ha tenido una actitud bastante permisiva, en donde se han demorado en activar las pólizas que garanticen el cumplimiento del contrato. Este tipo de situaciones son las que conllevan a que el tiempo pase y quienes han sido contratados por parte del operador no dan respuestas satisfactorias al pago del servicio que ellos prestaron”, indicó.

“Parece que la responsabilidad no solamente es del operador sino de la Gobernación, porque se debe realizar un seguimiento y una vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del operador y se observa que no ha sido rigurosa en esta actividad”, apuntó Peñuela.

Es un tema que en las sesiones ordinarias en marzo será abordado por la Asamblea, pues es necesario realizar el control político para identificar si la Gobernación está cumpliendo con sus obligaciones. Además vigilar toda la trazabilidad de los distintos contratos que suscribe la Administración seccional con el propósito de verificar si se está llevando a cabo la debida supervisión y vigilancia a los distintos contratos que tiene la Gobernación, apuntó.

 

Análisis profundo

 

El diputado Andrés Zúñiga manifestó que aunque no se tiene claridad en cuanto al tema existe un personaje que se ganó a través de un proceso de selección objetiva el manejo del plan de medios.

“Sé que la Gobernación ha tratado de dialogar con esta persona para que los medios a los cuales se les adeuda algunos recursos, tener la posibilidad de que se les entreguen a la mayor brevedad lo pactado, puesto que por su culpa desconociendo las causas a muchos de los medios y periodistas no se les ha cumplido”, dijo Zúñiga.

“Aspiramos que se tomen las cartas en el asunto y que en la medida de las posibilidades se tomen las medidas para hacer efectivas las pólizas si el contratista sigue incurriendo en el incumplimiento del contrato”, indicó.

Reiteró que se tiene previsto en las sesiones ordinarias de la Duma para que el jefe de la Oficina de comunicaciones dé las explicaciones del estado actual de este proceso y cuáles son las acciones que ha tomado la Gobernación. El fin es que no se vean afectados los medios y los periodistas que no han podido contar con los recursos que se pactaron por medio de la pauta.

 

Administración debe responder

 

El diputado Sergio Muñoz expresó que es un tema que se ha venido ventilado ante la opinión pública  y que por supuesto debe ser abordado por la Asamblea de Nariño.

Muñoz manifestó que la Gobernación tiene un grado de responsabilidad puesto que desde el Departamento de Contratación debe cumplir con unos requisitos para esta clase de contrataciones para que las personas con quien se contrate cumplan con esos requerimientos.

“No se puede ir contratando con cualquier persona sin que tenga la experiencia suficiente, con consorcios que se forman a última hora y que solo buscan sus intereses personales sin importar quedar mal con la contratación.

“Como Corporación debemos hacer el respectivo control político y buscar las soluciones para que se cumpla lo pactado. Es complicado que se contrate con personas que no se conocen, sin tener en cuenta si reúnen las condiciones para que preste un buen servicio y más aún cuando se lleva la platica de la gente que ha trabajado y en realidad la necesita, situación con la cual no estamos de acuerdo, por lo tanto haremos todo lo posible para que las cosas se esclarezcan y obviamente los responsables tienen que responder por sus actuaciones”, aseveró.

 

Cumplir obligaciones

 

“Soy partidario que las obligaciones, en este caso de la Gobernación, deben cumplirse tal y como reza en los contratos que se firmaron lo mismo que pasa con los particulares”, señaló el diputado José María Moncayo. Manifestó que las obligaciones legalmente contraídas entre una entidad pública, ya sea con particulares o con entidades, deben cumplirse a cabalidad.

“Uno no se puede exponer a que por una situación de descuido se pueda generar unas sanciones a la entidad a la cual uno está representando y mucho menos que se generen esta clase de casos como los que hoy lamentablemente se presentan y que son de conocimiento de la opinión pública”, indicó.

Moncayo añadió que no se puede afectar a unas personas que viven de una labor diaria en la cual se esfuerzan día a día. Con estas actuaciones se perjudica a muchas familias que dependen de esta actividad.

Manifestó que ante esta situación pedirá que se rinda un informe ante la Asamblea y de ser posible se tenga acceso a los contratos para analizarlos en las sesiones extras. De igual manera invitar a quienes están perjudicados para llegar hasta el fondo y encontrar a los responsables.

 

Realizar seguimiento

 

El diputado Leonel Sánchez aseveró que cuando no se cumple con un objeto específico en un contrato es más que necesario hacer un seguimiento por parte de la Asamblea de Nariño.

“Se tiene que verificar a fondo cuál es la problemática de esta actuación y de este modo mirar cómo se solucionará este inconveniente que afecta a muchos periodistas de la región”, expresó.

Agregó que la parte jurídica sería la que definiría la cancelación de los dineros. “Es una situación grave, pienso que la Gobernación debería cancelar estos contratos por obvias razones. Desde la Asamblea se tiene que hacer el llamado tanto al contratista como al contratante para escuchar los puntos de vista de esta problemática y desde ahí buscar las soluciones”.

Dijo que la Administración seccional debe ser responsable y proceder a cumplir estos contratos. “Entiendo que hubo una subcontratación y no se han hecho los pagos correspondientes. Me pregunto si no se cumplió con el objetivo del contrato. Son dudas que deben ser despejadas por parte de la Gobernación y de su departamento jurídico”.

 

Craso error

 

Guillermo Díaz manifestó que fue un error por parte de la Administración haber contratado un operador que no generó confianza.

“Pienso que de una forma irresponsable se llevó los dineros que le correspondían a los periodistas de los medios de comunicación, dejando en dificultades en plena época navideña y sobre todo con muchas responsabilidades con los gerentes de las empresas de los medios periodísticos”, expresó.

“Es importante que se adelante una investigación penal contra este operador porque prácticamente se extraviaron recursos del erario público departamental y son dineros que le corresponden al Estado”, añadió.

Manifestó que el gobernador debe realizar un traslado presupuestal para cumplir con el pago a los periodistas, además que se castigue al operador que en forma abusiva se apropió de los recursos.

 

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