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Lunes, Diciembre 4, 2017 - 10:35

La reforma política y electoral era uno de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las Farc en La Habana y de su trámite desentenderían algunas de las reglas que se aplicarían en las elecciones del 2018.

Para ello el Gobierno radicó un proyecto de reforma constitucional que recogía cambios en materia electoral que fueron debatidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, la cual no fue aprobada en esta última corporación.

A continuación algunas de las iniciativas que recogía esta reforma y que no fueron aprobadas por el Congreso.

Voto obligatorio

Una de las principales modificaciones es que si un ciudadano quiere acceder a un cargo público tiene que acreditar haber votado en las elecciones anteriores a la postulación.

“La participación en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado”, rezaba la idea, que generó un duro debate en el Congreso.

En pasadas reformas políticas se ha propuesto el voto obligatorio para todos los ciudadanos, pero se han impuesto las voces en contra de esta propuesta.

Rendir cuentas

Otra de las modificaciones en el texto que se propuso para estudio de la Comisión Primera de Cámara y Senado era que así como las campañas electorales tienen que rendir sus informes de cuentas de lo que gastaron, los aportantes a las mismas también.

En ese sentido se proponía que los particulares que hagan contribuciones, “de cualquier naturaleza”, a partidos, movimientos políticos o campañas electorales “también están obligados a rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destino de ellas”. Significaría que los empresarios privados y los ciudadanos que hagan contribuciones a las campañas tendrán que informar a las autoridades electorales cuánto dieron, para qué era y de dónde provinieron esos recursos.

Listas cerradas

De igual forma se proponía que las listas cerradas a Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales se aplicaran desde el 2022.

Esto se traduce en que para las elecciones de Congreso de 2018 las planchas de los partidos serían abiertas, es decir, que los ciudadanos podrán escoger al candidato de su preferencia.

Este fue uno de los puntos polémicos del proyecto original, ya que varios partidos argumentaron que era “muy difícil” implementar mecanismos internos de selección de candidatos para las listas cerradas para las próximas votaciones y por ello se propondrá aplazar la regla para 2022.

Reforma al Consejo Electoral

Una de las propuestas tenía que ver con cambios en las funciones y en la manera de elegir al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad criticada por algunos sectores por su origen político.

Sobre esto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo en su momento que el nuevo órgano, que se llamaría ‘Consejo Electoral Colombiano’, tendrá “las mismas funciones del actual, pero también otras competencias jurisdiccionales”.

En ese sentido el texto proponía que la nueva entidad sancione todas las faltas de los partidos y de las campañas políticas, algunas de las cuales están hoy en cabeza del Consejo de Estado.

En la propuesta la manera de elegir al CNE también cambiaría. Tres magistrados serían elegidos por el Presidente; tres, por los presidentes de las altas cortes, y tres por el Congreso. Hoy día los nueve son designados por el Legislativo.

Voto desde los 16 años

Esta iniciativa consideraba que cada joven desde los 16 años pueda ejercer el derecho al voto. Según el Gobierno esto incrementaría la participación política de los jóvenes y haría crear consciencia democrática.

Diferentes sectores aseguraron que esto puede ser contraproducente porque los jóvenes no se encuentran educados en política y son maleables, lo cual podría tener oscuras consecuencias para el país. Otros afirmaron que sería la oportunidad de crecimiento democrático para los menores.

Financiación de las campañas políticas

En este punto de la reforma política el Estado se encargaría de pagar las campañas políticas de todos los candidatos.

Aunque la mayoría de campañas se financian con anticipos y reposición de votos, lo ideal para el gobierno era que este sea plasmado en las campañas de los candidatos al Congreso. Con esto se evitaría la entrada de dineros inescrupulosos, pero para muchos se podría traducir en un mayor gasto de impuestos para los colombianos.

“Hoy en día las campañas sin control, sin listas cerradas, sin herramientas para perseguir el ingreso de dineros a las campañas, obviamente manejan cifras de financiación de campañas infinitas y al no poder circular dinero en efectivo a las campañas el Estado financiaría las listas de los partidos”, aseguró en su momento el Mininterior.

Eliminar la Vicepresidencia de la República

Uno de los puntos que más controversia política generó es el de la eliminación de la figura de vicepresidente.

Desde el Gobierno proponían que se elimine esta figura y se recupere la de "designado presidencial" que se manejó hasta 1991. Según Mininterior esta figura le habría dado más seguridad y tranquilidad al país en temas democráticos que la de un vicepresidente.

Aumento a 5 años de los periodos presidenciales

La propuesta contemplaba un aumento de periodo presidencial de 4 años a 5. Desde el Gobierno señalaron que las modificaciones no cobijarían al actual presidente, sino que se aplicarían al mandatario que sea elegido en los comicios del 2018. La ampliación de los periodos no solo sería para el presidente, también aplicaría para cargos de elección popular como gobernadores y alcaldes.

La justificación del Gobierno era la siguiente: cuatro años resultan ser pocos para desarrollar cualquier gran proyecto en el ámbito municipal, gubernamental o nacional. Pero esta reforma no solo se aplicaría a entes gubernamentales, el proyecto también contemplaba al fiscal general de la nación, contralor, procurador y defensor del Pueblo. Este punto también eliminaría la figura de la reelección.

Otras iniciativas

Además se tenía otra reforma como no más curul vitalicia, por lo cual nadie podrá ser elegido por más de dos periodos consecutivos en corporaciones públicas, poniendo fin al círculo vicioso de la reelección indefinida.

Se proponía que la edad requerida para ser senador bajara de 30 a 25 años y para ser representante pasara de 25 a 21 años.

Se crearían incentivos para una mayor participación de jóvenes y mujeres. Un 10% de la financiación estatal se distribuirá de manera proporcional al número de mujeres inscritas como candidatas en las listas y otro 10% en función del número de jóvenes inscritos.

 Se promoverían soluciones tecnológicas para que todos los colombianos puedan votar. Se implementará la inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior.

Se les prohibirá a las campañas contratar transporte de electores para la fecha de las elecciones y actos y manifestaciones públicas.

Decisión sorprendente

El representante a la Cámara Berner Zambrano señaló que lamentablemente esta iniciativa era una propuesta que tenía muchos puntos importantes que habrían cambiado la forma de hacer política en Colombia.

“Realmente estoy sorprendido porque esta propuesta no tuvo una aceptabilidad en el Senado, a sabiendas que en la Cámara de Representantes hizo su curso sin novedades”, aseveró Zambrano.

En la cuestión de las 16 circunscripciones especiales para las víctimas fue un punto que era necesario incluir, para que este grupo poblacional también tuviera su representación en estas corporaciones junto al nuevo movimiento político de las Farc.

“No entiendo cómo los partidos políticos no respaldaron estas iniciativas después de apoyar durante tanto tiempo al Gobierno nacional, no respalden la reforma que de alguna manera ayudarían a respaldar los acuerdos de paz”, puntualizó Zambrano.

No tenía futuro

“Pienso que existían muchos intereses personales de los senadores para dejarla caer, puesto que estamos cerca a un proceso electoral y se notó que esta situación influyó para que se archivara este proyecto”, apuntó el vicepresidente de la Asamblea de Nariño, Sergio Muñoz.

“En la reforma había temas que beneficiaban la actividad política, como el regular el tope de financiación a las campañas políticas, aspecto que continuará de igual forma, perjudicando a quienes hacemos nuestra labor de una forma seria y transparente, y estas seguirán saliéndose de sus límites presupuestales”, agregó.

 “La reforma como se la presentó tenía muchos puntos positivos, pero el aspecto que presentaba falencias era la lista cerrada, del cual muchos no éramos partidarios y que de alguna manera afectaba la forma de hacer política en Colombia”, afirmó Muñoz.

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