Platón había notado el peligro enorme que surge cuando llega al poder un pésimo gobernante. Al mismo tiempo, tuvo claro que a través de buenas leyes sería posible controlar con más o menos eficacia los daños ocasionados por ese gobernante, incluso destituirle.
El problema radica en que las leyes están sometidas, muchas veces, a la voluntad del gobernante de turno. En ocasiones, porque manda a base de trampas. En otros casos, porque cuenta con el apoyo de un congreso o un parlamento que cambia o acomoda las leyes según el gusto del tirano.
La idea según la cual “quien hace la ley hace la trampa” refleja una triste realidad: La de la fuerza de los ambiciosos que, sin escrúpulos, cambian lo que haga falta en las leyes o en sus aplicaciones para actuar según sus caprichos, intereses particulares o según ideologías agresivas.
Por eso resulta tan importante establecer mecanismos de control para que no lleguen al poder personas peligrosas, o para evitar al máximo los daños que podrían ocasionar si alcanzasen a gobernar. Por desgracia, ni los mejores mecanismos son suficientes para detener a un mal gobernante, porque esos mecanismos están en manos de hombres frágiles que pueden sucumbir al miedo o al soborno.
La historia humana está teñida de lágrimas y sangre provocadas por gobernantes ambiciosos, egocéntricos, egoístas, carentes del respeto a los principios básicos de la justicia y la verdad. Pero si la sociedad tiene un porcentaje muy alto de personas atentas y proactivas, dispuestas a reaccionar ante cualquier peligro de cambio de leyes a favor de gobernantes sin escrúpulos, habrá más espacio para actuar contra los tiranos.
Idealmente, las leyes tienen sentido porque defienden a los débiles, porque promueven bienes esenciales para la gente, porque garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales, porque asumen peticiones buenas que surgen del pueblo.
La realidad, sin embargo, está muy lejos del ideal. Porque hay leyes que son aprobadas por mayorías que solo buscan sus propios intereses.
Así, un congreso puede aprobar una ley que aumenta impuestos en productos básicos para que el gobierno pague deudas causadas por su pésima gestión y, por desgracia, para subir el salario (ya muy alto) de algunos funcionarios públicos. O puede aprobar otra ley que, sin basarse en necesidades y peticiones de la gente, permite el uso de sustancias psicoactivas que, a la larga, provocarán grandes daños en las personas y en miles de familias.
O puede ceder a las presiones ideológicas del partido que está en el poder para imponer a la sociedad una férrea censura que impide criticar al gobierno y ahogue el sano debate en la sociedad sobre temas en los que vale la pena escuchar opiniones diferentes.
En realidad, solo es correcta una ley cuando se basa en la justicia, cuando busca tutelar a los más débiles, cuando castiga adecuadamente la corrupción, cuando garantiza tanto la iniciativa privada como la necesaria protección de los trabajadores.
Desafortunadamente en el presente y en el futuro habrá malos gobernantes capaces de provocar mucho daño. Pero esperamos en Dios que también haya muchos funcionarios honestos y miles de personas de la calle dispuestas a defender buenas leyes que garanticen la justicia y la paz que tanto necesitamos.
