Se está conmemorando ayer domingo y hoy lunes los 37 años del holocausto del Palacio de Justicia – «toma y retoma»- y pese a algunas condenas en contra de integrantes de la plana mayor del Ejército de la época, y del acogimiento de algunos de estos militares a la Jurisdicción Especial de Paz, el caso sigue en la impunidad y no se conoce toda la verdad de lo ocurrido durante el holocausto del Palacio, la mayor tragedia vivida por la rama judicial y uno de los hechos que marcó la historia del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia.
Así lo establece el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a través de uno de los abogados de las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia, el cual advierte que de la línea de mando de la Fuerza Pública para la época, unos están muertos, y por supuesto no hablan, comenzando por el comandante en jefe, el presidente Belisario Betancur; el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, y el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, mientras los que están vivos han guardado silencio y no han contado la verdad plena de lo que pasó, ni donde están los que salieron sanos y salvos y no aparecen.
El pacto del silencio
«Treinta y siete años después de los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el Pacto de Silencio es el principal obstáculo para que las víctimas alcancen justicia», afirma.
Además, subraya, un aspecto preocupante es que la Fiscalía ha disminuido su actividad investigativa a partir de la entrada en funcionamiento de la JEP, e incluso se ha sumado a las voces negacionistas.
Recuerda que, para la época de los hechos, la extinta guerrilla del M-19 denunciaba la «traición» por parte del gobierno de Belisario Betancur del acuerdo de tregua suscrito en agosto de 1984, y por esta causa buscaba hacerle un juicio político en la Corte Suprema de Justicia bajo la proclama “Antonio Nariño por los derechos del hombre”.
Afirma que el Ejército conocía de los planes del M-19 y que de hecho, la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema de Justicia, planteó la hipótesis de “la ratonera”, esto es, que los altos mandos de las tropas permitieron intencionalmente la entrada de los 35 guerrilleros para posteriormente aniquilarlos.
Corte excepcional
Asegura que este despliegue de fuerza, sin embargo, no tuvo como objetivo salvaguardar la vida de los rehenes, más de 100, que se encontraban en el Palacio, sino obtener una victoria militar a toda costa, así como defender unos intereses políticos y económicos que se vieron amenazados por una Corte excepcional como fue la de aquella época.
Y puntualiza: La retoma del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas, culminó en graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de la alteración de la escena del crimen y la falsedad en documentos públicos, hechos probados por cuatro condenas penales contra militares involucrados y en la condena contra el Estado colombiano emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- que ordenó investigar y castigar a todos los responsables, así como reparar integralmente a todas las víctimas.
En materia de búsqueda, hallazgo e identificación de víctimas, aún está por establecerse dónde están los cuerpos de todas las desaparecidas y los desaparecidos del Palacio. 37 años después el pacto del silencio sigue siendo el principal obstáculo para que las familias encuentren a sus seres queridos.
