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Lunes, Diciembre 10, 2012 - 08:42

La carta suscrita por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Carlos Chaves Mora y por su similar de Ipiales, Harold Delgado Guerrero, develan que, en materia de lucha contra el contrabando, seguimos equivocando la estrategia. Para utilizar dichos propios de la jerga popular, diríamos que, en este campo, estamos buscando ‘el muerto río arriba’.

Estamos haciendo referencia a la oposición que ha hecho la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al reconocimiento oficial por parte de Colombia y Ecuador de una ‘canasta fronteriza’, es decir, a que se fije un monto máximo y un listado de productos de primera necesidad que los habitantes de la frontera común entre ambos países pueden transportar de un lugar al otro para su consumo.

Hasta ahora, el Acuerdo de Esmeraldas, suscrito por las dos naciones en 1990 y que, a decir verdad, mínimamente se ha puesto en práctica sus postulados, establece que ese techo presupuestal es de mil dólares, es decir, poco menos de dos millones de pesos. Para gusto de la Dian y su director, Juan Ricardo Ortega, debería ser máximo de dos salarios mínimos colombianos, o sea un millón 100 mil pesos, aproximadamente y, mejor aún, que no haya ninguna flexibilidad.

Cree la entidad colombiana que, con eso, podrá frenar de importante manera la práctica de un contrabando que crece con el tiempo en la frontera colombo-ecuatoriana, dejando en evidencia la poca efectividad de los organismos que, como la Dian, han sido creados precisamente para contrarrestar tamaño flagelo a nuestras economías.

No sabemos quién le habrá dicho al señor Ortega que los principales responsables del creciente volumen de productos que ingresan de manera ilegal a nuestro país son familias humildes que cruzan la frontera con el único afán de abastecer sus alacenas a un costo bastante menor que si compran los productos en su propio país o región. Por consideraciones como éstas es que tal vez nunca logremos poner en cintura a los grandes contrabandistas, porque estamos distraídos decomisando un panal de huevos.

Le podemos asegurar que ellos no son los que están golpeando sobremanera las economías de nuestras empresas con la práctica ilegal del contrabando, sino aquellos que, incluso, a plena luz del día, pasan con ‘tractomulas’ llenas de productos para cuya internación no han cumplido los requisitos que manda la ley. Para hacerlo, regularmente cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos que habiendo sido asignados para detectarlos y decomisarlos, no actúan en consecuencia y, como dice otro refrán popular, ‘se hacen los de la vista gorda’.

De lo contrario no podría explicarse, por ejemplo, por qué en tierras del Cauca o del Valle, en ocasiones son decomisados cargamentos de mercancías de contrabando representadas no sólo en alimentos sino también en combustibles y todo lo que pueda representar para sus responsables, jugosas ganancias una vez cumplido todo el proceso ilegal. Si llegaron hasta esos departamentos y su origen es Ecuador, necesariamente debieron pasar por el Puente Internacional de Rumichaca. ¿Qué pasó allí?. Es fácil imaginarlo.

Por eso compartimos y respaldamos la posición asumida frente al tema por los voceros principales de las cámaras de comercio de Pasto e Ipiales. Las dos entidades participaron en la ciudad fronteriza en un ejercicio de tres días, junto con otras instituciones y organismos de Colombia y Ecuador, convocadas por las respectivas cancillerías, para establecer los ajustes que deberán contemplarse en la redefinición de varios e importantes puntos del Acuerdo de Esmeraldas.

Uno de ellos es la reformulación de la canasta familiar, tema que por cuenta de la Dian corre ahora el riesgo de no quedar incluido en el nuevo pacto que firmen próximamente los gobiernos de ambas naciones. Si eso ocurre así, una gran cantidad de familias de humilde extracción, habitantes de la franja fronteriza, quedarán a merced de quienes según sea su estado de humor e interés y teniendo la autoridad para hacerlo, los dejen pasar o no con productos que perfectamente encajan en la canasta familiar fronteriza.

Mientras eso hacen, a pocos metros o delante de ellos, los contrabandistas de verdad estarán pasando la línea fronteriza con sus carrocerías o furgones llenos de productos que sí deberían ser decomisados por ser de contrabando. En lugar de hacer eso, como se lo sugieren las cámaras de comercio de Pasto e Ipiales, debería la Dian revisar su infraestructura técnica y humana pero, en especial, poner atención al tema de la corrupción en sus filas,  sin que con ello queramos decir que este mal afecta a todos sus funcionarios pero sí es evidente que, unos cuantos y en puestos claves, tienen mucho qué ver con el asunto.

Esperamos que el señor director reconsidere su posición sobre la canasta familiar fronteriza y entienda que este problema no se soluciona atacando a la población que tiene derecho a sacar algún provecho de vivir en una zona de frontera, al menos para abastecerse de productos de primera necesidad a un menor costo. Tampoco montando operativos en épocas de Navidad para exigir el cumplimiento de los requisitos de factura a los negocios que trabajan bajo la legalidad, cuando quienes lo hacen en la ilegalidad siguen haciendo de las suyas.

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