Implementan iniciativas de paz en los territorios

Wilson Ruiz, ministro de Justicia.

Con el fin de desarrollar y poner en marcha proyectos relacionados con promoción de la cultura de solución pacífica de conflictos, empoderamiento de los ciudadanos en derechos, deberes y prevención de las violencias; acercamiento con el funcionamiento de la justicia y la institucionalidad; y cultura de la legalidad, fueron seleccionadas 44 organizaciones sociales de 22 municipios Pdet en los que se implementa la estrategia de Modelos de Justicia Local y Rural.

La convocatoria, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Pnud y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - Unodc, y que cuenta con la financiación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se desarrolla en el marco del proyecto de Modelos de Justicia Local y Rural, una estrategia de gestión que permite formular e implementar acciones que respondan de manera pertinente a las necesidades reales de justicia de los territorios, garantizando el acceso efectivo a la justicia.

Entre los ganadores -seleccionados entre más de 300 postulantes por cumplir con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria- hay organizaciones de mujeres, de comunidades negras, de desarrollo social, cabildos indígenas, consejos comunitarios y juntas de acción comunal. Todas ellas recibirán un apoyo financiero de hasta 10 millones de pesos para la implementación de las iniciativas.

Los municipios en los que se desarrollará esta labor son los priorizados en el marco de los Modelos de Justicia Local y Rural: El Charco, Roberto Payán, La Tola y Santa Bárbara en Nariño; Carepa y Nechí (Antioquia); Buenos Aires, Caldono, Jambaló y Miranda (Cauca); Bojayá, Condoto, Nóvita y Unguía (Chocó); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); y Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez (Putumayo).

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó “para nuestra dependencia y nuestros aliados este proceso es un gran logro, pues permitirá de manera conjunta y articulada con actores locales y comunidades, promover la cultura de la legalidad y empoderar a la sociedad civil en derechos, deberes y rutas de acceso a la justicia”.

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