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Sábado, Abril 17, 2021 - 11:40

La Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Nordeste Antioqueño y la Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios, quiere solicitar la no aprobación del Proyecto de Ley 059 del año 2020, además de realizar varias modificaciones en beneficio de todos los mineros del país y anunciar la posibilidad de iniciar un paro regional y nacional en caso de no ser escuchados.

El comunicado de la entidad doce: Tras la presentación del Proyecto de Ley 059 del año 2020 hecha por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Nordeste Antioqueño y la Asociación Mesa Minera Segovia- Remedios se permiten informar a los medios de comunicación y opinión pública que:

1. Rechazamos el proyecto de ley 059 de 2020 porque, si bien se pretende aumentar las penas por el desarrollo de las actividades mineras ilegales, afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia, en la medida en que, por carecer de un título o contrato de concesión, se les asimila a mineros ilegales, desconociendo su naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad que sobre esos territorios por ellos ocupados se les reconoce aún en numerosos instrumentos internacionales.

2. Pedimos la construcción de una política pública minera y la formalización de la actividad minera de subsistencia, de manera que se proteja a los más de tres millones de mineros ancestrales y tradicionales a nivel nacional, quienes derivan el sustento y garantizan la seguridad alimentaria de sus familias mediante la actividad minera ancestral. Reconociendo que en su gran mayoría estos barequeros hacen parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las que gozan de una especial protección constitucional, reconocida en numerosas sentencias de la Corte Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT.

3. Solicitamos la caracterización de las comunidades mineras ancestrales y tradicionales de los territorios, respetando la vocación de los mismos que diferencie la minería ancestral y tradicional de la verdadera minería criminal, la que condenamos desde todo punto de vista.

4. Exigimos el respeto de los derechos humanos de las comunidades mineras ancestrales, de acuerdo al artículo 2o de la constitución política, teniendo en cuenta que las comunidades vienen realizando esta labor desde mucho antes de la época de la colonia.

5. Invitamos a que exista una cesión de títulos en posesión de empresas privadas y multinacionales, a las cuales el gobierno ha dado prioridad, fomentando la monopolización de la extracción de recursos naturales y promoviendo la formalización a través de la cesión de áreas, desconociendo los derechos que les asisten sobre el suelo y subsuelo de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan y ocupan esos territorios.

6. Solicitamos reconocer la actividad minera ancestral y tradicional como una actividad económica legítima, y que en virtud de ella, se fomente y garantice el acceso del minero ancestral o barequero a los servicios del sistema bancario y financiero, a quienes hoy se les impide su acceso por la estigmatización que el propio Estado Colombiano ha hecho de la actividad del pequeño minero, como del minero de subsistencia, considerándola como una actividad criminal y asociada al narcotráfico y a las bandas criminales.

7. Exhortamos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a flexibilizar y agilizar los procesos de formalización de los pequeños y medianos mineros titulares para cumplir de manera oportuna las exigencias ante los entes gubernamentales con la posibilidad de expandirnos a nivel internacional.

8. Reclamamos el reconocimiento de las actividades de Chatarreros y Chatarreras como fuente de ingreso principal de hombres y mujeres cabezas de familia que incluyen comunidades indígenas, afro, personas con movilidad reducida y adulto mayor.

9. Requerimos que se apruebe por el Congreso de la República una legislación acorde con la realidad, la naturaleza y la historia de estas comunidades mineras, esencialmente constituida por población afrodescendiente e indígena, la cual tenga como pilar fundamental la formalización e inclusión en la legalización de mineros ancestrales y tradicionales con políticas equitativas desde el reconocimiento social y cultural de la explotación minera en el territorio colombiano por medio de una caracterización.

10. De no encontrar una respuesta que atienda a las peticiones nos veremos obligados a realizar una movilización nacional para reclamar por el reconocimiento y formalización de mineros ancestrales y tradicionales, por lo que invitamos a todos los barequeros y pequeños mineros del país, a los integrantes de todas las Mesas Mineras del país, conformadas principalmente en los antiguos territorios nacionales, en el Pacífico, en el Bajo Cauca, Antioquia, Sur de Bolivar, a mantenerse alerta para unirse a esta lucha pacífica por nuestros derechos.

Dania Alejandra Marín, fundadora de la Asociación de Chatarreras de Segovia y Remedios.

Jaime Gallego, presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios y presidente de la Mesa Mineroagroambiental de la Subregión del Nordeste Antioqueño.

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