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Diario del Sur

Lunes, Junio 3, 2013 - 10:23

Es complicada la situación de seguridad del Instituto de Protección El Santo Ángel, el único centro de internamiento de menores de edad infractores que existen en el departamento de Nariño, pero de donde son continuas las evasiones que ponen en tela de juicio los controles.

La semana pasada 7 adolescentes huyeron de este centro y tras la reacción de las autoridades a través del Grupo de Reacción Inmediata de Bienestar, Grib, fueron recuperados 3 que nuevamente están en custodia. Sin embargo, frente a este hecho el mismo director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Héctor Fabio Quiroz Ordóñez, puso el dedo en la llaga y cuestionó la seguridad del Santo Ángel, a sabiendas que es la entidad responsable de tal menester.

Las evasiones cada vez son más continuas y en sólo este año se han producido tres más de adolescentes que están comprometidos en casos de hurtos agravados y homicidios. Uno de estos es sindicado de 16 muertes violentas, y por fortuna ya fue recuperado tras una operación que desplegó la Policía en el municipio fronterizo de Ipiales para desmantelar a la banda de los Puetate, a la que al parecer pertenecía este conocido en el mundo criminal como El Enano.

Años atrás era muy raro que se presentara una situación como esta, porque los delitos en los cuales los menores de edad estaban comprometidos no eran de tanta gravedad, pero a raíz del crecimiento de la violencia en la región por el conflicto armado y el narcotráfico, los niños y adolescentes son utilizados por las bandas delincuenciales, sobre todo porque el tratamiento hacia ellos es especial e incluso cuando son menores de 14 años, los cuales se constituyen en intocables para la ley.

Frente a las críticas de distintos sectores ciudadanos de Nariño ante el manejo del Santo Ángel, para Quiroz Ordóñez no es que haya omisión o irresponsabilidad, sino falta de apoyo de las autoridades locales y departamentales. Por eso solicitó a la Alcaldía de Pasto y a la Gobernación destinar recursos importantes que permitan mejorar las instalaciones de este centro.

Asegura que hace falta subir los muros, porque los existentes facilitan las huidas; además de cámaras de vigilancia, baterías sanitarias y talleres para artes y oficios que posibiliten una readecuada socialización como exige la ley.

Las adecuaciones son vitales, pero hay que tener en cuenta que se deben manejar con cautela los mecanismos de control, porque no se trata de una cárcel o penal en donde purgan sus penas por diferentes delitos los adultos.

De otro lado, todo ese tipo de mejoras de las que habla el directivo debieron hacerse hace mucho tiempo o al menos haber estado en una constante adecuación, pero por lo que se describe el panorama dentro de este lugar, inaccesible para la prensa, es complicado, porque prima el olvido estatal. Cómo es posible que no se tenga, por ejemplo, un buen sistema de luces o de cámaras, incluso qué tristeza que se reclame por baterías sanitarias adecuadas.

Bueno, a fin de cuentas ante esa serie de situaciones irregulares que se han presentado en el Santo Ángel en dónde está la acción de la Personería del municipio de Pasto o la Defensoría del Pueblo. Por qué no les permiten a los medios de comunicación acceder, lógicamente sin violar las disposiciones legales, para mostrar esas instalaciones a la opinión pública, o qué se quiere ocultar.

La prensa es respetuosa y no va a mostrar imágenes de los menores de edad, porque la ley lo prohíbe, pero otra cosa es con la infraestructura y la gente debe saber qué han hecho las autoridades para sostener esta institución. Es imperdonable que pese a las continuas evasiones no se hayan tomado medidas y continúen presentándose.

Algo pasa en el Santo Ángel y no lo han dicho. Y nuestras autoridades de vigilancia están mudas, situación que exige un debate público en escenarios como el Concejo de Pasto o la Asamblea departamental.

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