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Editorial

Jueves, Diciembre 12, 2013 - 08:28

Las imágenes de videos que circulan por las redes sociales muestran la brutalidad de 12 policías que por tratar de sacar a una persona de su residencia golpean de la manera más inclemente a cuatro mujeres, una menor de edad y destruyen puertas y ventanas para irrumpir sin una orden judicial, solo llenos de ira e intolerancia, sin medir las consecuencias, sobre todo porque representan a una institución respetable del país.

El caso se registró el martes en la mañana en el barrio Quintas de San Pedro, en el occidente de la capital nariñense, luego de que un grupo de policías adelantaran un operativo para retener a una persona identificada como Armando Achicanoy Santacruz, quien al parecer se movilizaba con niños y sin casco en una motocicleta. Los uniformados le habrían exigido los papeles y llamado la atención por movilizarse sin protección y dos menores de edad.  Desde ese momento comenzó una pelea que terminó en las escenas de abuso de autoridad que han generado profunda indignación.

Los hechos hasta ahora son confusos. Por una parte se afirma la versión que señalamos, pero también se ventila otra de un posible acto delincuencial en el que estaría implicado Achicanoy Santacruz y por eso los agentes lo siguen hasta la vivienda y deciden sacarlo por la fuerza. Sin embargo, independiente de esto, los policías no tenían por qué actuar de esa manera tan violenta y golpear a las mujeres que impedían la entrada a su vivienda, pues todos sabemos que un allanamiento requiere de una orden judicial, de lo contrario por autoridad que sea no pueden ingresar sin permiso a una propiedad privada.

Mucho más grave es que hayan golpeado a las mujeres, una de 70 años y otra de mediana edad, a la cual le dieron 8 días de incapacidad por los múltiples golpes. La menor de edad fue herida en la cara y por eso en las escenas captadas con teléfonos móviles se la ve ensangrentada. Si se trataba de un operativo de movilidad debieron llamar al Tránsito, pues la Policía no está habilitada para esos menesteres.

Los uniformados que hacen parte del comando de la Policía de Nariño entran con arma en mano a la humilde vivienda después de destruir una puerta metálica y las ventanas, y atemorizan a la gente que estaba adentro, entre ellos menores de edad, uno de estos de 6 meses, que debieron sacarlo urgente en medio de la pelotera para que no resultara afectado.

Son muy recientes las imágenes de las extralimitaciones de agentes de la Policía, específicamente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, durante el paro agrario, con saldo de más de 20 heridos, algunos de gravedad, como también de al menos 10 casos que se han producido este año en los municipios de Nariño, en los cuales agentes del orden golpean sin contemplación a civiles.

Esto no quiere decir que veamos a los policías como villanos, al contrario existe profundo respeto por la institución policial, pero por falta de directrices bien trazadas, orientación y capacitación se han desviado del camino. El objetivo es que entiendan que si bien son un organismo de reacción en cualquier situación de riesgo, ante todo son servidores públicos, de ayuda a la comunidad, no enemigos de la misma. Se ha vuelto común que los agentes lleguen a los barrios directamente a tratar mal a la ciudadanía.

La gente ha perdido el respeto y la confianza, incluso ahora sienten temor de llamar a la Policía, uno por la imagen que se ha creado en el sentido de que la Fuerza Pública llega cuando ya no hay nada qué hacer y otra por la forma violenta cómo reaccionan. Es decir que ante una situación de descontrol se piensa dos veces antes de llamar a quienes al contrario de ayudar a encontrar una solución, la empeoran.

El nuevo comandante de la Policía de Nariño, coronel Javier José Pérez Watts, debe ejercer mano dura para corregir esa característica de intolerancia entre algunos de sus efectivos, porque esto se les convertirá en un búmeran y van a encontrar  rechazo en la comunidad y eso es gravísimo para lograr sus objetivos de lucha contra la delincuencia. Además, debe sentar un precedente y ejercer una sanción ejemplar contra los uniformados que cometieron esa brutal acción que hoy golpea la imagen de esta institución.

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