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Diario del Sur

Martes, Junio 4, 2013 - 17:26

Hoy se cumplen 10 días de huelga de hambre que mantienen 160 de los 270 presos colombianos que se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, Ecuador, y pareciera que a la Justicia de nuestro país poco de importara sus connacionales, porque ni siquiera se ha hecho un pronunciamiento, mientras esta gente está en riesgo de morir en la protesta.

Estos internos, que en su mayoría purgan penas por narcotráfico, exigen a las autoridades ecuatorianas agilizar los procesos de repatriación que se encuentran represados y también que les den la prelibertad a los que ya han cumplido más del 50 por ciento de su condena, un beneficio que impera en la Justicia de Ecuador.

De acuerdo con los señalamientos que se han conocido de los líderes de la protesta, no se le ha dado agilidad a sus casos, pese al compromiso que establecieron los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Ecuador, Rafael Correa, en el encuentro que sostuvieron en la ciudad de Tulcán el pasado 12 de diciembre, en donde uno de los temas fundamentales fue el tratamiento a los presos colombianos.

Se dijo en ese momento que se le daría prioridad principalmente a las repatriaciones, sin embargo luego de ese compromiso tal parece que al contrario de agilizar los procesos se quedaron replegados, puesto que en lo corrido de este año sólo le abrieron paso a una carpeta con 10 colombianos que retornaron para cumplir el 50 por ciento de sus condenas en cárceles de su país.

En este centro carcelario, como en el resto de Ecuador, existen situaciones inverosímiles que afectan a los colombianos, como es el caso de quienes llevan años sin que ni siquiera los hayan judicializado y procesado. Por una parte ese problema es de la Justicia del vecino país, pero también de nuestro Gobierno y sus autoridades competentes, primero para identificar estos casos y hacer gestión con el objetivo de que a nuestros nacionales, así estén presos, se les respeten los derechos.

No nos explicamos qué hacen los diplomáticos, por ejemplo los del consulado de Colombia en Tulcán o la cancillería. Tal parece que se durmieron frente a un delicado problema que pide a gritos una solución inmediata.

Pero mientras los colombianos que están en los penales del vecino país anhelan estar en una cárcel colombiana para poder acercarse a sus familias, en el territorio vivimos una de las más graves emergencias carcelarias. Esto equivaldría a decir que se irán de Guatemala a ‘guatepeor’, incluso como están las cosas no hay cupo porque el hacinamiento es impresionante.

Los niveles de aglomeración en los penales sobrepasan el 53 por ciento. En los 142 establecimientos carcelarios hay 40.586 presos de más, precisa la Defensoría del Pueblo, y según el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, Inpec, cada mes ingresan a los centros penitenciarios entre 3.000 y 3.500 nuevos reos y en ese mismo periodo sólo salen entre 300 y 350.

Sólo en la cárcel de Ipiales, a donde llegan inicialmente los reclusos apenas repatriados, tiene un hacinamiento del 172 por ciento. De una capacidad para albergar a 270 internos existen 446.

En la cárcel de Tulcán, con 444 internos, el 90 por ciento colombianos, la situación no es que sea muy diferente porque existe entre un 90 y 100 por ciento de hacinamiento, pero desde hace 9 días los 160 colombianos se niegan a recibir alimentos, los mismos que han exigido entregarlos a instituciones de beneficencia para que coman las personas más necesitadas en la provincia del Carchi.

Si algo llegara a pasarle a uno de esos internos se podría generar un incidente entre los dos países, situación que se la puede prevenir, y se ha tenido más de una semana para hacerlo. Pero el problema se lo ha visto como un tema de tercera que puede esperar, cuando se constituye en una bomba de tiempo para los gobiernos de los dos países. Confiamos que el lío no pase a mayores y en las próximas horas se disuelva la huelga.

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