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Diario del Sur.

Miércoles, Junio 5, 2013 - 08:54

 El vecino país de Ecuador nos acaba de dar una lección en materia de acción contra la trata de personas al condenar a una colombiana cabecilla de una banda que trafica con menores de edad para introducirlas en la prostitución. Quizá la pena de 4 años de prisión no es tan significativa para castigar un delito tan execrable como este, pero se demuestra que la normatividad puede frenar a estas organizaciones.

La mujer que fue identificada como Estela Durán García, natural de Cali-Valle, tenía su centro de operaciones en Pasto desde donde se llevaba a adolescentes para trabajar en casas de lenocinio en Ecuador y no se sabe si luego estas menores de edad eran sacadas hacia otros países.

Recordemos que en los últimos años en Nariño no se ha logrado procesar a una persona por este delito y las capturas se pueden contar con los dedos, y en la mayoría de casos no se les puede comprobar y quedan libres, mientras el flagelo crece como espuma en medio de un negocio que en el mundo mueve anualmente 32.000 millones de dólares.

Datos que revela la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señalan que más de 12.3 millones de personas sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. Cuatro millones son víctimas de la trata cada año. La mayor parte corresponden a niñas, niños y mujeres adultas.

Este tráfico entre Colombia y Ecuador a través de la frontera a lo largo de Nariño y Putumayo, se afirma que cada día es más boyante para las bandas delincuenciales, sobre todo porque ante los problemas generados por el conflicto armado, la pobreza y el desplazamiento, los adolescentes son fácil ‘presa’.

En el último quinquenio en el departamento de Nariño hemos evolucionado en materia de prevención contra la denominada esclavitud del siglo XXI y a través del  Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas se han trazado los planes de acción en los que se trabaja conjuntamente con las autoridades del vecino país. En el 2012 la Fundación de Desarrollo y Paz, Fundepaz, presentó en la ciudad de Ipiales el Proyecto de Sensibilización sobre Trata de Personas con enfoque de género, derechos y ciclo de vida, dirigido a las subregiones del Pacífico Sur, antigua provincia de Obando y Centro.

En este proceso ha sido importante el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Ministerio del Interior, que han posibilitado la formación de los funcionarios del comité en torno a unificar conceptos y el marco normativo nacional e internacional.

A raíz del trabajo unificado se ha rescatado en Ecuador a 39 colombianas que eran explotadas sexualmente y en parte provenían de Pasto, Ipiales y Tumaco, en donde más escarban los delincuentes para llevarse a las jovencitas.

Lo fundamental es que toda esa plana de autoridades comprometidas en la erradicación de esta actividad ilícita no baje la guardia y se mantenga una política pública para que sin importar el cambio de funcionarios la lucha continúe. Pero ese esfuerzo no será posible si en los países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o las naciones centroamericanas no se ajusta una jurisprudencia para condenar con todo el peso de la ley a los responsables de ese tráfico con humanos.

También está la responsabilidad de las autoridades locales de mantener las campañas de prevención, pues en ese campo hemos retrocedido y se han dejado de hacer jornadas con los establecimientos educativos de secundaria y las universidades, en donde los jóvenes y adolescentes son presa fácil de esas redes que los enlazan a través de la internet con falsas promesas de trabajo o estudio en el exterior.

En ese contexto el papel de los padres de familia es vital, porque son los que deben mantener una comunicación directa y fluida con sus hijos, y una permanente vigilancia de sus actividades en casa y fuera de ella.

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