Internacional

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Argentina celebró la presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por el Gobierno de Alberto Fernández y llamó a realizar este miércoles una serie de "caravanas, bicicleteadas y pañuelazos" para apoyar dicha iniciativa.

Por medio de un comunicado, la campaña manifestó que espera que el proyecto de ley "de inmediato inicie su tratamiento en el Congreso de la Nación, a la par de nuestro proyecto, que fue presentado el 28 de mayo de 2019 con el apoyo de las más de 70 firmas de representantes legislativos de todo el arco político y que aún cuenta con estado parlamentario".

Las acciones para promover la legalización del aborto en el país suramericano se llevarán a cabo en 18 ciudades.

"Exigimos un debate parlamentario, social y mediático a la altura de la historia de nuestro activismo por el derecho al aborto: un tratamiento expeditivo en el Congreso, sin lugar para la desinformación, mensajes de odio y expresiones antidemocráticas en los medios y en las redes", concluyó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley que incluyen la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1.000 días.

Por medio de un video difundido por redes sociales, Fernández afirmó: “Enviaré al Congreso dos proyectos de ley para que las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la IVE y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida".

 Agregó "El segundo instituye el programa de los 1.000 días con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida”.

En la actualidad, en Argentina muchos abortos son realizados en la clandestinidad, en condiciones no adecuadas e insalubres que ponen en riesgo la vida de las mujeres sobre todo si no tienen el dinero para pagar un médico.

En el país suramericano, la finalización voluntaria del embarazo o aborto inducido es un delito contemplado dentro del Código Penal.