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Bélgica no permitiría que el expresidente, Rafael Correa sea capturado en caso de que la Interpol acepte el pedido de difusión roja realizado por la justicia ecuatoriana, dijo a Sputnik el abogado del exmandatario, Fausto Jarrín.

"Le hemos solicitado a la secretaría general de Interpol que haga un informe jurídico del caso Correa antes de tomar una decisión", dijo a esta agencia Jarrín.

El 7 de octubre el sistema judicial ecuatoriano oficializó el pedido de notificación roja de Interpol en contra de Correa y otros sentenciados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.

Dicha acción implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a los sentenciados.

Además de Correa, figuran el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión desde 2017 por corrupción ligada al caso Odebrecht); el exsecretario jurídico Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta Viviana Bonilla; el exlegislador Christian Viteri, y 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel.

Todos fueron acusados de formar parte de una estructura de corrupción en la que instituciones del Estado entregaron contratos a cambio de recursos para financiar las campañas políticas del partido oficialista Alianza País (AP), en ese entonces de Correa.

Interpol 

El abogado del expresidente dijo, en diálogo con esta agencia, que Interpol se va a negar al pedido de la justicia ecuatoriana, como lo hizo en dos ocasiones anteriores.

"Lo único que va a hacer Interpol es ratificar la condición de procesos parcializados, que no gozan de garantías, que atentan contra los derechos humanos. Es cuestión simplemente de que revisen las primeras líneas de la sentencia para que se den cuenta de la barbaridad jurídica en la que suscribieron los jueces, el absurdo procesal que impulsó la Fiscalía y la barbarie que existe en Ecuador", explicó.

Además, señaló que en el proceso de casación se rompieron con todos los récords de tiempo, y que es absurdo que la sentencia hable de "influjo psíquico", a través del cual el expresidente irradiaba a sus funcionarios la intención de cometer delitos.

Agregó "Me gustaría que quede muy claro el absurdo jurídico que implica la sentencia. Lo del influjo psíquico es volver al derecho penal contra el pensamiento, que era propio del fascismo. Eso es lo que estamos viviendo. Y desde ahí se tiene que analizar la realidad jurídica de Ecuador, es absurdo".

En 2018, la jueza Daniella Camacho pidió la primera alerta roja a Interpol para la detención de Correa, pero la organización denegó la medida argumentando su incompatibilidad con el respeto a los derechos humanos.

En 2019 Camacho solicitó que se revise la negativa, pero la solicitud fue nuevamente denegada al entender que el Estado ecuatoriano no había aportado nuevos hechos.

Al momento, Correa, quien ha rechazado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica, país de origen de su esposa.