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Jueves, Abril 14, 2016 - 12:16

Como un campanazo de alerta calificaron militantes de Marcha Patriótica el atentado a tiros del que habría sido blanco el dirigente Franklin Quiñones en zona rural del municipio de Tumaco.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, Quiñones, quien hace parte de esta colectividad, fue atacado por cuatro presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la vereda Piñal Salado, perteneciente al consejo comunitario Rescate de las Varas.

Aunque por fortuna el dirigente resultó ileso, el hecho sembró zozobra no solo en esta población sino que suscitó la atención en el departamento, pues el hecho se registró tan solo dos días después de que el movimiento político y otros sectores afines a la izquierda adelantaran una marcha en solidaridad con las víctimas y exigieran al Gobierno plenas garantías frente al resurgimiento de los grupos paramilitares y otras organizaciones ilegales de extrema derecha.

“Este episodio nos preocupa mucho, máxime en un momento donde se está discutiendo la concreción de los acuerdos para fin del conflicto. Uno de los temas que es epicentro de esa discusión es el paramilitarismo y el desmonte de estas estructuras que, de alguna manera, impiden la participación política no sólo de la insurgencia sino de las organizaciones sociales que viene promoviendo iniciativas donde ha tenido incidencia el conflicto armado”, dijo a DIARIO DEL SUR la integrante de Marcha Patriótica, Carolina Bastidas.

Sostuvo que lo ocurrido con su compañero aunque si bien es objeto de investigación por parte de las autoridades, sienta un precedente poco alentador y más cuando organizaciones de derechos humanos han advertido el riesgo del reagrupamiento de las estructuras paramilitares en regiones como la costa de Nariño.

Señaló que desde que el movimiento nació hace un par de años los militantes han sido blanco de hostigamientos, amenazas y atentados que les ha costado la vida a decenas de ellos.

“Esto genera inquietud no solo en Nariño sino a nivel nacional, pues estamos en un proceso diariamente de amenaza y asesinatos contra compañeros. Hace poco se hizo un plantón en la ciudad de Bogotá por compañeros en donde se denunciaba el desaparecimiento de 113 militantes, sin embargo allí mismo, y luego del testimonio de varios asistentes, se conoció que esta cifra llegaba a las 123 personas”, enfatizó.

Recalcó que este es un campanazo de alerta para que las autoridades adopten las medidas del caso y den plenas garantías al ejercicio político. “El llamado es al Gobierno departamental y nacional para que se aúnen todos los esfuerzos frente a la defensa de la integridad y la dignidad de las personas”, concluyó.

Clan Úsuga, otra amenaza

Pocas horas después de registrarse atentado contra al dirigente tumaqueño Franklin Quiñones a manos presuntamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la Defensoría del Pueblo reveló que el grupo de ilegal del Clan Úsuga, originaria del Urabá antioqueño, se extendió a Nariño y a 21 departamentos más del país.

“La Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas identificó la presencia del llamado Clan Úsuga en 22 departamentos del país, entre los que se cuentan Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander y Valle del Cauca”, señalaron voceros de la entidad.

Según la Defensoría es preocupante que independientemente de la denominación de los grupos posdesmovilizados como bandas criminales o emergentes, las acciones violentas cometidas por ellos sigan siendo tratadas como delitos comunes, pues las víctimas no son consideradas como parte de la población civil afectada por el conflicto. No obstante que a pesar de los cambios en la dinámica de las expresiones armadas existe una réplica evidente de conductas como las amenazas, el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos, la extorsión y el constreñimiento de las libertades mediante el control territorial.

 

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