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Viernes, Diciembre 9, 2016 - 08:31

En medio de la indignación nacional por el asesinato de la niña Yuliana Samboní, de apenas 7 años de edad, el representante a la Cámara por el departamento de Nariño, Germán Carlosama, señaló que si el sistema ordinario no da una respuesta oportuna el caso podría pasar a manos de la justicia indígena que en menos de una semana proferiría una sanción condenatorial Hoy el proceso de la pequeña está bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación que ya adelantó la captura del arquitecto Rafael Uribe Noguera, sindicado del homicidio. Sin embargo, el puso jurídico apenas empieza. Para Carlosama su propuesta no es descabellada, pues la menor de edad es una víctima indígena que llegó con su familia a la capital del país procedente del departamento del Cauca.

“Como pueblos indígenas, y en virtud del artículo 246 de la Constitución que nos faculta ejercer nuestra propia justicia, podríamos analizar la posibilidad de que el crimen de Yuliana sea remitido a la jurisdicción especial indígena”, subrayó el congresista nariñense. Recordó que hace apenas un par de días el Consejo Superior de la Judicatura determinó que un caso de jurisdicción ordinaria debía ser de conocimiento de la justicia especial indígena, y que ante una solicitud en este sentido podría fallar  de la misma manera. Sin embargo, a pesar de que no es una discusión nueva sí sigue siendo objeto de polémica y muestra de ello son los antecedentes donde ha habido ‘roces’ de lado y lado. Según sostuvo el legislador “se podría analizar en ese contexto, judicializar a este individuo por tratarse de una víctima indígena”. Además, el congresista asegura que la jurisdicción indígena es más pronta que la ordinaria, y allí este caso no tendría dilaciones. “En una audiencia que no duraría más de cinco días se le podría imponer una pena ejemplarizante, de hasta 60 años de prisión”.

Doloroso episodio

El caso de la niña Yuliana Samboní, encontrada sin vida y con signos de  violación en un lujoso apartamento de la capital del país, desató la indignación nacional. Este capítulo, uno de los más amargos sobre la violencia contra los menores del que se tenga antecedente cercano, motivó discusiones que van desde la necesidad de revivir en el Congreso el proyecto que busca castigar con pena de muerte a los violadores hasta la iniciativa que contempla la castración química de estos. 

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