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Jueves, Diciembre 21, 2017 - 18:17

En la rendición pública de cuentas de la Contraloría de Pasto el funcionario a cargo de este órgano, Juan Guillermo Ortiz Juliao, precisó que entre 2016 y 2017 sancionaron a 18 funcionarios, y que aún se encuentran enredados más de $3.900 millones de las vigencias entre 2007 y 2011.

El contralor explicó que fue mediante el trabajo mancomunado entre funcionarios, líderes, veedores y la comunidad que se han hecho efectivos los procesos y la rendición de cuentas.

“Podemos decir que las quejas de la comunidad y veedurías han dado resultado y se han identificado hallazgos de todo tipo. Se ha logrado recuperar una cantidad de dinero importante para la Contraloría en esta vigencia, hablamos de alrededor de 70 millones de pesos, pero cabe aclarar que estos procesos son un poco demorados porque se debe respetar el debido proceso para que haya transparencia”, explicó Ortiz Juliao.

Sobre los hallazgos el contralor indicó que en la Administración central se logró identificar un poco más de 3.900 millones de pesos que dejaron de cobrarse por concepto de prediales entre las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

“Los funcionarios tendrán que explicar en un proceso de responsabilidad fiscal por qué no se cobraron esos dineros, si no es así la Contraloría considera esto como un detrimento patrimonial y tendrán que responder con su propio peculio”, explicó.

También se refirió a la Administración del exalcalde Harold Guerrero y el primer año de gestión de Pedro Vicente Obando, respecto a incentivos que se pagaron a trabajadores individuales.

“La norma es clara y esto solo se puede pagar a grupos de trabajo legalmente establecidos que tienen un fin determinado, pero acá esto se pagó de forma individual. El detrimento sería de aproximadamente entre 68 y 70 millones de pesos”, explicó el contralor.

Resaltó que otro hallazgo importante son los $216 millones de Empopasto, por cuenta de unos sobrecostos en un contrato que se pagó y se lo prolongó sin ninguna razón que lo justifique.

Cabe aclarar que estas son presunciones, puesto que el proceso de responsabilidad fiscal inicia después de identificarse el hallazgo, y luego tendrán que defenderse y explicar o de lo contrario serán hallados culpables.

Ortiz también resaltó los resultados que han dado los procesos sancionatorios a funcionarios que han sido negligentes y no aportan de forma adecuada a los procesos, debido a que envían información incompleta o distinta a la solicitada o la hacen llegar tarde. Por esto precisó que han sido sancionados 18 funcionarios entre el 2016 y 2017.

 

Faltan recursos

 

Pese a que este año se lograron varios avances aparte de los procesos efectivos, como dotar la sala de audiencias para procesos verbales en la Contraloría de Pasto, el funcionario a cargo de este órgano de control manifestó que los recursos que reciben son pocos y por tanto carecen de algunos profesionales que son fundamentales.

Sin embargo, también han logrado crear convenios con contralorías como la de Bogotá para capacitar a funcionarios, y también se han creado alianzas con universidades que envían a sus estudiantes de últimos semestres a trabajar a manera de práctica o pasantía.

Finalmente el contralor destacó que este año también se creó un grupo de contralores estudiantiles, lo cual es una figura novedosa.

 

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