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Martes, Octubre 22, 2019 - 13:12

Tras el homicidio de Lilia Patricia García, del territorio ancestral de Watsalpí, del municipio de Barbacoas, las autoridades indígenas dicen que el responsable debe ser investigado y condenado por las autoridades competentes en el menor tiempo posible.

Agregaron que están preocupados por los constantes crímenes contra dirigentes indígenas de los distintos resguardos y cabildos del pueblo Awá, que hasta la fecha aún no han sido esclarecidos y los casos están quedando en la impunidad.

Señalaron que la mujer de 43 años de edad se desempeñaba como secretaria del resguardo indígena Awá de Watsalpí y era madre de 6 menores de edad.

La víctima era esposa del gobernador del cabildo de Watsalpí quienes por más de 8 años vienen exigiendo a las diferentes entidades, como el Incoder ahora ANT en el marco del Auto 174-2011, la constitución de Resguardo Indígena, sin que hasta el momento exista algún avance significativo. Aseguran a la fecha hay diversas inconsistencias en su proceso por parte de los entes responsables en el tema.

“Este hecho ratifica y demuestra la persecución de la cual vienen siendo víctimas debido a que el 25 de junio del 2015 fue asesinado su hijo de 15 años, que sufrió del flagelo del reclutamiento a manos del grupo paramilitar denominado Los Rastrojos, después de estar a cargo del Icbf en uno de sus programas, quienes no garantizaron la protección, ni el enfoque diferencial, que debía tener. Tras el hecho la familia García tuvo que salir desplazada de su territorio”, expresaron.

Así mismo dieron a conocer que los indígenas de Watsalpí se encuentran en situación de desplazamiento, sin garantías en seguridad, protección, salud, vivienda digna, educación, alimentación.

 “Solo enfrentan las amenazas continuas de varios grupos armados que hacen presencia en la zona, así mismo el olvido histórico que ha llevado a nuestras comunidades al punto de la desaparición”.  

Ante los hechos la dirigencia indígena exige a la Fiscalía que se identifique y se capture a los responsables de los crímenes e invita a la UNP que dé garantías de protección y seguridad a las autoridades del resguardo, entre otras. 

 

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