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Jueves, Noviembre 30, 2017 - 10:42

Ante la presunta responsabilidad por los estragos de la avalancha del pasado 31 de marzo, les imputaron cargos al alcalde de Mocoa, José Castro y la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca.

El alcalde debe comparecer a una audiencia que se cumplirá el próximo 6 de diciembre en el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Garantías en Neiva, mientras la gobernadora se presentará hoy en un tribunal de Bogotá.

La formulación de imputación y posible medida de aseguramiento está enfocada por homicidio culposo, prevaricato por acción y omisión.

El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, bajo la notificación indiciada 90194 del 22 de noviembre del 2017 citó a la audiencia a Castro y al exalcalde de Mocoa Elver Porfirio Cerón Chicunque.

La imputación obedece a los hechos del pasado 31 de marzo de 2017 cuando se registró una avalancha hacia las 11:15 de la noche que dejó como saldo oficial 333 muertos, 77 desaparecidos, más de 1.800 heridos y 30 mil personas damnificadas.

La tragedia se registró por las fuertes lluvias que cayeron durante la noche de ese viernes, tanto en la zona rural como casco urbano de Mocoa, provocando el deslizamiento de una masa considerable de tierra la cual bajó por los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa, provocando el desbordamiento de los mismos, junto con las quebradas Taruca y Taruquita.

Quedó destruido el 40 por ciento de la ciudad, afectando en forma directa 17 barrios.

Según las investigaciones preliminares, esta era una tragedia anunciada y tanto el gobierno municipal como el departamental eran conocedores de la misma por los antecedentes, ya que no era la primera avalancha registrada en la capital del Putumayo y por eso se tenía una amenaza latente.

La misma investigación delata que los barrios afectados se encontraban en zona de riesgo, la mayoría a orillas de los ríos y quebradas en mención.

No se hizo caso

A pesar de una advertencia emitida por la autoridad ambiental Corpoamazonia, a finales de los 90 e inicio del 2000, las zonas de alto riesgo fueron habitadas, y sin contar con el permiso ambiental se construyeron barrios con sus respectivas licencias.

Según el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Neiva, las investigaciones se remontan desde el 2002, cuando asumió la Administración municipal el licenciado Elver Cerón Chicunque y los barrios San Fernando, San Miguel obtuvieron el permiso municipal para su creación sin tener en cuenta la recomendación de Corpoamazonia.

Otro estudio contratado por Corpoamazonia de rondas hídricas para los ríos de la Amazonia, dan cuenta que en Mocoa dichas rondas no se estaban respetando, además de la misma desforestación, lo que significaba un alto riesgo.

Reacción de mandatario

El alcalde de Mocoa, José Castro Meléndez, manifestó que esta situación son gajes del oficio de una profesión peligro como es ser alcalde de una ciudad como Mocoa. Agregó que estará en la audiencia con todo su equipo jurídico para afrontar los descargos o defensa que tenga lugar.

El alcalde señaló que desde el mismo día de la avalancha ha habido una serie de señalamientos, los cuales lo han llevado a estar en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía haciendo su defensa y demostrando su inocencia.

Tratamos de conocer la opinión del exalcalde Elver Porfirio Cerón Chicunque, pero no contestó su teléfono móvil.

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