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Jueves, Abril 4, 2019 - 15:35

Un aberrante caso de maltrato animal es la causa para que por primera vez una persona podría ser condenada en la ciudad de Pasto, por lo menos a 36 meses de cárcel.

Esta pena podría recaer en Giraldo Hernán Erazo Tobar, quien fue hallado culpable de haber rociado con gasolina a la perra de raza French Poodle llamada Luna y luego prenderle fuego que le causaron serias lesiones.

El caso se registró a mediados de abril de 2016, cuando el Senado de la República aprobó la Ley 1774 firmada el 6 de enero de 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos.

El caso se registró en el barrio San Vicente, occidente de la ciudad de Pasto, cuando el hombre en un hecho de intolerancia cometió semejante agresión contra el indefenso animal.        

Este caso es el primero en Pasto y el segundo en Colombia que llega a los estrados judiciales, en donde mañana se conocerá la condena en contra del implicado.

Para la fecha cuando ocurrió el hecho personas interpusieron una denuncia, por lo que hicieron todas las diligencias ante la Fiscalía General de la Nación a través de un caso penal. 

Las autoridades hicieron la detención preventiva, pero en la legalización de captura salió libre, luego le imputaron cargos y audiencia preparatoria. Después de tres años se alistan para llevar a cabo el juicio oral en contra del implicado.  

Un grupo de abogados de una entidad privada y defensora de animales llevaron el caso contra del agresor que podría estar pagando una pena de 3 años.

El canino estuvo a punto de perder la vida, los testigos contaron que todo ocurrió cuando una abuelita la llamó para pedirle ayuda.

“Muy angustiada la señora me dijo que había acabado de echarle agua a una cachorrita que estaba ardiendo en llamas tras ser atacada por un vecino furioso”, recordó la mujer que desde hace más de 11 años rescata, recupera y cuida a los perros abandonados, Martha Ramírez.

Los defensores indicaron que todo el procedimiento está listo y solo esperan mañana se lleve a cabo la lectura de sentencia en contra del agresor.

“Para estos casos la pena máxima es de 36 meses, pero por los agravantes pedimos que sea de 48, es decir que las penas que estén por debajo de los 8 años no son excarcelables. Lo que puede suceder que haya cárcel domiciliaria o multa económica”, señaló.

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