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Jueves, Septiembre 26, 2019 - 16:23

La operación Escudo II les permitió desmantelar bandas criminales y capturas de las mismas, así mismo debilitando las economías ilícitas con las que se financiaban las acciones que amenazan la vida y la tranquilidad de los nariñenses.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la delegada contra la Criminalidad Organizada, detectó un presunto acuerdo ilícito de voluntades del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.

Las investigaciones advirtieron que, desde 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, en los municipios de La Tola, El Charco y Mosquera.

Las propuestas presentadas por los contratistas y supuestamente tramitadas ilícitamente estaban destinadas a aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas.

Los elementos probatorios dan cuenta que, después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos.

Por estos hechos las autoridades lograron las capturas de José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción y fue detenido en Bogotá.

Así mismo de Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería –Córdoba; Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco, detenido en Palmira-Valle del Cauca; Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera, detenido en Pasto; Federmann Riascos Lerma, alcalde de La Tola, capturado en Pasto.

De igual manera a Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz de La Tola; Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco; Wilmar Caicedo Campaz, contratista y de Javier Castro Garcés, arquitecto, contratista.

Los funcionarios y particulares fueron imputados por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a 8 de los procesados y se abstuvo de imponer medida al alcalde de Mosquera.

Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas. A los alcaldes, el consejero de paz y los demás detenidos, la Fiscalía les formuló cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

 

Destruyeron maquinaria

Los uniformados llegaron hasta una zona rural del municipio de Magüí Payán en
donde destruyeron máquinas utilizadas para la minería ilegal.

 

En otros de los operativos, en la vereda El Cerro, del municipio de Magüí Payán, fueron destruidas 11 excavadoras, siete motores fuera de borda, tres clasificadoras, dos plantas eléctricas, entre otros materiales para el uso ilícito de la minería.

Con este tipo de maquinaria pesada devastaron 35 hectáreas de bosque nativo para extraer ilícitamente oro, por lo que quedaron totalmente destruidas.

En el lugar se constató el grave daño ambiental ocasionado por el vertimiento de mercurio y otros elementos tóxicos al río Magüí, principal fuente de abastecimiento de agua a las poblaciones ribereñas.

 

Esclarecen homicidios

 

Las investigaciones puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional permitieron esclarecer dos hechos violentos contra líderes sociales, ocurridos este año.

El primero, es el crimen de la personera del municipio de Samaniego, Paula Andrea Rosero Ordóñez, a quien le dispararon desde una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres armados. Pero según los testimonios recopilados y las labores de policía judicial desplegadas, la persona que habría cometido este homicidio fue identificada y ubicada.

Se trata de Kevin Javier Mendoza Centeno, quien fue detenido en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y presentado ante un juez de control de garantías como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Por solicitud del fiscal del caso, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Paula Andrea Rosero,
personera (qepd).

 

Los indicios darían cuenta de que una estructura narcotraficante del Pacífico colombiano habría contactado en Cali a Mendoza Centeno y al hombre que, supuestamente, lo acompañó en la motocicleta, y les pagó para que viajaran a Samaniego y atentaran contra la personera.

Las investigaciones avanzan para dar con el paradero de otros involucrados en el asesinato, entre ellos los determinadores.

Así mismo el ataque a José Astul Obregón Daza, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, jurisdicción del municipio de Taminango, La agresión armada ocurrió el 22 de abril de 2019.

Por este hecho Lisandro Meza Daza, alias El Ratón, sería el autor material del atentado y fue capturado en Cali. En audiencias de control de garantías fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

‘El Ratón’ y su presunto cómplice fueron contratados en Cali para realizar el ataque. En la verificación de antecedentes judiciales se encontraron anotaciones contra Meza Daza por dos casos de tentativa de homicidio.

 

Desmantelan bandas

 

Siete organizaciones delincuenciales que eran el terror para ciudadanía fueron desarticuladas en las diligencias de registro y allanamiento realizadas en la operación Escudo II.

Sobresale la captura de los 7 presuntos integrantes de la banda Baccoloni, que sería la responsable de la falsificación de moneda nacional y extranjera en zona de frontera.

“Esta red delinquía por encargo y realizaba réplicas espurias de billetes de 20, 50 y 100 dólares, los cuales eran enviados a través de encomiendas a contactos en Ecuador y Perú”, expresaron.

La Policía logró desmantelar la presunta banda delincuencial denominada Los
Calavera en la ciudad de Pasto. Así mismo las bandas Los del Hueco y Los Pisa.

 

Entre los detenidos está el presunto cabecilla conocido como Ronco y otras personas encargadas de los diferentes procesos de falsificación. En las diligencias de registro y allanamiento fueron incautados más de 300 dólares y por lo menos 500 billetes de diferentes denominaciones de pesos colombianos.

Así mismo desarticularon la banda de Los R-Sim, logrando la captura de 4 personas en Pasto y señalados de alterar equipos celulares reportados como robados,

Cayeron también ‘Los del Hueco’. 13 detenidos en Pasto por tráfico local de estupefacientes; ‘Los Calavera’ que dejó 9 capturados en Pasto por tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Así mismo ‘Los Pisa’ que dejó 7 capturados en Ipiales, señalados por secuestros y extorsiones en Putumayo y Nariño; ‘Las Lisas’, 5 capturados en Ipiales y Ancuya señalados por secuestros y extorsiones y ‘Los del Bingo’ que dejó 9 capturados en Pasto señalados por tráfico local de estupefacientes.

 

Develan esquema criminal

 

En la operación Escudo II fue develado un esquema criminal diseñado para abastecer de hidrocarburos al narcotráfico y lucrar ilícitamente a las organizaciones criminales, en la que identificaron cinco estaciones de servicio ubicadas cerca del casco urbano de Tumaco que hacían pedidos legales que autorizan el abastecimiento del producto.

Con los permisos en orden se realizaba el cargue del hidrocarburo en Yumbo, Valle del Cauca, los carrotanques cumplían el recorrido normal y los conductores reportaban en las diferentes estaciones la cantidad exacta avalada.

Sin embargo, a su llegada a Tumaco parte del combustible era extraído y distribuido en barcos tanqueros y otros vehículos de carga que se encargaban de desviarlo a puntos distantes ubicados en El Charco, Francisco Pizarro, La Tola y Olaya Herrera. Pero el proceso se estaba quedando en manos de organizaciones criminales.

En las indagaciones se constató que algunas de las bombas no tenían la infraestructura ni los elementos para cumplir con el suministro de gasolina, así que sólo servían de fachada para dar apariencia de legalidad al andamiaje ilícito.

Por estos hechos fueron capturadas 13 personas, entre ellas el señalado cabecilla identificado como William Ortiz Perlaza, alias Tigre; además de los articuladores y transportadores del hidrocarburo. Un fiscal especializado contra las organizaciones criminales formuló cargos a los detenidos por destinación ilegal de combustible y concierto para delinquir.

 

Se articularon autoridades

 

Por primera vez la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Judicatura y el Inpec, se articularon en la región y de manera conjunta realizaron 113 operaciones y 126 allanamientos, en los que fueron capturadas 206 personas, 120 por orden judicial y 86 en flagrancia, en las que figuran las detenciones de cuatro alcaldes de la costa.

Adicionalmente fueron erradicadas 1.646 hectáreas de coca, intervenidos 34 laboratorios para el procesamiento de cocaína y ocupados 20 bienes, avaluados en 8.090 millones de pesos, entre estaciones de servicio, vehículos, barcos tipo tanquero, inmuebles y una aeronave que estarían al servicio de dos redes distintas dedicadas a la desviación de combustibles y al narcotráfico.

Las autoridades manifestaron que en 15 días de operaciones Escudo II abarcó el 50% del territorio del departamento y benefició a 32 de los 64 municipios del departamento.

En la operación participaron 1.342 efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, cerca de 2.900 unidades de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, 17 fiscales (11 especializados y 6 de la Seccional Nariño), 35 investigadores y 12 peritos del CTI. Se contó con el apoyo de 7 jueces de control de garantías.

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