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Jueves, Marzo 21, 2019 - 08:55

Se conoció en las últimas horas que se reconfirmó la medida de aseguramiento al alcalde de Tumaco Julio César Rivera por parte del Juzgado primero penal del circuito.

Según fuentes judiciales el mandatario continuará privado de la libertad hasta que se presente una medida que pretenda revocar esta medida, por lo tanto Rivera seguirá en la Cárcel de Bucheli, y se tendría que nombrar a un alcalde para finalizar el periodo constitucional.

Es de recordar que Rivera fue privado de la libertad el 20 de diciembre del año pasado en Bogotá por miembros del CTI cuando participaba de una reunión con colegas de diferentes partes del país.

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público. La investigación se inició por la supuesta desviación de cerca de 8 mil millones de pesos, destinados a la atención de familias del puerto afectadas por la ola invernal.

En el mismo proceso también fue privada de la libertad la representante legal de la Fundación Fundepaz, María Cristina Olaya Rodríguez, a quien también se responsabiliza de los mismos delitos.

El mandatario de la localidad costera del pacífico nariñense fue interceptado en la capital del país junto con otros funcionarios, entre los cuales también se encontraría un contratista, y quienes estarían implicados en presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de interés prioritario.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la detención del actual alcalde de Tumaco se registró luego de que se evidenciara que siendo secretario de planeación en el año 2014 contrató una fundación para construir 327 viviendas.

“Estas no existen y por ello los fiscales han tomado la decisión de imputarle peculado y celebración indebida de contratos y se ha procedido en el día de hoy a la captura”, manifestó Martínez.

Por estos hechos también fue capturada la representante legal de la fundación. El jefe del ente acusador reveló que al menos 8.000 millones de pesos producto de regalías eran los que estaban orientados a solventar el problema del desbordamiento del río Mira en 2014.

“Lo que se ha probado hasta el momento es que los dineros que debían pasar a las viviendas no cumplieron con la finalidad y por esa razón los fiscales han optado por imputar. En este momento, la Fiscalía desconoce totalmente a donde fueron a parar los dineros producto del ilícito”.

 

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