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El alcalde de Olaya Herrera, Dalmiro Olmedo Torres, hizo un llamado a los gobiernos departamental y Nacional para que envíen lo antes posible ayudas humanitarias en beneficio de las 700 familias que, precisó, se han visto afectadas por las inundaciones registradas en los últimos días.
“Además de la pandemia por Covid-19, hoy nos vemos inmersos en otra emergencia ocasionada por las fuertes lluvias que azotan a la costa pacífica nariñense, especialmente en la parte alta y casco urbano de Bocas de Satinga”, expresó la coordinadora del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Dora Lilia García Hurtado.
Desbordamiento de río
Indicó que se han desbordado varias quebradas del río Sanquianga que han dejado afectadas a 700 familias, de acuerdo con el último censo realizado por Gestión del Riesgo municipal, reporte que aseguró ya fue enviado al comité departamental.
“Si bien una parte de las familias fueron reubicadas, la mayor parte de las familias que viven en las riberas del río están durmiendo en carpas habilitadas con plásticos por ellos mismos. Por eso es necesario que el Gobierno priorice lo antes posible ayudas alimentarias, kits de aseo y elementos para mejorar sus condiciones de habitabilidad, así como implementos de bioseguridad, dado que también están en riesgo de contagio de Covid-19, entre otras enfermedades frecuentes en este sector de la costa como el dengue”, expresó.
Igualmente, agregó, se presentan situaciones delicadas por la proliferación de zancudos en las zonas afectadas, y requieren limpieza de alcantarillas y construcción de muro de contención para evitar que el invierno se lleve los muelles veredales.
“El sector agropecuario es uno de los más afectados, dado que gran parte de los productos se han perdido debido a las inundaciones, entre ellos el plátano, cacao y frutales”, resaltó.
Por otra parte, resaltó que esta situación podría afectar el inicio de los procesos de fumigaciones aéreas que quieren iniciar junto al Gobierno Nacional en el marco de los compromisos establecidos dentro del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que por dos años se ha venido desarrollando.