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Lunes, Agosto 20, 2018 - 18:08

Se cumplen casi 4 años desde que los habitantes de Aponte corregimiento perteneciente a Tablón de Gómez, se vieron afectados por un fenómeno natural de remoción en masa. El cual afectó a la comunidad indígena Inga y a campesinos de la zona.

Son más de 351 familias damnificadas de la comunidad indígena Inga, quienes manifiestan que no han recibido las ayudas necesarias por parte del Gobierno Nacional, aunque disponen de un terreno para desarrollar el reasentamiento, hasta ahora no se han destinado los recursos para iniciar con este proceso.

El gobernador del pueblo Inga, Gentil Muñoz Chindoy, manifiesta que el olvido de las autoridades nacionales ha sido total, y que muchos de los integrantes del resguardo han quedado por fuera de los beneficios que ofrece el Estado.

“Muchos de nuestros indígenas no han podido acceder a los subsidios de arrendamiento que ofrece el Gobierno, y quienes si los reciben se les hace muy difícil conseguir una vivienda porque son familias numerosas, entonces esto se ha convertido en una situación problemática”, indicó el gobernador.

“Con los subsidios de arrendamiento solo se ha podido cubrir al 65% de la población, lastimosamente parte de los integrantes del resguardo se han quedado por fuera”, sentenció.

El líder indígena manifestó que dentro de los acuerdos decretados con el Gobierno estaba el tema de equipamientos, el cual consistía en la contrucción de una escuela, la iglesia y el cabildo menor, según las declaraciones de Muñoz, hasta ahora no se ha cumplido con ninguno es estos puntos.

“Los estudiantes del resguardo están tomando clases en una vivienda que quedó en pie, la antigua institución sufrió graves daños, la iglesia fue demolida, entonces nos hemos tenido que ajustar a toda esta situación”, precisó.

Actualmente existen alrededor de 100 albergues temporales en la zona, sin embargo el gobernador manifiesta que estos se encuentran condiciones precarias y las condiciones climáticas de los últimos meses la han empeorado.

“Con recursos propios hemos construido algunos albergues, estos se encuentran en la entrada y salida del pueblo, en donde no existe tanto riesgo, sin embargo por los fuertes vientos de las últimas semanas se ha deteriorado mucho más”, indicó.

En la actualidad hay una red que abastece a las familias afectadas con respecto al agua potable, sin embargo el líder manifiesta que dicho sistema no cumple con las necesidades que demanda la comunidad, por su elevado número de integrantes.

“Hay días en que presta el servicio y otros en el que se tiene que suspender mientras se hacen algunos arreglos. Estamos en esas condiciones, viviendo de forma muy precaria”, manifestó el gobernador.

El dirigente manifiesta que tras todos los conversatorios adelantados con delegados del Gobierno Nacional, hasta ahora no hay una respuesta contundente frente a las problemáticas que afronta el cabildo.

Además, de acuerdo a las declaraciones del líder de la comunidad Inga, se necesitaría un inversión cercana a los 50 mil millones de pesos, para atender la emergencia de forma integral, por lo que hace un llamado al Gobierno departamental y nacional, para que se gestionen los dineros.

“Estamos en muy malas condiciones, las familias se encuentran en hacinamiento y no tenemos como enfrentar esta situación, le pedimos a las autoridades que no nos olviden”, declaró.

 

Campesinos a la deriva

No solo los indígenas de la comunidad Inga han sido damnificados por este fenómeno natural de remoción en masa, los campesinos que cohabitaban con el cabildo manifiestan que se los ha dejado por fuero en gran parte de las ayudas que proporciona el gobierno.

Uno de los integrantes de la asociación Arca 71, Aurelio Martínez, manifiesta que la mayoría de los beneficios dados por el Gobierno Nacional, solo son entregados a los indígenas, y que se han excluido a quienes no pertenecen al resguardo.

“Hace unos 3 años el Gobierno no ha prestado atención como se debe. El problema nos afectó de manera global tanto a campesinos como indígenas, la emergencia no excluyó a nadie, sin embargo hemos sido discriminados por no pertenecer al resguardo”, manifestó el campesino.

Según las declaraciones del agricultor, las ayudas que envía el Gobierno Nacional, llega hasta los indígenas, pero a los campesinos, situación que ha complicado las cosas para los afectados.

“Cualquier ayuda que llegue es para las personas del resguardo, y de último dejan a los campesinos, si sobra de lo que envían nos dan y si no, pues nos quedamos por fuera de los beneficios”, manifestó.

Para Martínez, la Administración departamental ha omitido las peticiones de los campesinos afectados, pues solicitan que las ayudas para su comunidad se envíen aparte de las que son enviadas para los indígenas.

“Nosotros no tenemos ninguna participación porque ese territorio es de ellos, no podemos hacer nada, por ende no podemos protestar para que las ayudas se distribuyan de manera equitativa”, indicó.

Las 100 familias campesinas afectadas a diferencia de los indígenas, si han recibido en su totalidad el subsidio de arrendamiento.

“Lo único que nos ha servido en este caso, es lo de las arrendamientos, todas las familias han podido conseguir lugares para donde irse, pero igual necesitamos nuestro propio lugar, no podemos seguir de arrimados siempre”, agregó Martínez.

 

Autoridades negligentes

Para el presidente de la asociación Arca 71, Herman Córdoba, las autoridades locales, departamentales y nacionales han sido indiferentes a la problemática que afrontan los campesinos esa zona, pues asegura que para las 100 familias agricultoras afectadas el drama ha sido doble.

“Nosotros esperábamos que se trate a la comunidad en igualdad de condiciones. La Alcaldía no muestra ninguna capacidad de gestión para poder darle solución a este problema, hace dos años estamos a la espera de un terreno para hacer el respectivo reasentamiento”, manifestó el presidente.

Según las declaraciones de Córdoba, hasta ahora tenemos fijado un terreno ubicado en la vereda Las Mesas en Tablón de Gómez, pero debido a trámites no se ha hecho la respectiva legalización del terreno.

“La asociación buscó el lugar, hablamos con el alcalde y nos manifestó que era muy costoso, sin embargo las autoridades departamentales nos dijeron que si era posible, solo falta la legalización, pero nos ponen demasiadas trabas, hace dos años estamos en ese proceso”, precisó.

De acuerdo a lo manifestado por el líder de los campesinos, debido a los cambios en la dirección de Gestión del Riesgo departamental, se ha dilatado el proceso y no se le ha dado una solución definitiva.

“El anterior director estaba a cargo del proceso, luego se hizo el cambio, entonces el actual director nos dijo en ese entonces, que debía hacer los respectivos estudios sobre lo que se había adelantado, luego se cambió a la abogada que estaba haciendo el proceso de adquisición del predio. Una traba tras otra, ya han pasado dos años y no tenemos nada”, indicó.

Para Córdoba, las autoridades han sido totalmente negligentes ante la problemática que viven los campesinos de Aponte, pues según él, han tocado todas las puertas para que se visibilicen y atiendan sus llamados.

“Con nuestros propios medios, haciendo rifas, bingos y bazares, hemos juntado dinero para desplazarnos hasta Bogotá y hablar con los de Restitución de Tierra y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, nadie nos escucha, nos tienen olvidados.”, manifestó Córdoba.

 

Ayudas internacionales

El exgobernador y líder indígena, Hernando Chindoy, manifiesta que la comunidad ha quedado a su propia suerte, pues la asistencias de las autoridades ha sido escasa, además manifiesta que el resguardo no tiene los recursos necesario para seguir subsanando esta situación.

“A mí se me ha encomendado la gestión internacional, en ese marco estamos haciendo las gestiones pertinentes en la parte externa, vamos a ver cómo nos va en estos tiempos, ya que ante la ausencia de las entidades del país no nos queda de otra que buscar ayuda por fuera”, declaró Chindoy.

Ante los conflictos que se han presentado entre la comunidad indígena y los campesinos, Chindoy asegura que no han sacado a los agricultores de su territorio, pues manifiesta que el espacio del cabildo, disponibles para el reasentamiento, no es suficiente para todos.

“Nosotros presentamos 24 hectáreas, luego de los estudios se redujo a solo 4, nuestra comunidad es numerosa, entonces no podemos parte de nuestro territorio porque este no es suficiente”, declaró Chindoy.

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