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Miércoles, Noviembre 21, 2018 - 10:24

Luego de más de 20 años de reclamo y de un pleito jurídico de 36 meses la Corte Constitucional profirió un histórico fallo a favor de la comunidad indígena Awá en el departamento de Putumayo.

Según ese Alto tribunal, las empresas privadas también tienen la obligación de verificar si en las zonas donde piensan realizar explotación petrolera existen comunidades que pueden afectar.

La sentencia hace referencia al Consorcio Colombia Energy en Puerto Asís que, a juicio de la corporación y en consecuencia a los argumentos de los representantes de este pueblo ancestral, no adelantó la consulta previa en varias de sus zonas de influencia donde residen miembros de esa población.

La decisión no estuvo exenta de polémica pues mientras la defensa de los nativos alega que en juego está la supervivencia de esta comunidad en peligro de extinción, para los apoderados de la firma petrolera la sentencia envía un mal mensaje en materia de seguridad jurídica y podría tener serios impactos en casi el 40 por ciento de las regalías del departamento.

Al final fue necesario la revisión de dos conjueces quienes luego de adelantar un análisis de casi tres años le dieron la razón a los Awá.

El reconocido abogado Rodrigo Uprimny, conjuez de la decisión, sostuvo que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la consulta previa pero las empresas también tienen obligaciones frente a las comunidades.

“El Estado debe garantizar la consulta pero no por eso las empresas dejan de tener obligación de verificar si en esos territorios hay comunidades y no escudarse en un certificado expedido por una autoridad que no refleje la realidad de los hechos”, señaló el jurista.

El conjuez sostuvo que en ese caso hubo una equivocación del Ministerio del Interior que certificó la no presencia de pueblos indígenas en la zona cuando era obvio que estaban asentados allí.

“En ese sentido se exhorta al Gobierno para que la entidad encargada de hacer las certificaciones tenga los recursos que necesita para constatar si un determinado proyecto puede afectar pueblos protegidos por la Constitución Nacional”, añadió Uprimny.

 

Determinan plazos

La vicepresidenta de la Corte Constitucional Gloria Ortiz aseguró que para establecer los posibles daños ocasionados a la comunidad indígena Awá por cuenta de casi dos décadas de actividades petroleras en Putumayo el Ministerio del Interior tendrá tres meses para organizar una consulta y otros seis para realizarla.

Desde la Asamblea, diputados indígenas como Jesús Quinchoa, se mostraron expectantes ante la decisión y recalcaron que sin duda el fallo sienta un precedente en materia de consultas en los pueblos ancestrales.

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