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Sábado, Noviembre 25, 2017 - 16:24

El municipio de El Tablón de Gómez está ubicado al nororiente de Nariño, a 62 kilómetros de Pasto. Allí entre verdes montañas cultivadas de café, frutas y hortalizas se levantan a diario cientos de familias campesinas que fueron víctimas por años del conflicto armado y hoy lograron alcanzar una capacidad infinita de resiliencia.

Luego de muchos años de conflicto, muertes, amenazas y desplazamientos, esta población se encuentran en un estado de tranquilidad, pues pese a las dificultades de infraestructura y falta de oportunidades, ahora pueden transitar sin miedo luego del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional.

Las familias que salieron desplazadas y fueron víctimas de la violencia que atacó la población retornaron a sus territorios, esta vez bajo el proceso de restitución de tierras que les dio la garantía y formalidad de sus predios.

Un capítulo de la historia de esta población nariñense, en especial de su zona rural, se escribió bajo el temor de los actores armados que se ubicaron en el territorio sembrando el desconsuelo y una especie de resignación.

En los años 2001 a 2003 las comunidades del corregimiento La Cueva, vereda Pitalito Alto, sufrieron un proceso de victimización por verse forzados a desplazarse masivamente y abandonar de manera forzada sus inmuebles y demás propiedades por las que habían trabajado toda su vida.

Después de vivir sucesos trágicos, de verse inmersos en la pobreza e ilegalidad, varias familias tuvieron la oportunidad de acogerse a las iniciativas que el Gobierno Nacional comenzó a implementar, entre las cuales se encuentran la restitución de tierras.

Este es el caso de la familia Gómez Narváez, que luego de superar las heridas del conflicto hoy se proyectan como empresarios, cafeteros que cultivan el grano y lo comercializan a otras ciudades de Colombia y a países como Japón e Inglaterra.

El proceso de resiliencia no fue tan fácil. Para salir del trauma que dejó el desplazamiento tuvieron que pasar años y varias necesidades que causan nostalgia y hasta lágrimas, pero que hoy son el símbolo de la fortaleza y amor por su tierra campesina.

Albeiro y Ruby son dos esposos que hacen parte de la comunidad de Pitalito Alto. Allí con esfuerzo y perseverancia lograron sacar delante a su familia. Desde el 2002 esta zona de El Tablón de Gómez fue ocupada por diversos actores armados, quienes se disputaban el territorio, entraban a las viviendas, amenazaban y extorsionaban.

Los combates entre la Fuerza Pública pusieron a los habitantes en medio del conflicto, muchos de ellos murieron y otros quedaron heridos.

En el 2003 la crisis se fue agudizando. Sin presencia del Estado y abandonados a su suerte, las familias de esta zona tuvieron que refugiarse en sus casas, bajo la oración, que para ese entonces representaba el único escudo protector.

Ese año en el municipio se presentaron 948 desplazamientos. Además de la situación social el paisaje agrario también se vio afectado por el conflicto armado. Tras la llegada de los cultivos ilícitos vendrían más adelante fumigaciones intensivas con glifosato que marcaron el antes y el después para estas comunidades campesinas que vieron afectado gravemente su sistema socioeconómico y su seguridad alimentaria, que a razón del conflicto jamás recobraron la bonanza y la variedad de productos agrícolas que hacían parte de su alimentación.

 

Triste desplazamiento

“Teníamos un ranchito. Allí vivíamos y cultivábamos algunos productos para poder sostenernos. Pero la situación cada vez fue más difícil. Todos los vecinos permanecían con miedo. No se podía salir después de las 6 de la tarde. Ya nadie era feliz”, relató Albeiro Gómez.

Su esposa tuvo que salir de la vereda Pitalito con 7 meses de embarazo. Ni siquiera en la cabecera municipal de El Tablón de Gómez pudieron establecerse. Tuvieron que viajar al municipio de Albán para vivir, por lo menos hasta que cesaran los combates.

En la Semana Santa de abril del 2003 la situación llegaría al pico más alto. La puesta en marcha del Plan de Seguridad democrática y la presencia de altos funcionarios del Estado, así como Ejército y Policía, hizo que el grupo guerrillero opusiera fuerte resistencia a su desalojo. Para ello usaron las minas, que florecían por la carretera de las veredas de El Tablón de Gómez.

“Una mañana madrugamos para revisar nuestras parcelas. Pero nos dimos cuenta que entre las matas habían cables. No sabíamos qué eran, pero nos preocupamos. Decidimos informar y el Ejército llegó. Se trataba de minas. Estuvimos a un paso de la muerte. El miedo era más grande que la necesidad”, relató Ruby Narváez.

La llegada del avión fantasma fue la gota que rebosó la copa. La imposibilidad de sacar a los grupos armados de las montañas hizo que llegara este apoyo militar que atacó desde el aire los campamentos del grupo guerrillero.

“No dormíamos nada. Cualquier ruido que escuchábamos nos ponía los nervios de punta. A veces el avión fantasma disparaba y nosotros solo rezábamos para que las balas no cayeran en nuestras viviendas. Al día siguiente mirábamos cómo los casquetes inundaban la carretera y los patios”, relatan los habitantes de esta vereda.

Como si fuera poco, a la zona también llegaron las autodefensas. El bloque que ingresó a la vereda Pitalito estaba a cargo de alias El Diablo, quien había anunciado una limpieza de toda la agrupación guerrillera.

Los habitantes, además del sufrimiento de los combates, tuvieron que aguantar las agresiones físicas, verbales y las amenazas de estos grupos que acusaban a los campesinos de ser cómplices de las Farc.

Por ello la familia Gómez Narváez se fue. Dejó su ranchito y emigró. Pero las raíces llaman, y meses después volvieron a su tierra.

“La casa de uno es el lugar más tranquilo. Aunque todavía teníamos mucho miedo, decidimos volver y retomar nuestra vida”, relataron.

En los años siguientes la vida transcurrió entre continuos enfrentamientos, la llegada de otros actores armados, minas, amenazas y desolación. Esta forma de vida se convirtió en una rutina, por ello muchos habitantes salieron de sus territorios definitivamente.

 

El café, una esperanza

Nueve años más tarde, y cuando ya se creía que lo peor había pasado, otro suceso marcaría la vida de esta familia. En el 2012 tuvieron que dejar todo y salir de su vivienda luego de las amenazas que recibiera Albeiro Gómez.

Su hermano fue asesinado y él estaba siendo víctima de la extorsión. No tenía dinero, y el poco que pudo conseguir no le bastó para que los grupos ilegales dejaran de amedrentar a su familia. Inclusive fueron retenidos varias horas. Entonces decidieron volver a emigrar.

“El dolor que me causó salir de mi casa, depender de otra persona, pedir posada, desprender a mis hijos de sus amigos, son recuerdos que todavía están en nuestra mente. Pero poco a poco, con todo el esfuerzo, nos hemos recuperado”, sostuvo Ruby Narváez.

La historia se repitió. Sin dinero y con la fe puesta en poder comenzar de nuevo, retornaron a su Pitalito Alto. Un año después la vida de esta y otras 300 familias cambió del cielo a la tierra.

El Gobierno Nacional, al ver la situación dramática que se vivía en el municipio, intervino a través de la Unidad de Restitución de Tierras, para comenzar con el proceso de formalización de predios, pues la informalidad de la tenencia del territorio era bastante común.

Con su tierra legalizada solamente hacía falta un impulso para resurgir. Y así fue. La Unidad llevó hasta la vereda Pitalito Alto proyectos agrícolas, así como de sostenibilidad alimentaria. El café, entonces, se convirtió en la recompensa a todos los años de drama. Hoy tienen 8.400 matas sembradas, de especies que son apetecidas en todo el mundo.

“Nunca pensamos que un proyecto nos cambiaría tanto la vida. Al principio, como en todo, siempre hay desconfianza, pero vimos en la Unidad una oportunidad para cambiar. Hoy somos una familia emprendedora. Nos capacitan no solo en el tema agrícola, sino también en la formación como empresarios, a botar el miedo, hablar en público, conocer nuestros derechos y deberes. Es satisfactorio ver nuestra transformación”, aseguró Ruby Esperanza.

Otra de las beneficiarias de este proyecto es Edilma Adarme Jurado. Para ella, quien también fue víctima del desplazamiento, estos procesos hacen que la comunidad crea en las instituciones.

“Antes éramos víctimas, pero sin reconocimiento. Hemos aprendido a olvidar lo que vivimos en el 2003. Tenemos que emprender y aprender. La historia siempre nos acompañará, pero todas esas experiencias nos fortalecen como mujeres y familias, como un territorio campesino”, indicó.

Edilma tiene un proyecto productivo de tomate de mesa con el que hoy espera sacar adelante a su familia, sus hijos, el mayor tesoro, y la motivación para continuar.

“Ahora tenemos una tranquilidad que no se compara con nada. Con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras pudimos recuperarnos de todo el sufrimiento que por años padecimos. Conocimos en carne propia el dolor de la muerte y el desplazamiento, por eso no queremos que ningún colombiano más sufra más a causa del conflicto armado”, expresó.

 

Resultados del posconflicto

La directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Nariño, Catalina Rosero Díaz del Castillo, afirmó que las entregas de sentencias son espacios muy importantes para los campesinos.

 “Estas reuniones contribuyen al mejoramiento de las víctimas de abandono, a la formalización de sus propiedades y, más allá, ofrece a las familias una oportunidad para que sean económica y socialmente autosostenibles y, así, tengan un mejor futuro”.

“Es la primera vez que Jueces de Restitución de Tierras hacen una visita de campo para verificar los resultados del posfallo en el proceso. Así pues, este espacio es muy importante porque este tipo de acciones contribuyen al restablecimiento de los derechos de las personas víctimas de abandono, no solo a la propiedad, puesto que las sentencias asignan deberes concretos a cargo de las autoridades estatales. Así mismo ofrece a las familias una oportunidad para que sean económica y socialmente autosostenibles y tener un mejor futuro”, puntualizó.

A la fecha Nariño tiene 6.300 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales se han podido evacuar cerca de la mitad. Además se está trabajando en 28 de los 64 municipios del departamento, que durante el 2017 tienen como objetivo aunar esfuerzos para llegar a 48 regiones, es decir casi el 70% de todo Nariño.

La funcionaria sostuvo que se tienen 500 sentencias de restitución de tierras que actualmente se trabajan con más de 25 comunidades étnicas, entre indígenas y afrodescendientes en los territorios del departamento. 

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