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Domingo, Agosto 4, 2019 - 18:26

Ante la Organización Internacional del Trabajo OIT, con sede en Ginebra (Suiza), será llevado el caso de la extinta Industria Licorera de Nariño para que en demanda se declare la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos colectivos de los ex trabajadores y que se  ordene al departamento de Nariño el reconocimiento y pago de todas sus acreencias y derechos vulnerados.

La decisión fue tomada entre los abogados de los extrabajadores y las directivas del Sindicato Sintrabecolicas que agrupa a los trabajadores del sector licorero en el país y del cual hacían parte los de la factoría nariñense.

A lo largo del dilatado proceso, 17 años desde cuando se tomó la decisión de liquidar la empresa, ocho trabajadores murieron esperando el reconocimiento de sus derechos luego de haber dedicado gran parte de su vida a la destiladora regional.

Quienes sobreviven, han tenido que enfrentar situaciones difíciles. Por el atraso en sus obligaciones hipotecarias sus viviendas les fueron quitadas y rematadas por decisiones judiciales; existen casos en los que los hijos de varios de estos ex trabajadores no pudieron continuar sus estudios universitarios debido a la falta de recursos; todos fueron estigmatizados al ser señalados como responsables del desgreño administrativo como se manejó la empresa, de ser los culpables de la quiebra económica y hasta de corruptos. Todos estos señalamientos determinaron que quienes solicitaron una nueva oportunidad laboral no fueran vinculados a actividad alguna lo que agravó su situación económica, social y familiar. 

Varias familias fueron las que se vieron obligadas a radicarse en otros lugares por culpa de esos señalamientos. Para la época de la liquidación la Empresa Licorera de Nariño tenía un reconocimiento nacional. Su principal producto, el Aguardiente Galeras, era uno de los de mayor aceptación en los mercados regional y nacional.

La envasadora, las calderas y las torres de destilación eran consideradas como de última tecnología de la época, lo que garantizaba la destilación de un buen producto. De los equipos se conocería tiempos después que estos fueron desmontados y vendidos como chatarra. Una parte de ellos le fueron entregados al  también liquidado Seguro Social como parte de pago por los aportes patronales de salud dejados de pagar por los administradores de la Empresa.

Incluso, los terrenos donde operaba la factoría fueron vendidos por el departamento sin que hasta ahora se haya podido establecer en que fueron invertidos esos dineros. En su lugar ahora opera un centro comercial que es frecuentado por compradores que probablemente no conocen que en el lugar operó una de las más importantes industrias que haya tenido Nariño. “De lo que si estamos seguros es que no fue para pagar las acreencias laborales”, comenta Ricardo Salas, uno de los afectados.

La Industria Licorera de Nariño se constituía en la empresa más boyante del departamento
y la que más generaba fuentes de trabajo, sin embargo la devoró la corrupción.

 

Proceso tortuoso

Para el abogado laboralista Harold Mosquera Rivas lo que si es cierto es que a quienes hacían parte de la empresa a la fecha de la liquidación, todos sin excepción, “les fueron terminados sus contratos de trabajo sin justa causa, lo cual trajo como consecuencia el derecho a la indemnización por despido injusto, establecido en la convención colectiva de trabajo”

Esta convención establecía además que “…los trabajadores que fueran despedidos sin justa causa y contaran  con 15 años o más de servicio entre la Licorera  y otras entidades públicas, tendrían derecho a una pensión sanción equivalente al 75 % del promedio salarial del trabajador del  último año de servicios”.

“En el proceso de liquidación de la Licorera todos los trabajadores fueron indemnizados con aplicación del plazo presuntivo legal de 6 meses, es decir, que no se les aplicó la tabla de indemnización establecida en la convención colectiva de trabajo”, explica Mosquera Rivas.

En diciembre de 2008 el liquidador concluyó su gestión, firmo el finiquito, pero no determinó quien debía asumir el pago de las acreencias laborales, el reconocimiento de las pensiones e indemnizaciones a que tenían derecho los trabajadores. Grave error.

Ahora si liquidada y desaparecida la Licorera se solicitó por parte de los abogados al departamento asumir las obligaciones laborales pendientes de pago en aplicación de lo establecido en el artículo 336 de la Constitución Nacional que ordena respetar los derechos adquiridos de los trabajadores en los procesos de liquidación de las licoreras.

Como el departamento se negó a reconocer y pagar las acreencias se dio inició a un proceso contra el Fondo Territorial de Pensiones de Nariño pero la justicia negó las pretensiones por lo que se acudió a una acción tutela la cual igualmente negada en las instancias judiciales regionales, se optó por  demandar su revisión por la Corte Constitucional la que por sentencia T-283 del 2013 ordenó al Departamento de Nariño como sucesor procesal para pagar las pensiones convencionales de todos los que tuvieran derecho.

De los 130 extrabajadores solo siete han logrado este reconocimiento, pero de manera parcial, sin que se les haya pagado la liquidación por despido in justo convencional.

Varias son las demandas que cursan en los despachos judiciales y algunas de ellas siguen su curso en la Corte Suprema de Justicia en recurso de casación porque jueces laborales han desconocido la sucesión procesal ordenada en la sentencia  T-283 del 2013 de la Corte Constitucional.

La venta de la edificación se hizo para construir un centro
comercial, no se sabe que pasó con los recursos obtenidos.

 

Pretelt y la ley 550

La sentencia de la Corte Constitucional provocó que en Nariño se diere una situación única como insólita en la historia jurídica del país por culpa del caso de la liquidada Empresa Licorera de Nariño. Siendo gobernador el administrador público, Raúl Delgado Guerrero, se pidió a través de la Oficina Jurídica del Despacho que la sentencia fuera anulada porque su ponente había sido el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljud quien resultara implicado en casos de corrupción.

La corte negó de tajo las razones expuestas por los asesores jurídicos de la Gobernación reafirmando de esta manera la seguridad jurídica del país. Así las cosas y en un nuevo acto contrario a la Ley, las reclamaciones de los trabajadores continuaron siendo negadas bajo el argumento, esta vez sí valido, que por encontrarse el departamento en un acuerdo de reestructuración de pasivos (Ley 550) no se podía adelantar acción alguna en su contra.

Así permaneció el departamento desde el año 2002 hasta el año 2016 y luego se prorrogó entre los años 2017 y 2018. Una vez terminada la reestructuración de pasivos los argumentos que ahora se esgrimen para no pagarles a los extrabajadores son que el caso está  prescrito.

Para Harold Mosquera, durante todo el tiempo que permaneció en la Ley 550 de 1999 el Departamento “los términos estaban suspendidos y es un grave error hablar de prescripción”. “La Ley es una sola y rige para todo el país. En ella no se habla de excepciones y hasta donde se sabe Nariño pertenece al territorio colombiano. No se puede hablar de prescripción. Es un exabrupto”, enfatiza Mosquera.

 

Sanción

En los actuales momentos 51 ex trabajadores divididos en dos grupos tienen  a su favor  sentencias de indemnización por despido in justo y proceso ejecutivo en trámite. Pero los expedientes ejecutivos están en el despacho del Secretario de Hacienda quien se ha negado remitirlos al juzgado de origen pretextando que el Departamento aún continúa en Ley 550, lo cual tampoco es cierto.   

Según auto proferido por el Juzgado  Primero Laboral del Circuito de Pasto, se dispuso que la Secretaria de Hacienda remitiera los expedientes de este caso para proseguir con el trámite del proceso ejecutivo correspondiente.  A ese requerimiento la Secretaría de Hacienda  responde con evasivas y reclama “una providencia  que esboce normatividad  y que respalde la orden judicial con el fin de que se dé lugar a su cumplimiento”.

La respuesta provoca el enojo del Juez quien declara como “clara violación a un derecho de rango constitucional como lo es el acceso efectivo a la administración de justicia y falta al deber de lealtad procesal”, por lo que termina ordenándole al Secretario de Hacienda “remitir de manera inmediata el expediente de la referencia a esta judicatura” y le impone una multa consistente en el pago de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y “finalmente , se admita que la Secretaría de Hacienda Departamental de Nariño deberá atender sin dilaciones a las órdenes judiciales que en el sentido de requerir la remisión de los expedientes ejecutivos, enviados por este despacho, se hagan en adelante”.

Ernesto Fernando Narváez, el Secretario de Hacienda sancionado ha recurrido a los recursos a que tiene derecho pero le han sido negados. Ahora espera que un recurso de súplica lo salve de pagar la sanción.

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