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Sábado, Enero 26, 2019 - 18:46

El departamento de Nariño inicia el año con un éxodo de 1.614 personas hacia el casco urbano de Tumaco y se conoce que hay 500 familias confinadas en una vereda de ese municipio por los enfrentamientos entre grupos ilegales que probablemente se desplacen también.

En el 2018 se presentaron en el departamento 17 desplazamientos que dejaron 8 mil personas afectadas, según el reporte de la secretaría Gobierno en lo que va del 2019 no se conoce de estos casos.

Al contrario de lo que manifiesta el secretario de Gobierno Edgar Insandará, las diferentes entidades internacionales dan cuenta de este fenómeno con cifras concretas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (Ocha), bajo la dirección de Gerard Gómez, advirtió que además de las familias desplazadas hay comunidades de dos veredas en situación de confinamiento por el accionar de grupos armados.

Organismos humanitarios alertaron sobre el desplazamiento masivo de al menos 700 personas en zona rural del municipio de Tumaco. Otras comunidades de la zona se encuentran confinadas por el accionar de los grupos armados que hacen presencia en la región.

La Ocha afirma que se trata de 263 familias afrocolombianas e indígenas pertenecientes a 8 veredas de Tumaco.

Además señala que el desplazamiento masivo se produce en esta zona  por los enfrentamientos entre grupos armados en cercanías a las comunidades de Santa María y Peña de los Santos.

Los cientos de desplazados se encuentran auto albergados en hoteles y viviendas de familiares y amigos en el casco urbano de Tumaco.

El enfrentamiento tiene lugar precisamente en el municipio de Colombia con mayor número de hectáreas sembradas con coca, pues actualmente Tumaco registra más de 20 mil.

 

Se reporta el primer caso

 

El municipio de Tumaco, uno de los más afectados por el conflicto narcotráficopersonera Anny Castillo líderes Consejo  armado y por el , es el que más aporta  en cifras de desplazamiento. La  de Tumaco, Vivas, confirmó el desplazamiento de un total de 1.614 personas, entre las cuales hay alrededor de 150 niños.

En una reunión de del Comunitario Unión Río Rosario en el casco urbano de Tumaco, zona rural del municipio, denunciaron ante la Personería el confinamiento de al menos 500 familias en una vereda situada a una hora en lancha rápida.

El Gobierno local busca la manera de llegar al territorio para confirmar la situación.

Además, se habla del primer desplazamiento del año en este departamento del suroccidente colombiano, donde se lanzó una alerta, clamando la intervención del Estado y gestión humanitaria.

El líder y presidente de esta agremiación, Edilberto Preciado, dijo que varias familias decidieron dejar sus hogares con rumbo a Tumaco y a veredas aledañas tras los enfrentamientos que se registraron entre dos grupos armados.

Ante estos hechos la Defensoría del Pueblo en Tumaco está verificando un posible confinamiento de algunos pobladores en zonas como Santa María, Peña de los Santos, San Francisco, El Coco, Santamaría, Chapilar y Corriente Grande. Además hizo la solicitud de la valoración de la seguridad.

Así mismo dijo que esta difícil situación fue expuesta ante la subcomisión de prevención, atención de garantías de no repetición, así como de asistencia en el evento forzado masivo y presunto confinamiento que se está presentando en esa comunidad.

La funcionaria agregó que “es una cifra preliminar, no se ha logrado acceder a la información de todos los afectados. Estamos en el proceso de censar toda la información y determinar los alcances de esta verdadera emergencia humanitaria, que afecta a estas familias de la zona rural de Tumaco”.

Dijo que varias familias no pueden desplazarse de la zona debido a las amenazas de integrantes de dos grupos armados al margen de la ley.

Se espera que la Personería junto a otras entidades activen la ruta de emergencia en el marco de la política pública de atención integral del conflicto armado para llevar ayuda.

En contexto

Puerto Rico es una vereda de Nariño de no más de 500 habitantes, ubicada en la zona del Litoral, uno de los principales núcleos diputados por grupos disidentes de las Farc en el suroccidente colombiano ya que está en el centro de los cultivos ilícitos de Tumaco, el municipio de Colombia con más matas de coca.

Esta vereda se sitúa en una frontera natural con Ecuador y es catalogada por inteligencia de la Policía como una ruta propicia para el transporte de droga por el Pacífico hacia Centro y Norteamérica. Se convirtió en el fortín de frentes ilegales como el Oliver Sinisterra, el cual comandaba alias Guacho.

Tras la muerte de ‘Guacho’ esta zona quedó bajo el dominio de Carlos Arturo Landázuri, alias Comandante gringo o Fabián, uno de los hombres más cercanos al disidente asesinado, según información de la Policía.

De acuerdo con datos de la misma Fuerza Pública, aunque la carretera de acceso a Puerto Rico es un camino de herradura y fango, los disidentes se desplazan sin tropiezo alguno en motocicletas y en lanchas, cuando se trata de navegar hacia Ecuador.

Según el integrante de las mesas en el Pacífico, Fabio Cardozo, el panorama se agrava si se tiene en cuenta que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) está sin avance alguno. Además afirmó que es lamentable que el programa no progrese, porque así el campesinado no encuentra otros productos para constituir una economía legal.

La Ocha también ha denunciado que en Puerto Rico y en veredas vecinas hay restricción de movilidad, como una especie de toque de queda, desde hace más de dos años, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

En el caso de los asesinatos directamente relacionados con la sustitución de cultivos de uso ilícito, la Coordinadora nacional de cultivadores de coca, marihuana y amapola (Coccam) reportó el pasado diciembre que desde su creación, en enero de 2017 hasta lo que va corrido de 2019, han asesinado 47 líderes de sustitución.

Se estima que unas 6.000 familias dependen del cultivo de las aproximadamente 29.000 hectáreas de coca en esta zona del país.

No hay reportes de desplazados

Si bien por estos días la Secretaría de Gobierno de Nariño adelanta un censo y verificación de las comunidades afectadas por desplazamiento, el secretario Edgar Insandará aseveró que en lo que va corrido del año no se han registrado estos hechos.

“La gran mayoría de estas personas retornaron y hay quienes aún se mantienen en las cabeceras municipales. El desplazamiento más fuerte en 2018 fue el de Roberto Payán, donde tuvimos mil afectados.

Este fue el más complicado no solo por la cantidad de recursos sino por la planificación para que estas personas puedan volver a sus veredas”, expresó el funcionario.

Indicó que aproximadamente 15 veredas se vieron afectadas y por tanto la seguridad en esos sectores se tuvo que reforzar con la Fuerza de Tarea Hércules.

El funcionario aseguró que en lo que va corrido del año no se han presentado hechos que generen desplazamientos masivos o confinamientos en ningún sector de Nariño, pero se mantienen las alertas ante eventuales acciones de grupos y bandas criminales que puedan generar alguna novedad.

Insandará expresó que según la Ley 1448 de atención a víctimas, las gobernaciones deben seguir un protocolo. En este caso la Alcaldía tendría que citar a un comité de justicia transicional en el que se evaluaría la situación.

El secretario explicó que en este caso como la situación se presenta en el municipio de Tumaco o en el casco urbano ellos serían los primeros respondientes, si ellos no tienen la capacidad administrativa o financiera para asumir el desplazamiento lo escalonan al departamento.

Agregó que “hasta el momento no tenemos reporte oficial de la Alcaldía ni de la Personería o de ninguna entidad oficial diciendo que hay un desplazamiento".

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