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Jueves, Octubre 29, 2015 - 16:16

Una polémica se desató en el resguardo indígena de Túquerres luego de conocerse que el gobernador Silvio Lagos, a quien hace unos días una sentencia de la Corte Constitucional dejó sin efecto la validez de su cargo, estaría incurriendo en el delito de estafa con un proyecto de vivienda para las familias del cabildo.

Así lo denunció el comunero Juan Ascuntar, quien dijo que hasta el momento se desconoce cuánto se ha invertido en la compra del predio en donde se realizará la construcción de las casas para las familias beneficiarias, qué tanto dinero se ha recolectado en la venta de lotes y, finalmente, dónde está esa plata.

“Se sabe que de las personas que se van a favorecer con el proyecto solo el 2% son indígenas, mientras que las demás no han podido sustentar su identidad, por ello se les ha pedido conformar una organización interna a través de una asociación de vivienda para que investigue cuál es su estado actual”, indicó Ascuntar.

Igualmente sostuvo que serían cerca de 500 millones de pesos los que se invirtieron en la compra del terreno en donde serán construidas 350 viviendas para igual número de beneficiarios. Señaló que aunque en principio a las familias se les estaba cobrando 2 millones 300 mil pesos para la compra de los lotes, ahora Lagos estaría pidiendo para su venta entre 5 y 7 millones de pesos.

Gobernador se defiende

Tras la denuncia de Ascuntar, el gobernador Lagos se defendió y dijo que el Banco Agrario devolvió un proyecto el 19 de junio de 2015, en el cual se postularon 320 familias con certificación del cabildo; sin embargo, explicó que solo están aprobados 180 cupos que se justifican por medio de un oficio del primero de octubre de este año.

“En esta carta la entidad expresa que el proyecto de vivienda Pasto Quillasinga debe hacer algunas correcciones de 9 beneficiarios para cumplir el cupo de 180, para lo cual se deben invertir 36 millones de pesos. La fecha de ejecución del proyecto está acordada en un mes”, dijo el gobernador.

 Asimismo aclaró que para cofinanciar el programa el Gobierno Nacional aportó el 80% del valor total, la Gobernación de Nariño el 15% y los beneficiarios del cabildo contribuyeron cada uno con 2 millones de pesos.

“El predio fue comprado con la presencia de un comité y se pagó por este 700 millones de pesos”, agregó Lagos.

Frente al valor exigido para la venta de los lotes el gobernador dijo que una vez los beneficiarios se hagan acreedores pueden disponer de ellos a su parecer. “El cabildo no tiene nada que ver con este asunto, puesto que cada familia puede venderlos al precio que considere pertinente”, concluyó el acusado.

 

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