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El Juez Promiscuo Municipal de Pupiales suspendió provisionalmente el concurso para proveer el cargo de personero que convocó el Concejo de esa localidad y se radicó una queja disciplinaria contra el presidente de esa corporación, concejal Jorge Armando Tapia Arévalo, por parte de varios de los aspirantes a ese cargo.

En el auto admisorio, el juez de Pupiales “decreta como medida provisional, la suspensión de las siguientes etapas del concurso de méritos para elegir personero municipal periodo 2020-2024, mientras se decide este asunto con sentencia definitiva”.

Es el resultado de una acción de tutela interpuesta por uno de los aspirantes, “por presunta violación a los derechos al debido proceso e igualdad para acceder a cargos públicos”.

En igual sentido varios de los aspirantes en las últimas horas interpusieron una queja disciplinaria contra el presidente de la corporación ante la Procuraduría Provincial de Ipiales y ante la Procuraduría General de la Nación, ya que, “la implementación y desarrollo del concurso de méritos no han sido claros, puesto que el 27 de febrero de 2020 el Concejo de Pupiales, actuando por intermedio de su mesa directiva, expidió la resolución No. 020, que declaró la terminación unilateral del convenio interadministrativo de colaboración con la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño”, entidad que debería realizar el concurso y que ahora se retoma en evidente contradicción.

Esperan determinación

Los disgustados suman otro argumento bastante vergonzoso, pues “pudimos conocer que el presidente del Concejo, antes de que los resultados se hicieran oficiales, entre el día 24 y 26 de octubre de 2020, de manera abierta y sin reservas, difundió en Pupiales que ya había nuevo personero, Jairo Efraín Cadena Acosta, vecino del municipio de Potosí”.

La afirmación la habría realizado a ciudadanos, funcionarios de la entidad territorial y personas de su entorno político, inclusive, en el centro hospital de Pupiales, “el mismo señor presidente, se encargó de difundir esa noticia”, afirman los quejosos.

“Esta conducta –agregan– es abiertamente ilegal, se sale de los esquemas del concurso de méritos abierto y público, y evidencia que el proceso como tal, no fue más que una plataforma para camuflar un arreglo político que ya estaba hecho”.

En todo caso, la decisión de fondo la tomará el Juez Promiscuo Municipal de Pupiales en el término de diez días cuando se conocerá la sentencia en primera instancia de la tutela y se espera que el proceso disciplinario que se inicia garantice legalidad, evitando la corrupción y la falta de transparencia en los concursos                                                                           públicos.