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Martes, Diciembre 11, 2018 - 14:30

Ayer se conmemoró el Día internacional de los derechos humanos por parte de Naciones Unidas, para algunos líderes y dirigentes del departamento, Nariño tuvo un año oscuro en tema de violaciones de los derechos humanos durante 2018.

Para el director de la Fundación de Desarrollo y Paz, Fundepaz, Jesús Arciniegas, este ha sido un año pésimo para el departamento en temas de derechos humanos, debido a los distintos hechos de violencia que han afectado a la región.

“Las cifras demuestran lo mal que le ha ido a Nariño en derechos humanos, según los estudios que tenemos, desde el primero de enero hasta ahora, han sido asesinados 11 defensores en el departamento”, precisó.

De acuerdo con el dirigente, el perfil de los líderes sociales asesinados, es que 7 de ellos eran defensores étnicos y luchaban por la defensa de sus territorios, otros dos son líderes sociales y por último 2 líderes comunitarios.

“Coin solamente esta cifra que exponemos vemos el mal año que vivió el departamento eso en cuanto a asesinatos, pero tenemos amenazas. El caso más reciente que conocimos fue por parte de la alcaldesa del municipio de Policarpa, Claudia Cabrera, quien manifestó que le informaron sobre unos atentados o un posible secuestro que estaban orquestando en su contra”, expresó Arciniegas.

Al parecer estas amenazas se presentaría por la presencia de algunos actores armados en el municipio y por diferentes procesos en temas de sustitución de cultivos que está liderando la mandataria.

Para Arciniegas este año las cifras que posiblemente arroje la Unidad Nacional de Protección con respecto a las solicitudes que se han pedido este 2018 en Nariño, pueden dispararse.

“Tenemos que hablar de todas las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se han dado en este 2018. Se ha disparado el número de homicidios en Tumaco, desafortunadamente hemos registrado cifras referente a víctimas de minas antipersonales”, precisó.

Con referencia a las minas, Arciniegas asegura que los grupos armados las están sembrando en aquellas regiones donde hay una presencia fuerte de cultivos ilícitos.

“Solo analicemos el número de desplazamientos que se han registrado durante este año, según los datos que tenemos se han presentado 15 casos este año, cuando se supone que ya habíamos superado esta problemática en Nariño”, expresó.

Arciniegas asegura que se han dado alianzas entre grupos disidentes y grupos paramilitares en algunas zonas del departamento de Nariño.

“En el 2017 salió una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, en la que exponían unas supuestas alianzas entre unos grupos delincuenciales con algunas facciones del Frente 19 para combatir a otro grupo denominado Los de Policarpa”, precisó el dirigente.

 

Ausencia del Estado

Para el comisionado de Paz, Zabier Hernández, el tema de derechos humanos en 2018 tuvo un panorama oscura, debido a la ausencia del Estado en algunos territorios complejos del departamento de Nariño.

“Este fue un año de transición muy complejo desde la firma de los acuerdos de La Habana. El Estado, la institucionalidad no ha podido llegar a los territorios y ejercer una presencia como estado, no solamente con la Policía y el Ejército, sino también con inversión social”, precisó el funcionario.

Hernández asegura que ese abandono del Estado ha facilitado que grupos armados de todo tipo, se tomen nuevamente los territorios y violen los derechos humanos.

“En Nariño esto es muy visible y las comunidades han sido afectadas. Seguimos con líderes amenazados y asesinados en todo el país, y Nariño y Cauca no son ajenos a esta problemática, tuvimos la semana pasada el asesinato de tres indígenas Awá y en esta semana un atentado a una exgobernadora del pueblo Awá”, indicó.

Para Zabier, estas amenazas y hechos en contra de los líderes sociales tienen que ver precisamente con la falta de una estrategia efectiva de seguridad y garantías con los líderes y lideresas, y además con las comunidades.

Para Zabier, los anuncios del Gobierno Nacional en implementar la aspersión aérea con glifosato también es una amenaza latente en contra de los derechos humanos, debido a las consecuencias negativas que trae para las comunidades.

“Lo que se avecina es una conflictividad social muy alta porque el campesinado, los indígenas y afrodescendientes que siembran la coca van a descender a los territorios y lo que se prevé es una confrontación muy fuerte entre este sector con la oferta pública del Gobierno Nacional”, indicó.

 

Emergencia humanitaria

Para el asesor de la Consejería de los Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia, Onic, Oscar Montero, las comunidades indígenas han sido uno de los mayores sectores violentados durante 2018.

“Tenemos que denunciar que la emergencia humanitaria que viven los pueblos indígenas en todo el país, es un hecho que nos ha llevado a concluir que se mantienen aún un genocidio físico y cultural hacia los pueblos indígenas”, precisó el asesor.

Para Montero, en el departamento de Nariño  el pueblo indígena Awá es uno de las comunidades en Colombia que ha sufrido el rigor del conflicto armado.

“De acuerdo a las cifras que nos han reportado la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, Camawari, en el 2018 los compañeros tienen 32 indígenas asesinados, y esto es preocupante porque estamos en el marco de la implementación de acuerdos, por lo cual se agudiza más la situación “, expresó.

Según Montero, los Awá es uno de los pueblos indígenas con mayores medidas de protección en todo el país, por lo que asegura que no hay garantías reales efectivas para la seguridad de los indígenas.

“Solamente la semana pasada estuvimos acompañando la masacre que se presentó en el resguardo de Palmar en Ricaurte, donde lastimosamente perdieron la vida dos compañeros de Camawari y luego conocimos la muerte de una menor de edad”, indicó el líder.

Para Montero es preocupante la situación que se da en Nariño, sobre todo en la parte costera en donde habitan los Awá, debido a que se están desarrollando una serie de situaciones complicadas en relación a los cultivos ilícitos.

“La fuerza pública también está dañando a las comunidades y no está haciendo un trabajo de manera conjunta con las mismas autoridades indígenas para  trabajar de la mano en el tema de erradicación de los cultivos ilícitos”, aseguró.

 

Auguran complejo 2019

Para los líderes y dirigentes consultados, el 2019 podría ser un año complejo para el departamento de Nariño, si las autoridades no empiezan a generar acciones claras para contrarrestar los hechos que vulneran los derechos humanos.

“Yo quisiera que el 2019 fuera más benévolo con la víctimas, líderes, lideresas y las comunidades, pero la verdad es que con estas políticas del Gobierno Nacional, un 2019 se ve tan bien complejo y oscuro. Me temo  que va ver nuevas violaciones de los derechos humanos”, precisó el comisionado de Paz, Zabier Hernández.

El aseguró que también se presentará mucha impunidad, debido a que según él, esta es otra de las problemáticas grandes que aquejan al país.

“El Gobierno no ejerce la justicia y se presentan casos lamentables, entonces este año lo veo difícil y complejo, pero también un año de mucha movilización y lucha de los sectores por la defensa de sus derechos”, expresó.

Jesús Arciniegas de la Fundación Desarrollo y Paz, aseguró que los pronósticos para el 2019 desafortunadamente seguirán siendo preocupantes.

“No hay unos resultados concretos relacionados al desmonte de los grupos armados al margen de la ley que son en últimas los que están causando todas estas violaciones de los derechos humanos en Nariño”, precisó Arciniegas.

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