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Lunes, Febrero 18, 2019 - 12:16

El líder del Proceso de Urgencias del Hospital San Andrés del municipio de Tumaco, Francisco Quiñónez Chávez, manifestó que existe preocupación en el gremio por los problemas en los que se encuentra el centro de salud.

Afirmó que esta semana se recibió la noticia por parte de la Superintendencia en un documento remitido al doctor Bernardo Ocampo donde le aceptaban la renuncia como agente especial interventor, pero en la misma misiva anunciaban que se levantaba la medida de intervención forzosa administrativa del hospital.

Aseguró que esta decisión es preocupante porque el hospital no ha podido recuperarse financieramente, no tiene la estabilidad necesaria y algunos procesos están en franca vía de recuperación.

“Esta determinación implica un golpe fuerte para la estabilidad del hospital San Andrés”, dijo.

Agregó que en este momento el instituto cuenta con aproximadamente 400 funcionarios, entre personal administrativo y asistencial. De suspenderse la intervención significaría a corto plazo un cierre definitivo del hospital.

“Lo más preocupante no es solo la afectación a los trabajadores, el daño y perjuicio es para toda la población de Tumaco y de los municipios de la costa pacífica nariñense a los cuales se presta atención”, dijo.

Añadió que el trabajo que realizó el doctor Bernardo Ocampo designado por la Superintendencia Nacional de Salud fue importante.

Los funcionarios de nómina en este momento están al día en salario y con el personal del contrato o los que prestan servicio OPS se ha venido cumpliendo.

“Se ha optimizado información y económicamente se está logrando una mejoría importante. Pero si en este momento se levanta la medida de intervención sería imposible mantener lo que se ha alcanzado durante estos 2 años”, expresó.

En días pasados los trabajadores y la comunidad en general se unieron en una manifestación por las calles de Tumaco para mostrar la preocupación que existe en caso de levantarse la intervención.

“El llamado que hacemos a la Superintendencia es que se revalúe la medida. Confiamos en que la Supersalud reconsidere la posibilidad de mantener la intervención un tiempo más en el hospital”, dijo.

Quiñónez señaló que aún se tienen unos pasivos importantes por cerca de los 16.000 millones de pesos. El ministerio y la Supersalud el año pasado entregaron recursos por 6.000 millones de pesos, de los cuales se han pagado $1.200 millones. Están pendientes por ejecutarse $3.800 millones. En la medida que pase el tiempo el Estado ayudará a sanear los pasivos del hospital para que no se generen nuevos pasivos en las administraciones siguientes.

El médico internista del hospital Jhoan Monif dijo que la situación es preocupante.

“La decisión de la Superintendencia de levantar el proceso de interventoría es alarmante porque la institución en este momento está blindada para que los procesos jurídicos no acaben con el hospital. Sería un poco nefasto porque la gente tiene procesos jurídicos con el hospital, acreencias que se deben y tienen su derecho hacer cobrados. En estos 2 años le han brindado tiempo necesario para que la institución intente salir del hueco donde se encontraba”, manifestó.

 

 

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