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Martes, Noviembre 17, 2020 - 17:26

Como una bola de nieve crece en el municipio de Ipiales la ola de críticas que la dirigencia gremial y diferentes sectores sociales de la fronteriza localidad del sur del departamento de Nariño hacen contra el alcalde Luis Fernando Villota Méndez.

Los veedores ciudadanos Geovanni Villota y Wilson Cabrera precisaron que un decreto con el cual el mandatario local prohíbe el estacionamiento de vehículos en los espacios públicos es lesivo para propios y visitantes. Argumentaron que la norma perjudica a los visitantes debido a que desconocen las absurdas medidas que según ellos, regulan la movilidad en las calles, avenidas y otros espacios públicos de la ciudad.

Expresaron que cada fin de semana los agentes de la Secretaría de Movilidad suelen inmovilizar entre 30 y 40 vehículos procedentes de los municipios de Pupiales, Gualmatán, Aldana y Guachucal, entre otros.

“Muchos de ellos desconocen las absurdas determinaciones impuestas por el mandatario de los ipialeños y por eso han sido sancionados abusivamente humildes campesinos que los viernes, sábados o domingos se desplazan desde sus localidades hasta Ipiales a aprovisionarse de insumos agrícolas entre otros productos”, dijeron.

 

Derecho de petición

 

A través de un derecho de petición dirigido al alcalde Luis Fernando Villota, el dirigente social Mario Pantoja pide la derogatoria al artículo tercero del decreto 155 del 31 de octubre del 2020.

En el documento precisa: “Usted expidió hace unos días el decreto 155 del 2020 mediante el cual su despacho prohíbe el estacionamiento de toda clase de vehículos: automotores, motocicletas, bicicletas, vehículos de tracción animal, desde las cero horas del primero de noviembre de 2020 hasta las cero horas del primero de diciembre del mismo año en las vias públicas del municipio de Ipiales.

Norma que está en abierta contradicción con el artículo 24 de la Constitución Política que a la letra dice: “todo  colombiano,  con  las  limitaciones  que  establezca  la  ley,  tiene  derecho  a  circular  libremente  por  el  territorio  nacional,  a  entrar  y  salir  de  él, y a permanecer y residenciarse en Colombia’’.  

En el derecho de petición también afirma que en el territorio nacional ya no se está bajo un estado de excepción, si de estado de emergencia, por lo cual se estaría vulnerando el código nacional de tránsito en su artículo 75: “En vías urbanas donde esté permitido el estacionamiento, se podrá hacerlo sobre el costado autorizado para ello, lo más cercano posible al andén o al límite lateral de la calzada no menos de treinta (30) centímetros del andén y a una distancia mínima de cinco (5) metros de la intersección”.

“Usted como Alcalde municipal, no está facultado para establecer prohibiciones de carácter general, más cuando estas son contrarias a la constitución política, he dicho antes que solamente la ley, es decir una norma establecida por el congreso de la república - como dispone el art. 24 de la constitución -  podría en casos excepcionales limitar la libertad de locomoción,   es evidente entonces la arbitrariedad en que usted incurre por contradecir la constitución”, dijo.

En Ipiales el estacionamiento es álgido, difícil por los escases de las zonas de parqueo y hoy más aun por las determinaciones del poder municipal, unido a la realidad económica difícil se constituye en una acción esta prohibición de parqueo, que atenta contra el normal desarrollo de actividades del ciudadano para todas sus necesidades personales.

“No vemos como el parqueo pueda afectar el orden público, socavar la autoridad, la convivencia esgrimidas como sustento para emitir esta prohibición en el decreto”, expresa.

 

“Terrible dictadura”

 

Indicaron que la presunta dictadura que identifica al mandatario local es de vieja data y por eso manifiestan que los desaciertos sociales y administrativos vienen desde sus dos primeros periodos gubernamentales.

De esos casos recordaron la dudosa compra de unas motocicletas para la Alcaldía. Precisaron que en el 2005 la administración de Luis Fernando Villota Méndez compró mediante contrato No. 160 del 2 de diciembre, una moto marca Yamaha XT 225 por la suma de $9.840.000. Además afirman que en la actualidad (14 años después) la versión similar 2020 de esta motocicleta con IVA incluido cuesta alrededor de $7.100.000.

De igual manera subrayaron que posteriormente se adquirieron cuatro motocicletas marca Yamaha XT 225 centímetros cúbicos por un valor de $53.845.320, cuyo precio unitario era de $13.451.330.

 

 

 

 

Sanciones disciplinarias

 

A través de un informe la veeduría ciudadana argumenta además que en los dos primeros períodos gubernamentales el mandato del primer ejecutivo municipal estuvo marcado por el clientelismo político y el despilfarro al presupuesto municipal y sanciones disciplinarias.

En su tercer mandato aseguran que el mandatario local sigue brillando por el despotismo y la presunta corrupción administrativa. En los reportes la veeduría ciudadana recordó que en septiembre del año 2000 Luis Fernando Villota, al parecer sin ninguna autorización legal, se fue de licencia.

Precisan que eso sucedió en el momento en que se esperaba que el alcalde fuera notificado por una presunta suspensión del cargo por tres meses.

En ese entonces destacaron que el mandatario local había pedido licencia hasta el 19 de noviembre de ese año, según el propio alcalde, para atender asuntos de familia y salud.

Recordaron que en ese entonces el jefe de la administración municipal hasta el momento en que el gobernador de ese entonces le concedió dicha licencia, había manifestado que desconocía lo relacionado con la notificación sobre la suspensión del cargo.

En los documentos informativos también revelan que algunos observadores precisaron que esa determinación del mandatario local pudo tratarse de una maniobra política para no darle gusto a la parte demandante de su credencial de ver salir por la puerta de atrás a Luis Fernando Villota antes que termine su período.

Indicaron que otros hechos que marcaron la pésima administración de Luis Fernando Villota vienen desde el periodo 1998-2000. Explicaron que los desacertados pasos lo llevaron a mover palancas para que en ese entonces su esposa Ana Lucía Medina se vinculara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Icbf con nombramiento de carácter provisional, desempeñando el cargo de jefe de sección código 207, grado 07 del Centro Zonal de Ipiales.

Explicaron que por Resolución 0461 del 12 de mayo de 1995 se la declara insubsistente. Resaltaron que mediante Resolución 1195 del 18 de mayo de 1995 se la nombra nuevamente con carácter provisional con el cargo de profesional especializado del Centro Zonal de Ipiales.    

Manifestaron que en una carta dirigida el 21 de agosto del 2003 al entonces procurador general de la Nación Edgardo Maya Villazón, el aspirante a la Alcaldía de Ipiales Edgar Calderón puso en conocimiento los antecedentes disciplinarios como destituciones, sanciones y multas que la Jefatura de la División de Atención al Público registraba contra Luis Fernando Villota.

 

Infructuosas peticiones

 

El director del grupo cívico-ciudadano Amigos por Ipiales y un Nariño Solidario, padre Manuel Chamorro Guerrero, rechazó la indiferencia del mandatario local tras recordar la falta de misericordia que Luis Fernando Villota ha tenido a lo largo de la pandemia por el Covid-19 con las familias más vulnerables.

Precisó que en esta emergencia sanitaria los ipialeños más necesitados siguen soportando hambre y otras necesidades.

El religioso y líder social también afirmó que al alcalde no le importan las necesidades del pueblo ipialeño, por eso dijo que no presta atención a sus peticiones.

“Los dos cacerolazos que hicimos a lo largo de esta pandemia para que el mandatario local se conmoviera de las necesidades de las familias urbanas y campesinas no dieron fruto”, señaló.

 

Sin respuesta

 

Ante la serie de acusaciones hechas por la comunidad DIARIO DEL SUR en diversas oportunidades intentó ponerse en contacto con la Administración local para conocer su punto de vista, pero jamás atendieron los llamados. 

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